Omar García Harfuch confirma gestiones de la FGR para traer a Inés Gómez Mont ante la justicia mexicana

La Fiscalía General de la República (FGR) está realizando los trámites necesarios para que Inés Gómez Mont sea presentada ante la justicia mexicana, según confirmó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

La exconductora de televisión fue detenida a fines de octubre pasado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y permanece en el Broward Transitional Center, un centro de detención migratoria en Pompano Beach, Florida.

La situación de Inés Gómez Mont ha generado gran interés público, ya que enfrenta tres órdenes de aprehensión vigentes en México, al igual que su esposo, el abogado y empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, por delitos como delincuencia organizada.

EE. UU. definirá la extradición o deportación de Inés Gómez Mont

De acuerdo con las autoridades mexicanas, el proceso para que Inés Gómez Mont regrese a México depende de las determinaciones de las autoridades estadounidenses, quienes decidirán si procede una extradición o una deportación. Mientras tanto, la FGR mantiene la solicitud de detención provisional con fines de extradición, presentada desde septiembre de 2025.

“Sabemos que está detenida allá y que FGR está haciendo los trámites para traerla a México”, expresó Omar García Harfuch en la conferencia “La mañanera del pueblo” de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el 10 de noviembre de 2026.

Asimismo, Omar García Harfuch, hijo de la actriz María Sorté, reconoció que no cuenta con más detalles sobre el procedimiento y que solicitará información adicional a la Fiscalía General de la República para conocer el avance de las gestiones.

¿De qué es acusada Inés Gómez Mont?

Ernestina Godoy Ramos, Fiscal General de la República de México, informó que Inés Gómez Mont, exconductora de los programas “Ventaneando” y “Hoy” cuenta con tres órdenes de aprehensión vigentes, todas ellas libradas por jueces federales mexicanos:

• Una, solicitada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero)
• Dos más fueron solicitadas por la Fiscalía Especializada de Control Competencial por defraudación fiscal equiparada

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), Inés Gómez Mont, supuestamente, habría recibido en sus cuentas bancarias personales recursos de procedencia ilícita, obtenidos mediante un esquema de desvío y triangulación de recursos públicos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social a través de empresas fantasma.

Asimismo, la comadre de la conductora de televisión Galilea Montijo, al parecer, declaró ingresos menores a los realmente obtenidos en los ejercicios fiscales 2014 y 2016, con lo que habría omitido el pago de más de 13 millones de pesos en impuestos.

“Caso Querubines”: el presunto desvío de casi 3 mil millones de pesos

Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga, cuentan con ordenes de aprehensión en México desde septiembre de 2021. Las autoridades mexicanas los señalan como los principales operadores de una red dedicada a la delincuencia organizada y a la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La investigación penal, denominada “Caso Querubines”, se centra en el presunto desvío de casi 3 mil millones de pesos, durante el sexenio del expresidente de México Enrique Peña Nieto. Según las investigaciones, este desfalco se habría orquestado mediante la adjudicación de contratos a empresas fantasma, simulando la compra de equipos de seguridad e interconexión para prisiones federales.

El expediente de la Fiscalía General de la República detalla que el desfalco se ejecutó a través de la adjudicación directa de contratos por 2 mil 950 millones de pesos a la empresa Seguridad Privada Inteligencia Cibernética S.A. de C.V.

Estos acuerdos fueron otorgados en 2016 por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, entonces dependiente de la Secretaría de Gobernación bajo la titularidad de Miguel Ángel Osorio Chong.

Los fondos, destinados supuestamente a sistemas de interconexión para penales federales, fueron dispersados mediante más de mil 400 operaciones bancarias hacia empresas fantasma controladas, al parecer, por Víctor Manuel Álvarez Puga y su hermano Alejandro. Las autoridades determinaron que los servicios contratados nunca se prestaron y la información fue reservada por cinco años bajo el argumento de seguridad nacional.

FGR ejecutará las órdenes de aprehensión en caso de ser deportada

Ernestina Godoy Ramos comentó en un comunicado que, desde que Inés Gómez Mont huyó del país, la Fiscalía General de la República ha actuado para presentarla ante la justicia mexicana.

“En septiembre de 2025, se solicitó a los Estados Unidos su detención provisional con fines de extradición y, en coordinación con el Departamento de Justicia, integramos la petición formal correspondiente. En las últimas semanas, en colaboración con autoridades estadounidenses, hemos intercambiado información y fueron entregadas las órdenes de aprehensión vigentes”.

Ernestina Godoy Ramos explicó que su reciente detención obedece, en este momento, a su situación migratoria, cuya resolución corresponde a las autoridades de los Estados Unidos, y de determinarse su deportación, la Fiscalía ejecutará de inmediato las órdenes de aprehensión a su llegada a México.

“Inés ‘N’ goza de la presunción de inocencia. Serán los tribunales mexicanos, conforme a derecho y con respeto al debido proceso, quienes determinen su responsabilidad. A esta Fiscalía le corresponde que comparezca ante los tribunales mexicanos. Donde haya impunidad, habrá investigación. Donde haya crimen, habrá consecuencias”.

¿Dónde está Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont?

El empresario y abogado Víctor Manuel Álvarez Puga fue detenido el 24 de septiembre de 2025 en Miami, Florida, por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La captura se originó por irregularidades en su estatus migratorio, ya que presuntamente ingresó a Estados Unidos por vía marítima sin registrarse ante las autoridades correspondientes tras el vencimiento de su visa.

Posteriormente, un tribunal federal estadounidense le concedió la libertad condicional tras el pago de una fianza, obligándolo a permanecer en el distrito mientras aguarda su audiencia migratoria. La Fiscalía General de la República mantiene activo el proceso para lograr su extradición a territorio mexicano.

Durante su primera audiencia migratoria en noviembre de 2025, la defensa de Víctor Manuel Álvarez Puga formalizó una petición de asilo político ante la Corte de Inmigración de Miami. El argumento central de sus abogados sostiene que las acusaciones de lavado de dinero y delincuencia organizada son producto de una persecución política orquestada por la administración federal mexicana para usarlo como un “chivo expiatorio”.

En los documentos presentados, la defensa alegó que el sistema judicial en México carece de independencia y que la integridad física del empresario correría grave peligro si es deportado o extraditado. Esta solicitud ha paralizado temporalmente cualquier intento de deportación expedita, obligando a las autoridades estadounidenses a evaluar el mérito de su reclamo de miedo creíble.

El proceso de asilo en Estados Unidos para individuos con órdenes de aprehensión internacionales por lavado de dinero enfrenta un escrutinio severo bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). Las autoridades migratorias estadounidenses deben evaluar si los delitos financieros imputados en México alcanzan el umbral de "delito grave no político", lo cual es una causa estándar de inelegibilidad para la protección internacional.

Mientras un juez de inmigración evalúa estas exclusiones, el solicitante permanece en libertad condicional en Florida. La defensa aprovecha los prolongados tiempos de espera de las cortes migratorias, que actualmente promedian más de tres años para emitir una resolución final.