Berni Villalba aclara pedido de G. 700 millones y revela deudas superiores a G. 1.500 millones dejadas por Celso Cañete

El intendente de Concepción explicó que los G. 700 millones solicitados ante la Junta Municipal corresponden a la renovación de un sobregiro bancario y no a un nuevo préstamo convencional. Aseguró que la administración de Celso Cañete dejó deudas superiores a G. 1.500 millones, salarios atrasados y facturas impagas de energía eléctrica y agua potable. Además, anunció una revisión del destino de millonarios recursos municipales, transferencias a comisiones vecinales y ventas de inmuebles públicos.

El intendente de Concepción, Berni Villalba, aclaró los alcances del pedido de G. 700 millones presentado ante la Junta Municipal y expuso la delicada situación financiera que, según afirmó, encontró al retomar la administración de la comuna tras los cuatro meses de gestión de Celso Cañete.

El jefe comunal describió un escenario económico crítico, marcado por deudas acumuladas, salarios pendientes de pago y obligaciones municipales incumplidas. Asimismo, anunció una revisión administrativa y jurídica para determinar el destino de los recursos públicos utilizados durante el periodo anterior.

Aclara que los G. 700 millones no constituyen un nuevo préstamo

Uno de los principales puntos abordados por Villalba fue la solicitud presentada ante la Junta Municipal para autorizar una operación bancaria de G. 700 millones, destinada a atender compromisos financieros inmediatos de la institución.

El intendente explicó que no se trata de un préstamo convencional, sino de la renovación de una línea de sobregiro bancario que ya era utilizada durante la administración de Celso Cañete.

Según detalló, este mecanismo financiero había sido habilitado anteriormente, pero requería una nueva autorización tras el cambio de autoridades municipales.

La solicitud fue remitida el lunes a la Junta Municipal y, según la información manejada por Villalba, habría recibido aprobación durante la sesión del martes. Sin embargo, al momento de sus declaraciones todavía aguardaba la comunicación oficial para completar los trámites ante la entidad bancaria.

El principal objetivo de esta operación es disponer de recursos para regularizar el pago de salarios correspondientes a octubre, que permanecen pendientes para numerosos trabajadores municipales.

Cerca de G. 475 millones en salarios atrasados

Villalba reveló que la Municipalidad necesita aproximadamente G. 475 millones para cumplir con las remuneraciones pendientes de funcionarios nombrados, contratados y jornaleros.

Cuestionó que, llegado el 11 de noviembre, los trabajadores todavía no hayan percibido sus salarios correspondientes al mes anterior, situación que afecta directamente a numerosas familias concepcioneras.

El intendente recordó que durante los cuatro años y seis meses de su anterior administración municipal no se registraron atrasos en el pago de salarios, una política que aseguró pretende mantener en esta nueva etapa.

“Detrás de cada funcionario hay una familia”, expresó al justificar la urgencia de conseguir los recursos necesarios para cumplir con las obligaciones laborales.

Asimismo, manifestó su expectativa de que el procedimiento bancario pueda completarse entre este miércoles y el jueves, permitiendo regularizar los pagos pendientes.

Deudas superiores a G. 1.500 millones y servicios básicos impagos

Otro de los aspectos más preocupantes expuestos por el intendente fue el volumen de compromisos financieros que, según sus primeros relevamientos, dejó la administración de Celso Cañete.

Villalba aseguró que las deudas correspondientes a recursos genuinos de la institución superan los G. 1.500 millones, distribuidos en distintas obligaciones municipales.

Entre los compromisos pendientes también fueron mencionadas facturas impagas de energía eléctrica y agua potable, servicios que, según lo señalado durante el intercambio con la prensa, habrían acumulado hasta tres meses de atraso.

A esto se suman obligaciones relacionadas con transferencias a la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (OPACI) y al Ministerio de Hacienda, correspondientes a porcentajes de la recaudación municipal.

El jefe comunal cuestionó que, durante los cuatro meses de la administración anterior, se hayan acumulado estas obligaciones pese a los ingresos registrados por la institución.

También adelantó que pondrá a disposición de los medios de comunicación un informe detallado de las deudas encontradas, con el objetivo de transparentar la situación financiera del municipio.

Estiman una recaudación cercana a G. 2.000 millones en cuatro meses

Villalba sostuvo que, de acuerdo con los primeros cálculos realizados a partir de la recaudación y las obligaciones pendientes de transferencia, la administración anterior habría manejado aproximadamente G. 2.000 millones en recursos genuinos durante sus cuatro meses de gestión.

Esta cifra no incluiría los ingresos provenientes de la venta de terrenos y otros activos municipales.

