El fracaso del 11N: la voluntad de cambio es firme

Por su naturaleza, una huelga general siempre es una huelga política, y la del 11N ha dejado una conclusión difícil de disimular: pese al respaldo del Gobierno, la convocatoria no ha conseguido paralizar España. La actividad ha transcurrido con relativa normalidad en buena parte del país, pese a los cortes de tráfico y las coacciones violentas de algunos piquetes . A dieciocho días de las elecciones, la movilización sindical tampoco ha logrado ocultar la fuerte voluntad de cambio que se percibe en la sociedad española.El consumo eléctrico ofrece una referencia significativa, aunque no una medición exacta del seguimiento. Hasta las cuatro de la tarde, la demanda acumulada había descendido un 7,4 por ciento respecto al miércoles anterior, una reducción inferior a la registrada durante las últimas huelgas generales. La patronal habló de escasa participación en la mayoría de sectores y territorios, y los propios sindicatos admitieron una respuesta desigual. También influyó el mal tiempo: en Huelva se suspendió la manifestación prevista ante la alerta por fuertes tormentas. Esa circunstancia merece ser consignada, pero ella sola no explica el limitado alcance de los paros.Los incidentes constituyeron el aspecto más censurable de la jornada. Hubo carreteras bloqueadas, presiones sobre comercios y ataques a establecimientos. Alquiler Seguro denunció actos vandálicos contra cuarenta de sus oficinas a lo largo de tres días. ABC rechaza sin reservas estas conductas. El derecho a la huelga ampara la decisión de no trabajar, nunca la de impedir que otros ejerzan su derecho al trabajo. Si una empresa cierra por temor a un piquete, ese cierre no puede contabilizarse como una adhesión voluntaria.Pero el problema principal es la naturaleza de la convocatoria. No se ha dirigido contra el Ejecutivo responsable de la política económica y de vivienda, sino contra una oposición que todavía no gobierna. María Jesús Montero lo expresó con claridad al señalar que la huelga se convocaba contra quienes habían rechazado los decretos de vivienda. Los problemas de acceso a una casa y de poder adquisitivo son reales; instrumentalizarlos en vísperas electorales no contribuye a resolverlos.CC.OO. y UGT deberían extraer conclusiones de una iniciativa improvisada que ha comprometido su independencia y su credibilidad. La acción sindical pierde legitimidad cuando se confunde con la estrategia electoral de un gobierno. Convertir un derecho fundamental en herramienta de confrontación partidista añade otro episodio al deterioro institucional que este diario viene denunciando durante los años de Pedro Sánchez.Si el presidente confiaba en que la agitación callejera cambiaría el ritmo de su campaña, tendrá que tomar nota del resultado. Los españoles no han respondido como esperaban los convocantes, y ninguna provocación ha conseguido sustituir con ruido la decisión que corresponde a los ciudadanos. La voluntad de cambio está en marcha. No corresponde a los sindicatos anticipar ni condicionar el veredicto: serán las urnas, dentro de dieciocho días, las que decidirán el rumbo de España.