Pensiones presionan el gasto federal en México

El pago de las pensiones contributivas representa una presión creciente para las finanzas públicas de México. En los últimos 25 años, el gasto destinado a cubrir estas obligaciones aumentó de 65 mil 854 millones a 1.6 billones de pesos, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda.

En términos del Producto Interno Bruto (PIB), el gasto pasó de representar 1% a cerca del 5% en el periodo en mención.

Las pensiones contributivas son prestaciones financiadas mediante aportaciones obligatorias de trabajadores, patrones y Gobiernos durante la vida laboral. Comprenden los sistemas del IMSS (para empleados del sector privado), del ISSSTE (para la burocracia), del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, así como los sistemas de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad.

Ángel Edoardo Ruiz Buenrostro, profesor e investigador de la UdeG, explicó que una de las principales razones del incremento es que el Gobierno federal continúa financiando las pensiones de quienes cotizaron bajo el régimen de reparto establecido en la Ley del Seguro Social de 1973.

Aunque en la década de los noventa se modificó el sistema para que las nuevas generaciones acumularan recursos individuales mediante las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), las obligaciones del esquema anterior permanecen vigentes.

El especialista explicó que la reforma respondió a la insuficiencia financiera del antiguo sistema, que aún concentra el gasto porque los trabajadores del régimen de 1997 no se han jubilado masivamente. Sobre la Modalidad 40, señaló que algunas personas lograban “aumentar su pensión hasta cinco o seis veces, pero no aportaron durante toda su vida lo suficiente para sostener ese pago”, lo que encarece la seguridad social.

Advirtió que la tendencia continuará durante los próximos años y obligará al Gobierno a reasignar recursos de otras áreas para cumplir con sus compromisos pensionarios.

Estimó que, después de 2030, disminuirán los beneficiarios del régimen de 1973 y sus obligaciones financieras. Sin embargo, advirtió que las nuevas generaciones enfrentarán retos, pues sus pensiones dependerán del ahorro acumulado en cuentas individuales.En este sentido, distinguió dos momentos de presión financiera: el actual, relacionado con las obligaciones del régimen anterior, y otro que podría presentarse hacia 2050, cuando las generaciones que cotizan bajo el esquema de las Afores comiencen a retirarse en mayor número.

Sobre los errores de las administraciones anteriores, acentuó que faltaron estudios actuariales y ajustes graduales a las contribuciones para garantizar la viabilidad financiera.

Entre los posibles ajustes para contener el gasto, acentuó que las autoridades podrían considerar elevar la edad de retiro antes de incrementar nuevamente las contribuciones, como ha ocurrido en otros países.

Respecto a las restricciones a la Modalidad 40, explicó que buscan evitar que los trabajadores utilicen este mecanismo para incrementar considerablemente su pensión mediante aportaciones elevadas durante los últimos años de su vida laboral.

Países como Suecia, Dinamarca e Italia han reformado sus sistemas de pensiones para contener el gasto público y mejorar su sostenibilidad financiera.

El envejecimiento de la población obliga a revisar sistema de pensiones

El envejecimiento de la población en México obliga a revisar las condiciones actuales del sistema de pensiones y evaluar si sus reglas permitirán garantizar la seguridad social de las próximas generaciones, advirtió Ángel Edoardo Ruiz Buenrostro, profesor e investigador en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

De acuerdo con el reporte intercensal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la estructura demográfica del país experimentará una transformación durante las próximas décadas. Actualmente, el grupo de mayor peso poblacional corresponde a las personas de entre 30 y 59 años; sin embargo, entre 2049 y 2056, los adultos mayores podrían convertirse en el segmento predominante.

Ante este escenario, el especialista consideró necesario analizar cómo se financiarán las pensiones cuando una proporción mayor de la población alcance la edad de retiro, particularmente porque las nuevas generaciones estarán sujetas al régimen de 1997, basado en cuentas individuales administradas por las Afore.

A diferencia del sistema de reparto de 1973, en el que las pensiones se financian mediante recursos del sistema de seguridad social, bajo el esquema de 1997 el monto de la prestación depende principalmente del ahorro acumulado por cada trabajador durante su vida laboral.

