Justicia ordena congelar ocho inmuebles vinculados a Santiago Peña en San Bernardino

• El juez Humberto Otazú dispuso la prohibición de innovar, contratar y el embargo preventivo sobre ocho propiedades ubicadas en San Bernardino.
• Aunque los inmuebles están registrados a nombre de José Luis Módica Alsina, la Fiscalía sostiene que el verdadero propietario sería el expresidente Santiago Peña.
• Las medidas buscan impedir la venta o el ocultamiento de los bienes mientras avanza la investigación por presunta lesión de confianza y otros delitos patrimoniales, relacionados con operaciones de Ueno Bank.

El juez penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, ordenó congelar ocho inmuebles vinculados al expresidente de la República Santiago Peña, ubicados en San Bernardino, departamento de Cordillera. La resolución establece la prohibición de innovar, la prohibición de contratar y el embargo preventivo sobre la totalidad de las propiedades.

La medida fue dispuesta en el marco de la causa penal N.º 92/2026, que investiga presuntos hechos de lesión de confianza y otros delitos patrimoniales. El magistrado hizo lugar al requerimiento presentado por los agentes fiscales Christian Benítez, Silvia González, Elena Fiore y Ruth Benítez.

Si bien las ocho fincas figuran inscriptas en los registros públicos a nombre de José Luis Módica Alsina, la Fiscalía sostiene que el verdadero propietario sería Santiago Peña Palacios. Entre los elementos de convicción mencionados por los investigadores se encuentra el allanamiento realizado en la denominada “Mansión Sanber”.

El embargo preventivo dispuesto asciende a G. 3.608.550.782.201, lo que representa aproximadamente G. 451.068 millones por cada inmueble. Según fundamentó Otazú, las medidas cautelares tienen como finalidad “evitar la posibilidad de que los encausados puedan disponer libremente de su patrimonio y prevenir cualquier maniobra de enajenación u ocultamiento de los bienes”.

La investigación fiscal apunta a supuestas operaciones irregulares relacionadas con la colocación de depósitos públicos y previsionales en Ueno Bank S.A., además del otorgamiento de créditos a sociedades vinculadas al grupo económico de la entidad bancaria.

La hipótesis del Ministerio Público sostiene que Peña habría utilizado su posición como presidente de la República para promover o determinar el direccionamiento de fondos públicos hacia la entidad financiera, con la que presuntamente mantenía intereses económicos.