Sheinbaum compara la destitución del presidente de Paraguay tras la crisis de un banco con el Fobaproa en México, donde el Gobierno convirtió deudas privadas en deuda pública y los contribuyentes siguen pagando el rescate financiero de 1994

La presidenta Claudia Sheinbaum retomó el caso de Paraguay para contrastar la respuesta política a una crisis bancaria con lo ocurrido en México después de la crisis financiera de 1994. Durante su conferencia matutina del 10 de noviembre, señaló que mientras el colapso de Ueno Bank provocó la caída del presidente paraguayo Santiago Peña, en México las consecuencias del rescate bancario terminaron trasladándose a las finanzas públicas y, por tanto, a la población.

La mandataria cuestionó que mediante el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) se convirtieran obligaciones privadas en deuda pública y recordó que todavía existen compromisos financieros derivados de aquel mecanismo. También señaló que algunas empresas y particulares recibieron recursos por encima de lo que, desde su perspectiva, necesitaban para mantenerse.

La comparación fue planteada por Sheinbaum durante su conferencia en Palacio Nacional, de acuerdo con la información publicada por La Jornada y las declaraciones recogidas por otros medios. El comentario se produjo en medio de las investigaciones que enfrenta Paraguay por el colapso de Ueno Bank.

¿Qué ocurrió en Paraguay y por qué cayó Santiago Peña?

La crisis comenzó cuando el Banco Central de Paraguay intervino Ueno Bank, una entidad financiera digital que tenía millones de clientes y administraba recursos de particulares y organismos públicos.

El 3 de noviembre de 2026, las autoridades paraguayas iniciaron el procedimiento para resolver la situación de la institución y suspendieron sus servicios. La medida dejó a millones de usuarios sin acceso a sus cuentas, lo que provocó reclamos de ahorradores y cuestionamientos sobre la supervisión del sistema financiero.

De acuerdo con información de Reuters, la investigación también alcanzó a funcionarios y antiguos directivos de la institución. Entre los puntos revisados estaban los préstamos otorgados a empresas relacionadas con el grupo propietario del banco y el manejo de recursos públicos.

El problema tuvo consecuencias políticas para el gobierno. Santiago Peña presentó su renuncia en medio de la crisis, pero el proceso legislativo continuó y terminó con su destitución el 6 de noviembre. Su vicepresidente, Pedro Alliana, asumió la Presidencia.

Posteriormente, la Fiscalía paraguaya amplió las investigaciones y Peña fue imputado por presuntos delitos relacionados con el manejo de la institución financiera. El exmandatario negó haber cometido irregularidades. Es importante precisar que las acusaciones forman parte de una investigación y no deben presentarse como hechos judicialmente probados.

Millones de usuarios quedaron afectados por el cierre

El caso no se limitó a las consecuencias políticas. La intervención de Ueno Bank también afectó a los ahorradores y a personas que recibían recursos públicos mediante esa institución.

Según Associated Press, el banco atendía a más de tres millones de clientes y la suspensión de sus servicios dejó temporalmente a numerosos usuarios sin acceso a sus depósitos.

Las autoridades comenzaron un proceso para devolver los recursos. Para el 7 de noviembre, más de 1.2 millones de clientes habían recibido reembolsos parciales o completos, aunque la situación todavía generaba preocupación entre trabajadores, jubilados y personas con fondos depositados en la institución.

Este impacto ayuda a entender por qué la crisis adquirió dimensiones nacionales: además de las investigaciones sobre posibles irregularidades, estaba en juego el acceso de millones de personas a su propio dinero.

¿Qué fue el Fobaproa y por qué sigue siendo tema de discusión?

Para entender la comparación de Sheinbaum es necesario regresar a la crisis económica que México atravesó en 1994 y 1995, cuando la devaluación del peso, el aumento de las tasas de interés y el deterioro de los créditos provocaron problemas financieros en distintos bancos.

Ante el riesgo de que varias instituciones quebraran y se extendiera la crisis, el gobierno puso en marcha mecanismos de apoyo al sistema bancario mediante el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).

El objetivo era evitar un colapso financiero, proteger los depósitos y facilitar la recuperación de los bancos. Sin embargo, el mecanismo también implicó que el Gobierno asumiera obligaciones relacionadas con las deudas de las instituciones financieras.

El punto más controvertido llegó en 1998, cuando el Congreso aprobó convertir en deuda pública una parte de los pasivos respaldados por el Fobaproa. De esta manera, compromisos que originalmente estaban relacionados con operaciones privadas pasaron a formar parte de las obligaciones financieras del Estado.

¿Por qué los mexicanos siguen pagando las consecuencias?

La conversión de esos pasivos en deuda pública significó que el costo del rescate dejara de ser únicamente un problema de las instituciones bancarias y se incorporara a las finanzas del país.

Esto explica la crítica que Sheinbaum retomó durante su conferencia: el Gobierno asumió obligaciones derivadas de operaciones privadas y la población terminó enfrentando sus consecuencias mediante los recursos públicos.

El proceso institucional también cambió. En 1999, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) asumió las funciones de protección del ahorro bancario y la administración de las obligaciones relacionadas con el rescate.

Por ello, el Fobaproa sigue apareciendo en las discusiones sobre el gasto público, la deuda y la responsabilidad del Estado frente a las instituciones financieras.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre los beneficiarios del rescate bancario?

Durante su conferencia, la presidenta también cuestionó la forma en que se distribuyeron los apoyos del Fobaproa y señaló que algunas empresas y particulares recibieron recursos que, desde su perspectiva, superaban lo necesario para evitar su desaparición.

Para explicar su señalamiento, mencionó que estaba revisando el libro sobre el Fobaproa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en el que, según dijo, aparecen distintos casos de personas y compañías que recibieron apoyo financiero.

Sheinbaum expresó:

“No con lo que incluso pudieran haber sobrevivido para mantenerse, sino con el doble o el triple”.

La mandataria también mencionó al empresario Ricardo Salinas Pliego y aludió al rescate de Salinas y Rocha en relación con la creación de Elektra.

“Hay cosas que no se deben olvidar en México porque como digo: Pueblo que no tiene memoria pierde la brújula”, declaró.

Estos señalamientos corresponden a la postura expresada por la presidenta. La existencia de apoyos financieros y la conversión de pasivos en deuda pública son antecedentes documentados, mientras que las afirmaciones sobre beneficios indebidos para empresas o particulares deben atribuirse a quien las formula y analizarse caso por caso.

Dos crisis bancarias con consecuencias distintas

La comparación de Sheinbaum pone sobre la mesa dos episodios ocurridos en países diferentes, pero relacionados con la intervención del Estado ante problemas financieros.

En Paraguay, la crisis de Ueno Bank derivó en investigaciones, afectaciones a millones de clientes y la salida de Santiago Peña de la Presidencia. En México, el rescate bancario de los años noventa trasladó parte de las obligaciones financieras del sistema privado a las cuentas públicas.

La diferencia que destacó la mandataria está en quién terminó asumiendo las consecuencias de cada crisis: mientras en Paraguay hubo una respuesta política que alcanzó al jefe del Ejecutivo, en México el costo del rescate bancario se incorporó a las obligaciones del Estado.

El Fobaproa continúa siendo un antecedente central en las discusiones sobre el uso de recursos públicos, la deuda y la responsabilidad de las instituciones financieras. Por eso, el caso paraguayo reabrió un debate que en México permanece vigente desde hace más de tres décadas.