Argentina pide a TIDM frenar explotación de crudo en Malvinas y R.Unido defiende soberanía

Invocando la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y la Resolución 31/49 de las Naciones Unidas, que insta a las partes a no tomar decisiones unilaterales mientras se mantiene la disputa sobre las Islas Malvinas -Islas Falkland en inglés-, el asesor legal de la Cancillería, Mario Javier Agustín Oyarzábal, pidió parar los proyectos energéticos británicos.

Oyarzábal también se apoyó en su presentación en la declaración conjunta sobre cooperación en materia de actividades marítimas en el Atlántico suroeste firmada por Argentina y el Reino Unido en 1995, pero argumentó que Londres se ha alejado del sentido de la misma, pues las licencias concedidas agravan el contencioso.

"Hacen falta dos para bailar tango, pero el Reino Unido prefiere bailar solo", aseveró Oyarzábal en la apertura de la vista oral de la corte con su sede en la norteña ciudad alemana de Hamburgo.

"Argentina es consciente de que no le puede pedir al Tribunal de Derecho del Mar que resuelva la controversia de soberanía, por eso lo que estamos pidiendo simplemente es que mientras dure la controversia, el Reino Unido no explote recursos no renovables en la plataforma continental que es objeto también de controversia", explicó a EFE el jurista argentino Marcelo Gustavo Kohen.

Kohen se decía "confiado" en las posibilidades de éxito de Argentina ante el TIDM, pero en el turno de argumentación del Reino Unido, Londres planteó que el tribunal no es competente y que por tanto debe rechazar la petición argentina.

"Este caso constituye una disputa sobre soberanía territorial terrestre que escapa a la competencia del tribunal, afirmó la fiscal general del Reino Unido, Ellie Reeves.

Indicó que "el Reino Unido no alberga duda alguna sobre su soberanía en las Islas Falkland y, por ende, sobre su soberanía y derechos soberanos en las áreas marítimas adyacentes", lo que le confiere el derecho a otorgar licencias.

La soberanía británica sobre las islas, dijo, "se remonta a 1765, con una presencia y administración ininterrumpida, efectiva y pacífica desde enero de 1833" y "la única interrupción a la administración pacífica británica fue la invasión armada perpetrada por Argentina en 1982", abundó.

En 2013, recordó Reeves, "ante la persistente intimidación política y hostilidad de Argentina", se celebró un referéndum en las islas sobre la conservación o no del estatus actual político como Territorio Ultramar del Reino Unido, "en el que el 99,8 % de los votantes se pronunció a favor de continuar siendo británicos".

Oyarzábal reiteró el ofrecimiento de larga data de Argentina al Reino Unido "de reanudar las negociaciones con miras a resolver todos los aspectos de la disputa", pero que en tanto se alcance una solución, Londres debe "abstenerse de cualquier acto que pueda poner en riesgo u obstaculizar el logro de un acuerdo definitivo", recalcó.

Reeves le replicó en su turno después que el Reino Unido ha "procurado mantener un diálogo constructivo" y "ha reiterado constantemente su disposición a cooperar con Argentina en temas de interés mutuo en el Atlántico sur y de forma más amplia".

Por el contrario, sostuvo, "Argentina ha optado por recrudecer agresivamente su retórica en las últimas semanas", y el presidente argentino, Javier Milei, declaró en septiembre que las Islas Malvinas son una "causa nacional" y que se van a "tomar cartas en el asunto".

En opinión de Londres, mediante las medidas cautelares pedidas al TIDM, Argentina "pretende instrumentalizar la CONVEMAR y a la corte para su causa".

Argentina argumenta la urgencia de las medidas provisionales solicitadas por el hecho de que el inicio de las operaciones de extracción está previsto para principios de 2027.

Buenos Aires sostiene que el Reino Unido ha concedido media docena de licencias de hidrocarburos en el suroeste del Océano Atlántico, incluido en el yacimiento Sea Lion, situado a 200 kilómetros al norte de las Islas Malvinas operado por la petrolera israelí Navitas (65 %) y la británica Rockhopper (35 %), que pretenden explotar en 2028.

Nicolaas Jan Schrijver, del equipo jurídico argentino, recalcó que, de no frenarse los proyectos, las perforaciones y la explotación presentarán "un hecho consumado" y "la plataforma continental, en tanto fuente misma de los recursos de hidrocarburos, resultará modificada de forma permanente e irreversible, cualquiera que sea el resultado de la controversia pendiente entre Argentina y el Reino Unido, y el resultado del proceso de descolonización".