No obstante, Ruiz Buenrostro señaló que todavía es difícil anticipar si los recursos acumulados serán suficientes para garantizar pensiones adecuadas, debido a que las aportaciones actuales también contribuyen al financiamiento de las obligaciones del sistema vigente.

Por ello, insistió en la necesidad de elaborar nuevos estudios actuariales que permitan conocer la sustentabilidad financiera de la seguridad social y determinar qué modificaciones serían necesarias para evitar problemas futuros.

“Yo no he visto un estudio actuarial que me permita entender si va a ser viable o no la seguridad social en el futuro. Es costoso, por supuesto, pero es posible y es necesario porque solo así se puede ver la sustentabilidad. De hecho, hay actuarios de organizaciones internacionales que se dedican precisamente a temas de sustentabilidad y tal vez no sea popular lo que nos digan, pero si es lo necesario para mantener la seguridad social se debe cuando menos de debatir”, afirmó.

El investigador consideró que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social y la Asociación Internacional de la Seguridad Social podrían participar en la evaluación del sistema y aportar recomendaciones. Subrayó que el análisis debe realizarse con criterios técnicos, independientemente de los cambios de Gobierno.

Entre las alternativas que podrían analizarse mencionó la posibilidad de elevar la edad de retiro, como han hecho países como Dinamarca, Suecia y Países Bajos, donde existen esquemas que contemplan edades de jubilación cercanas a los 70 años. En México, en cambio, las condiciones actuales permiten acceder al retiro a partir de los 60 años, dependiendo del régimen y los requisitos aplicables.

El académico explicó que el aumento de la esperanza de vida representa un desafío para los sistemas pensionarios, pues las personas pueden permanecer más tiempo como beneficiarias. Sin embargo, advirtió que cualquier modificación a las condiciones de retiro o a las contribuciones debe sustentarse en estudios que permitan medir sus consecuencias.

Añadió que el reto también consiste en garantizar los derechos de quienes ya adquirieron una pensión, sin descuidar las condiciones de las generaciones que se incorporarán al retiro mediante el ahorro individual.

“Por un lado, nuestro propio derecho y, por otro lado, el derecho de las personas que ya lo adquirieron”, concluyó.

¿Qué falta por resolver en el sistema de pensiones?

Aunque México ha implementado diversas reformas para modificar el sistema de pensiones y contener el crecimiento de sus obligaciones financieras, todavía existen desafíos estructurales que requieren cambios legales y medidas de largo plazo para garantizar su sostenibilidad.

Incremento gradual de la edad de jubilación

• Propone revisar las condiciones de retiro (actualmente en 65 años) según la esperanza de vida para reducir el periodo de pago y aliviar las finanzas públicas.
• Requiere considerar diferencias en la actividad laboral, salud y expectativa de vida, además de definir periodos de transición para los próximos a retirarse.

Reducción de la informalidad y cobertura de seguridad social

• Un alto porcentaje de adultos mayores no cotiza regularmente, lo que frena la acumulación de semanas y recursos para el retiro.
• Se buscan incentivos para la formalización de empleo, impulso al ahorro voluntario y ampliación de la base de cotizantes para no depender solo de programas asistenciales.

Revisión y homologación de regímenes pensionarios

• Conviven esquemas del IMSS, ISSSTE, empresas públicas, universidades y estados, algunos bajo beneficio definido (no sujetos solo al ahorro individual).
• Se contempla homologar criterios y reducir inequidades financieras y laborales entre esquemas, respetando derechos adquiridos.

Sostenibilidad del Fondo de Pensiones para el Bienestar

• Creado en 2024 para complementar cuentas individuales, su viabilidad a largo plazo requiere evaluar si las fuentes de ingreso cubrirán el aumento futuro de beneficiarios.
• Falta definir mecanismos de financiamiento recurrentes, previsibles y reglas de transparencia y evaluación.

Viabilidad y acuerdos para la reforma

• Requiere diagnósticos actuariales, consenso entre gobierno, trabajadores y patrones, y análisis de impacto económico y social.
• Busca sostener el pago de pensiones presentes y futuras sin comprometer la capacidad financiera del Estado ni cargar costos a las nuevas generaciones.