ABC Color — Artículos
11/11/2026 06:00

Ueno Bank: conocé los millonarios contratos del Grupo Vázquez con el Estado y los entes que lideran

La crisis desatada tras la caída de Ueno Bank también pone bajo la lupa los contratos que las empresas vinculadas al Grupo Vázquez mantienen con diferentes instituciones del Estado.

Un relevamiento de 157 procesos de contratación, correspondientes al período 2023-2026 y que excluyen las adjudicaciones en consorcio, identifica contratos por G. 287.630 millones a seis empresas vinculadas al grupo empresarial.

De ese total, casi el 87% corresponde a Technoma SAECA, que acumula contratos por G. 250.151 millones, según los datos proporcionados a ABC por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

Tras el procedimiento de resolución de Ueno Bank, la crisis se extendió a otras empresas del conglomerado. En medio de este escenario, una de las principales interrogantes para el Estado es qué ocurrirá con los contratos que las empresas del grupo tienen adjudicados y, particularmente, con aquellos que todavía están en ejecución.

¿Qué pasará con los contratos del Estado con empresas del Grupo Vázquez? Esto explica la DNCP, tras caída de Ueno

DNIT, BCP, MEF y MITIC concentran adjudicaciones del Grupo Vázquez
DNIT, BCP, MEF y MITIC concentran adjudicaciones del Grupo Vázquez tras la caída de Ueno Bank
Total Adjudicado en el Estado
G. 287.630 millones
157 procesos registrados
Total Pagado a Empresas
G. 162.395 millones
56.4% de ejecución efectiva
Saldo Pendiente en Contratos
G. 125.235 millones
Sujeto a evaluación de la DNCP
Principales Entidades Contratantes (En millones de Guaraníes)
Fuente: Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)

DNIT, BCP, MEF, Mitic y BNF entre los principales contratantes

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), el Banco Central del Paraguay (BCP) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) encabezan la lista de instituciones públicas que más contrataron a estas firmas, con adjudicaciones que, en conjunto, superan los G. 182.000 millones.

La DNIT encabeza el listado de instituciones públicas con mayor volumen de adjudicaciones a estas empresas. Registra G. 88.777 millones distribuidos en 21 procesos, todos a favor de Technoma SAECA.

En segundo lugar aparece el BCP, con G. 61.744 millones en 21 procesos. De ese monto, G. 59.618 millones corresponden a Technoma y G. 2.125 millones a ITTI SAE.

El MEF ocupa el tercer lugar, con G. 31.582 millones adjudicados en 13 procesos, también a Technoma.

La lista continúa con el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), que registra G. 22.467 millones; el Banco Nacional de Fomento (BNF), con G. 19.603 millones; y la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), con G. 13.885 millones.

En el caso de BNF incluso pretendía adjudicar a Itti la adquisición, implementación y desarrollo del core bancario (ID 480.207), por G. 135.853 millones, pero el llamado cayó tras la resolución de Ueno Bank.

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También aparecen la Corte Suprema de Justicia, con G. 10.393 millones, y la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), con G. 7.243 millones.

La concentración de las adjudicaciones es significativa: las cinco primeras instituciones acumulan casi el 78% del monto total identificado en el relevamiento.

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Desglose por Empresas del Grupo Vázquez en Contrataciones Públicas
Montos adjudicados y pagados por empresa proveedora del Estado
Razón Social / Empresa Monto Adjudicado Monto Pagado % Pagado
TECHNOMA SAECA G. 250.152 millones G. 147.497 millones 59,0%
ITTI S.A.E. G. 27.719 millones G. 10.258 millones 37,0%
UENO SEGUROS S.A. G. 6.009 millones G. 4.008 millones 66,7%
DISCOVER PARAGUAY S.A. G. 2.100 millones G. 242 millones 11,5%
IMPRESION DISTRIBUCION Y LOGISTICA S.A. G. 1.000 millones G. 64 millones 6,4%
OFFICE DESIGN S.R.L. G. 650 millones G. 325 millones 50,0%
TOTAL GENERAL G. 287.630 millones G. 162.396 millones 56,5%
Fuente: Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)

Technoma concentra las adjudicaciones

La empresa, Technoma SAECA es, por lejos, la principal beneficiaria de las contrataciones públicas incluidas en el registro, con G. 250.151 millones adjudicados.

Le sigue Itti SAE, con G. 27.719 millones, mientras que Ueno Seguros SA registra G. 6.009 millones. El listado se completa con Discover Paraguay SA, con G. 2.100 millones; Impresión, Distribución y Logística SA, con G. 1.000 millones; y Office Design SRL, con G. 649,8 millones.

Los procesos comprenden principalmente provisión de equipos informáticos y de comunicación, infraestructura tecnológica, licencias de software, mantenimiento, ampliaciones de servidores y servicios de seguridad informática.

Tras caída de Ueno y de firmas vinculadas, ¿qué pasará con licitación del core del BNF, que estaba encaminada a Itti?

En la DNIT, por ejemplo, figuran contrataciones para ampliación de servidores, renovación de licencias, infraestructura de centros de datos y sistemas de protección informática. En el BCP aparecen adquisiciones de equipos informáticos y de comunicación, suscripciones a licencias y servicios de mantenimiento de infraestructura tecnológica.