Ante este escenario, la nueva administración inició un proceso de recopilación de documentos, inventario y revisión de movimientos financieros para establecer cuánto dinero ingresó efectivamente a las arcas municipales y cuál fue el destino de esos fondos.

El intendente reconoció que todavía no dispone de información definitiva sobre la utilización de todos los recursos, por lo que anunció que los resultados serán comunicados una vez concluido el análisis correspondiente.

Bajo investigación la venta de terrenos municipales en Villa Armando

Uno de los puntos que genera mayor preocupación en la nueva administración es la venta de inmuebles pertenecientes a la Municipalidad durante el periodo de Celso Cañete.

Villalba confirmó que el equipo jurídico municipal analiza las condiciones en que fueron autorizadas estas operaciones, especialmente los precios establecidos y los procedimientos utilizados para concretarlas.

Mencionó particularmente un terreno ubicado en el barrio Villa Armando, cuya venta, según los indicios manejados por la actual administración, se habría realizado por un valor inferior al mínimo legal correspondiente a la zona.

El intendente sostuvo que existirían elementos que apuntan a una presunta modificación de la identificación catastral del inmueble, mediante la utilización de referencias correspondientes a otro barrio para establecer un precio menor.

Esta situación se encuentra bajo análisis jurídico y todavía no existe una conclusión definitiva sobre la legalidad de la operación.

Villalba adelantó que, dependiendo de los resultados, la Municipalidad podría promover acciones para dejar sin efecto la venta o exigir al comprador el pago de la diferencia correspondiente al valor legal del terreno.

Cuestionan millonarias transferencias a comisiones vecinales

El jefe comunal también expresó preocupación por el volumen de recursos municipales que habrían sido canalizados mediante transferencias a comisiones vecinales durante la administración anterior.

Según manifestó, una proporción considerable de los desembolsos, estimada preliminarmente en alrededor del 90%, se habría realizado mediante este mecanismo.

Villalba señaló que existen dudas sobre el cumplimiento de los límites legales establecidos para estas operaciones, aunque aclaró que los montos y procedimientos todavía están siendo verificados.

Como referencia, recordó que durante su anterior periodo de gestión, hasta julio de este año, se realizaron transferencias por G. 150 millones destinadas a dos clubes deportivos: G. 100 millones al club Cerro Corajá y G. 50 millones al club Mariscal López.

Reconoció, sin embargo, que parte de los recursos transferidos durante la administración de Cañete pudo haberse destinado a obras efectivamente ejecutadas, mencionando como ejemplo el tinglado de la parroquia Virgen del Carmen.

Pese a ello, insistió en que la realización de obras no exime a las autoridades de cumplir con los procedimientos administrativos y los límites establecidos por la legislación.

No descarta acciones judiciales contra responsables de posibles irregularidades

Ante las dudas sobre el manejo de los recursos públicos, Villalba confirmó que la Municipalidad cuenta con un equipo jurídico encargado de examinar la documentación y determinar si existen elementos que justifiquen la presentación de denuncias.

El intendente sostuvo que cualquier eventual acción judicial estará respaldada por un análisis técnico y legal, evitando anticipar acusaciones mientras continúe la recopilación de información.

También señaló que podrían realizarse consultas con agentes fiscales y otras autoridades judiciales para esclarecer las dudas relacionadas con determinadas operaciones.

La revisión abarcará los recursos genuinos, las transferencias a comisiones vecinales, los fondos provenientes de regalías y otros ingresos municipales, además de las operaciones de venta de activos realizadas durante los últimos cuatro meses.

Villalba insistió en que, si se identifican hechos que pudieran constituir irregularidades administrativas o ilícitos penales, se promoverán las acciones correspondientes ante las instituciones competentes.

Una administración que comienza bajo presión financiera

La Municipalidad de Concepción enfrenta un complejo escenario económico al inicio del nuevo periodo de gobierno de Berni Villalba, con salarios atrasados, deudas acumuladas y cuestionamientos sobre la administración de los recursos públicos durante los últimos cuatro meses.

Mientras el Ejecutivo municipal busca regularizar las remuneraciones mediante la renovación del sobregiro bancario, también deberá afrontar las obligaciones pendientes y determinar el estado real de las finanzas institucionales.

Las cifras expuestas por Villalba, así como las posibles irregularidades señaladas, corresponden hasta el momento a evaluaciones preliminares de la nueva administración y deberán ser respaldadas por documentación y los resultados de las verificaciones anunciadas.

Por ahora, quedan pendientes la presentación pública del detalle de las deudas, la identificación del destino de los recursos administrados durante el periodo anterior y la determinación de eventuales responsabilidades.

El escenario abre nuevos interrogantes sobre el manejo de las finanzas municipales y coloca bajo revisión las decisiones adoptadas durante la gestión de Celso Cañete.

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