AI: Nigeria debe liberar a un periodista en prisión preventiva que documentó corrupción

"El enjuiciamiento continuado y la detención de Ojukwu parecen formar parte de una tendencia más amplia de utilizar el sistema de justicia penal para castigar a los periodistas por exponer acusaciones de corrupción y exigir responsabilidades a los funcionarios públicos", señaló en la red social X la oficina nigeriana de AI.

Este caso puede "socavar" la libertad de prensa y de expresión en el país, alertó la ONG, al exigir la puesta en libertad "de manera inmediata e incondicional" del informador.

El Tribunal Superior Federal de Abuya, la capital del país, dictó este martes imponer prisión preventiva en la cárcel de Kuje hasta el próximo 1 de diciembre a Ojukwu, que trabaja como reportero de la nigeriana Fundación para el Periodismo de Investigación (FIJ, en inglés).

El proceso contra el periodista data de 2024 e incluye doce cargos entre los que se encuentran acusaciones de difamación, acoso y violación de la ley de ciberdelitos del país, de los cuales se declaró inocente este martes ante la corte.

La denuncia fue presentada originalmente por la oficina del inspector general de la Policía, después de que Ojukwu documentara presunta corrupción y desvío de fondos públicos por parte de Adejoke Orelope-Adefulire, exvicegobernadora de Lagos (sur) y asesora del entonces presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari (2015-2023), ya fallecido.

Según informan medios locales, el periodista publicó informaciones entre 2023 y 2024 en las que responsabilizaba a Orelope-Adefulire de malversar más de 147 millones de nairas (más de 98 millones de euros).

La denuncia fue presentada contra Ojukwu y también contra el fundador de la FIJ y periodista Fisayo Soyombo, que no compareció ante el tribunal esta semana.

En mayo 2024, Ojukwu ya "fue secuestrado por agentes de la Fuerza de Policía de Nigeria (NPF) en conexión con su trabajo periodístico" y mantenido bajo custodia durante diez días antes de ser liberado, frente a la indignación pública y la presión de organizaciones pro derechos humanos, recordó AI.

La organización reivindicó que "ningún periodista debería ser objeto de amenazas, intimidación o medidas punitivas por exigir responsabilidades a quienes ocupan puestos de poder".

"Las autoridades deben garantizar que todo procedimiento legal cumpla plenamente con las normas internacionales de derechos humanos, incluidos el derecho a un juicio justo y las garantías procesales", concluyó.