Seis empresas del Grupo Vázquez acumulan G. 287.630 millones en contratos con el Estado

La mayor parte de las adjudicaciones corresponde a Technoma SAECA, que concentra G. 250.151 millones en 157 procesos de contratación registrados entre 2023 y 2026.

La DNIT, el BCP, el MEF, el Mitic y el BNF figuran entre las instituciones que más contrataron a estas firmas. Las cinco concentran casi el 78% del monto total.

Tras la crisis del conglomerado empresarial, la DNCP aclaró que no habrá una rescisión automática de los contratos. Cada institución deberá detectar eventuales incumplimientos y decidir cómo proceder.

La caída de Ueno Bank también pone bajo la lupa los millonarios contratos que otras empresas vinculadas al Grupo Vázquez mantienen con el Estado. Seis firmas del conglomerado acumulan adjudicaciones por G. 287.630 millones entre 2023 y 2026, según un relevamiento de 157 procesos de contratación de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), que excluye los contratos obtenidos en consorcio.

El monto está concentrado principalmente en Technoma SAECA, que registra adjudicaciones por G. 250.151 millones, equivalentes a casi el 87% del total identificado. Le sigue ITTI SAE, con G. 27.719 millones; Ueno Seguros SA, con G. 6.009 millones; Discover Paraguay SA, con G. 2.100 millones; Impresión, Distribución y Logística SA, con G. 1.000 millones; y Office Design SRL, con G. 649,8 millones.

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) encabeza la lista de instituciones públicas que contrataron a estas empresas, con G. 88.777 millones distribuidos en 21 procesos, todos adjudicados a Technoma SAECA.

En segundo lugar aparece el Banco Central del Paraguay (BCP), con G. 61.744 millones en 21 procesos. De ese monto, G. 59.618 millones corresponden a Technoma y G. 2.125 millones a ITTI. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ocupa el tercer lugar, con G. 31.582 millones adjudicados a Technoma en 13 procesos.

La lista continúa con el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), que registra G. 22.467 millones; el Banco Nacional de Fomento (BNF), con G. 19.603 millones; y la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), con G. 13.885 millones.

También figuran la Corte Suprema de Justicia, con G. 10.393 millones, y la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), con G. 7.243 millones. En conjunto, las cinco primeras instituciones concentran casi el 78% del monto total de las adjudicaciones identificadas.

Uno de los antecedentes que involucra al BNF es el llamado para la adquisición, implementación y desarrollo de su sistema bancario central (core bancario), identificado con el ID 480.207, que pretendía adjudicar a ITTI por G. 135.853 millones. Sin embargo, el proceso quedó sin efecto tras la resolución de Ueno Bank.

Equipos y servicios tecnológicos

Los contratos adjudicados a las seis empresas comprenden principalmente la provisión de equipos informáticos y de comunicación, infraestructura tecnológica, licencias de software, mantenimiento, ampliaciones de servidores y servicios de seguridad informática.

En la DNIT, por ejemplo, se registran procesos para la ampliación de servidores, renovación de licencias, infraestructura de centros de datos y sistemas de protección informática. En el BCP aparecen adquisiciones de equipos tecnológicos, suscripciones a licencias y mantenimiento de infraestructura.

La crisis del Grupo Vázquez abre ahora interrogantes sobre la continuidad de estos compromisos y la capacidad de las empresas para cumplir con las obligaciones asumidas ante las distintas instituciones públicas.

Cada institución decidirá sobre los contratos

Consultado sobre el futuro de las adjudicaciones, el director nacional de Contrataciones Públicas, Agustín Encina, descartó que la situación del grupo empresarial implique una cancelación generalizada de los contratos vigentes.

Explicó que las instituciones contratantes deberán evaluar cada caso y actuar cuando detecten incumplimientos de las empresas proveedoras. Los contratos vigentes “podrían ir rescindiéndose a medida en que las Instituciones Convocantes vayan detectando incumplimiento”, señaló.

El procedimiento comienza con el administrador de cada contrato, quien debe identificar las faltas de la firma adjudicada y comunicar la situación al titular de la institución. A partir de esa intervención, la entidad puede iniciar el proceso de rescisión contractual y disponer la ejecución de las garantías correspondientes.

Encina indicó que el impacto para el Estado dependerá del nivel de ejecución de cada compromiso. “Si están por culminarse, la afectación será mínima”, sostuvo.

En cambio, si se trata de contratos recientes o con un periodo prolongado de ejecución pendiente, las instituciones deberán evaluar la rescisión y realizar una nueva convocatoria mediante los procedimientos ordinarios de contratación pública.

El titular de la DNCP también mencionó la posibilidad de recurrir a una contratación por excepción, aunque aclaró que esta alternativa solamente corresponde cuando exista una situación de urgencia que la justifique.

Garantías ante posibles incumplimientos

Otro mecanismo de protección para el Estado son las garantías contractuales que deben presentar las empresas adjudicadas. Estas pueden ser ejecutadas por las instituciones convocantes cuando se comprueba un incumplimiento de las obligaciones asumidas.

No obstante, su aplicación dependerá de que los administradores de los contratos documenten las irregularidades y de que las autoridades correspondientes activen los procedimientos establecidos.