El Parlamento de Ecuador aprueba un tratado de extradición con Costa Rica

Con 88 votos, el pleno del Legislativo avaló el instrumento de 23 artículos, suscrito entre ambos países en noviembre de 2021, y declarado como constitucional por la Corte Constitucional ecuatoriana en septiembre pasado.

La asambleísta oficialista Lucía Jaramillo explicó que este tratado no representa un "cheque en blanco" para entregar a personas, sino que busca "poner orden para que no haya impunidad", especialmente en casos de crimen organizado.

"¿Qué es lo que queremos? Que la persona que cometa un delito no se esconda, no huya a otro país y evada la justicia como ya ha pasado", añadió.

La Asamblea señaló en un comunicado que entre las principales disposiciones constan el principio de doble incriminación, los requisitos documentales, las causales de denegación, los plazos y el principio de especialidad, que garantiza que la persona extraditada sea juzgada únicamente por los hechos que motivaron su entrega.

Además, el Legislativo indicó que el instrumento también establece garantías para proteger los derechos fundamentales, el debido proceso y el derecho a la defensa; así como mecanismos de detención provisional de hasta 60 días mientras se formaliza una solicitud de extradición y la cooperación para la entrega de bienes y elementos relacionados con actividades ilícitas.

Jaramillo aclaró que Costa Rica aprobó que la extradición procederá en casos de terrorismo y narcotráfico, mientras que Ecuador lo permite "por cualquier delito", después de que en 2024 los ecuatorianos aprobaron en un referéndum que se elimine la prohibición que regía en la Constitución de entregar a connacionales requeridos por la Justicia de otros países.

Sin embargo, de acuerdo con la ley de extradición ecuatoriana, actualizada en julio pasado, no se concederá la extradición cuando se trate de delitos de carácter político, entre otras razones.

Con esta decisión, el presidente Daniel Noboa puede emitir el decreto en el que ratifica el instrumento, mientras que Costa Rica cumplió con sus requisitos legales en agosto de 2023.

El tratado entrará en vigor 30 días después de que ambos países se notifiquen oficialmente la conclusión de sus respectivos trámites.