¿Los festivales culturales no deberían ser prioridad para los gobiernos?

Es muy probable que alguien respondiera a la pregunta del título sin titubear con un rotundo: sí, puesto que es (casi) evidente que la mayoría de los gobiernos municipales, estatales y federal no han resuelto —del todo— los problemas que aquejan a sus habitantes; por ende, pareciera casi irracional e innecesario pensar en que cualquier gobierno decidiera invertir en el pago de conciertos, obras de teatro, shows de danza, entre otras expresiones artísticas, para que fuesen gratuitos cuando existen muchas cuestiones que resolver con el dinero público. No obstante, dicha afirmación, que pareciera hoy (y desde hace unos años atrás) consigna de la oposición a los ejecutores de estas políticas (porque tanto gobiernos que se asumen de derecha como de izquierda lo hacen), está lejos de serlo, puesto que considero que existen motivos poderosos para que los gobiernos no declinen en su labor de continuar llevando arte y cultura para todas y todos.

Según algunos autores, las prioridades de los gobiernos deben estar relacionadas con la protección o seguridad de sus habitantes, ya sea al interior entre mismos pobladores o de amenazas externas, como en su momento lo expresó el sociólogo Max Weber cuando hablaba de que la prioridad del Estado – Nación es el uso legítimo de la fuerza pública para que, por medio de un aparato institucional, se pueda pacificar a la sociedad y se hagan cumplir las leyes. En ese sentido, se contrapone de alguna manera, por ejemplo, con la visión del sociólogo danés Gøsta Esping-Andersen, quien argumenta que la prioridad de los gobiernos modernos debe ser la desmercantilización de los ciudadanos, en otras palabras, que el Estado pueda garantizar que las personas puedan sobrevivir dignamente sin depender exclusivamente de las fluctuaciones del mercado laboral, y por otro lado, encontramos el posicionamiento de Daron Acemoglu y James A. Robinson, que sostienen que la prioridad de un gobierno exitoso es construir y mantener instituciones económicas y políticas inclusivas.

Con base en el último razonamiento de Acemoglu y Robinson, podríamos entender que las políticas inclusivas deben encaminar a la ciudadanía también a un acceso a la cultura, ya que eso es inclusión. Ya lo dijo en su momento el célebre sociólogo francés Pierre Bourdieu cuando hablaba acerca del capital cultural, el cual demostró que las clases privilegiadas heredan este capital en casa, mientras que las clases bajas quedan excluidas de este, puesto que el acceso a museos, teatros y literatura depende del dinero; bajo ese esquema es que las desigualdades sociales se perpetúan. Por ende, el que los gobiernos inviertan para que las clases marginadas puedan acceder a conciertos, exposiciones de pintura o escultura o cualquier expresión artística, eso es trabajar para reducir la brecha de la diferencia existente del capital cultural entre las clases dominantes y las gobernadas, puesto que, eso no significa tirar dinero a la basura como así nos lo han hecho creer desde las narrativas de las clases en el poder, porque obviamente, quien tiene para pagar un boleto para un cantante o una obra de teatro famosa, no le interesa en lo absoluto que sus gobiernos aporten para erradicar esa desigualdad que muchas y muchos sufren.

Por último, lo antes descrito no significa que en el reparto equitativo del presupuesto por parte de los gobiernos se soslayen u omitan deliberadamente sus prioridades por atender temas culturales-artísticos. También es bien sabido que muchos aprovechan esas políticas para pagar a sobreprecio mucho de los espectáculos que se ofertan de forma gratuita o para favorecer a amigos o compadres con contratos jugosos. Un ejemplo es el reciente escándalo de Polymarchs en la Ciudad de México u otros festivales en toda la república mexicana. Es primordial que sigan las políticas públicas que fomenten el acceso al arte y cultura para las y los que menos tienen, sin que esto sea la caja chica de sus gobernantes. ¡Nos leemos pronto!