La Justicia de paz imputa crímenes de guerra a once militares colombianos por 32 masacres

La decisión de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad señaló a nueve antiguos miembros de la Armada y a dos de la Policía como "máximos responsables de estos crímenes".

Según la investigación, los militares "hicieron parte de un patrón de violencia contra la población civil en el marco de un alineamiento estratégico entre estructuras paramilitares, integrantes de la fuerza pública y otros actores regionales".

La JEP estableció que las comunidades campesinas fueron estigmatizadas como supuestas colaboradoras de las ahora extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Este señalamiento, argumenta la imputación de la jurisdicción especial, convirtió a sus liderazgos, vínculos familiares, actividades productivas y formas de organización comunitaria en criterios para seleccionar a las víctimas.

Este entramado, según el tribunal, se manifestó mediante acuerdos, coordinación, intercambio de información, facilitación de desplazamientos, omisiones deliberadas y tolerancia operacional, entre otras actuaciones que favorecieron la ejecución o el ocultamiento de los crímenes.

Entre los hechos examinados figuran las masacres perpetradas por grupos paramilitares en El Salado, corregimiento de El Carmen de Bolívar (Bolívar), en febrero de 2000, que dejaron al menos 60 muertos, y en Chengue, corregimiento de Ovejas (Sucre), donde en enero de 2001 fueron asesinadas 28 personas.

Ambos municipios forman parte de la subregión de los Montes de María, en el Caribe colombiano, y en los dos casos también se registraron torturas, intimidaciones y desplazamientos forzados, además de otros actos de violencia.

Además de los 284 asesinatos, la investigación documentó 107 víctimas de violencias basadas en género, sexuales y contra mujeres y niñas en 15 de las 32 masacres, "estas agresiones fueron utilizadas para castigar, humillar y someter a las víctimas y sus comunidades", valoró la JEP.

Los once comparecientes tienen ahora 15 días hábiles para reconocer por escrito los hechos y su responsabilidad o controvertir la imputación.

"Si reconocen su responsabilidad y aportan verdad, podrán recibir sanciones restaurativas. En caso contrario, sus expedientes podrían pasar a la Unidad de Investigación y Acusación y, si se establece su responsabilidad, podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión", precisó la JEP.