Ranking Completo de Instituciones por Monto Adjudicado - Grupo Vázquez
Ranking de 41 instituciones públicas por montos de contratación
# Institución / Entidad Contratante Monto Adjudicado (PYG) Monto Pagado (PYG)
1 Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) 88.777.654.507 61.552.598.750
2 Banco Central del Paraguay (BCP) 61.744.055.095 47.474.878.927
3 Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 31.582.351.939 18.153.830.707
4 Ministerio de Tecnologías de la Información y Com. (MITIC) 22.467.170.530 2.478.484.510
5 Banco Nacional de Fomento (BNF) 19.603.361.510 9.926.983.344
6 Administración Nacional de Electricidad (ANDE) 13.885.597.159 4.431.942.098
7 Corte Suprema de Justicia (CSJ) 10.393.340.503 2.622.526.895
8 Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA) 7.243.489.967 0
9 Ministerio de Justicia (MJ) 4.126.199.655 1.634.206.176
10 PODER EJECUTIVO 4.007.932.175 2.054.423.273
11 Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal (SENAVE) 3.270.820.933 3.270.820.933
12 Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) 3.064.410.000 3.064.410.000
13 Municipalidad de Asunción 2.670.000.000 0
14 Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la ANDE 2.173.406.091 1.689.369.200
15 PODER JUDICIAL 2.000.000.000 242.467.915
16 Ministerio de Industria y Comercio (MIC) 1.635.705.000 108.600.000
17 BANCA CENTRAL DEL ESTADO 1.295.900.000 1.254.400.000
18 ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES 1.000.000.000 64.317.550
19 Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA) 902.616.000 0
20 Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) 853.608.940 51.995.700
21 Ministerio Público - Fiscalía General del Estado (FGE) 717.929.086 331.836.586
22 Presidencia de la República 679.589.234 160.367.869
23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS 544.048.237 490.360.621
24 Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) 503.503.000 48.125.000
25 Municipalidad de San Lorenzo 440.000.000 8.238.300
26 MUNICIPALIDADES 439.948.044 313.807.911
27 Caja de Jubilaciones de Empleados Bancarios 384.000.000 225.585.800
28 Inst. Nac. de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) 240.000.000 110.297.080
29 Agencia Nac. de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV) 200.000.000 195.180.180
30 PODER LEGISLATIVO 157.600.000 157.600.000
31 GOBIERNOS DEPARTAMENTALES 137.460.340 0
32 UNIVERSIDADES NACIONALES 133.910.600 20.399.596
33 Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI) 73.380.000 73.380.000
34 Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 65.285.711 64.326.606
35 Municipalidad de Fernando de la Mora 56.000.000 0
36 Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) 45.645.700 45.645.700
37 Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN) 40.000.000 0
38 DEFENSORÍA DEL PUEBLO 29.435.000 29.435.000
39 Universidad Nacional de Asunción (UNA) 21.810.000 21.810.000
40 ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL 12.950.000 12.950.000
41 Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) 10.000.000 10.000.000
- TOTAL GENERAL 287.630.114.956 162.395.602.227
Fuente: Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)

Cada institución decidirá si rescinde los contratos

Consultado sobre qué ocurrirá con los contratos vigentes tras la crisis del Grupo Vázquez, el director nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Agustín Encina, descartó una rescisión generalizada y explicó que las instituciones contratantes deberán actuar en función de los incumplimientos que detecten.

Los contratos vigentes “podrían ir rescindiéndose a medida en que las Instituciones Convocantes vayan detectando incumplimiento”, señaló.

El procedimiento comienza con el administrador de cada contrato, quien debe identificar las faltas de la empresa adjudicada y comunicar la situación al titular de la institución. A partir de esa intervención se puede avanzar con la rescisión contractual y la ejecución de las garantías correspondientes.

De esta manera, la continuidad de los vínculos dependerá del control que ejerza cada organismo sobre sus proveedores. No existe, según explicó Encina, una cancelación automática de todos los contratos por la situación que atraviesa el grupo empresarial.

El impacto dependerá del avance de cada contrato

El titular de la DNCP explicó que el perjuicio para las instituciones públicas dependerá del grado de ejecución de cada compromiso. “Si están por culminarse, la afectación será mínima”, sostuvo.

En cambio, cuando se trate de contratos recientes o cuya ejecución todavía tenga un largo camino por delante, la institución deberá evaluar la rescisión y realizar una nueva convocatoria mediante el procedimiento ordinario de contratación pública.

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Encina mencionó también la posibilidad de recurrir a una contratación por excepción, aunque aclaró que esta alternativa solamente corresponde cuando exista una situación de urgencia que la justifique.

Garantías ante eventuales incumplimientos

Otro aspecto señalado por el director de Contrataciones Públicas es que las empresas adjudicadas deben presentar garantías contractuales, que pueden ser ejecutadas por la institución convocante en caso de incumplimiento.

Esa herramienta constituye el respaldo con el que cuenta el Estado ante una eventual falta de la firma proveedora. Sin embargo, su aplicación dependerá de que los administradores de los contratos identifiquen y documenten las irregularidades y de que las autoridades correspondientes actúen.

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