Detuvieron a la novia de Lázaro Báez y a él lo dejaron incomunicado en el Penal de Ezeiza, en una causa de lavado con vínculos narco

Condenado por haber lavado 55 millones de dólares a través de Austral Construcciones la firma insignia que también le permitió recibir obra pública vial de forma irregular, Lázaro Báez suma una nueva acusación por lavado de dinero y una pista narco, que involucra a su actual pareja, Claudia Insaurralde. La investigación que derivó en una serie de allanamientos simultáneos en Río Gallegos, sigue una ruta millonaria de fondos que eluden los embargos y decomisos judiciales, y que terminó en la detención de la novia del empresario, de un presunto testaferro -entre otros- y la orden de que Báez esté incomunicado en el penal federal de Ezeiza, donde cumple una pena de 15 años de prisión.

El lunes, poco después de las 13.30, el vuelo de Aerolíneas Argentinas proveniente de Río Gallegos aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Cuando el colectivo de la empresa comenzó a trasladar a los pasajeros a la terminal, más de veinte efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) aguardaban en el acceso de los vuelos de cabotaje.

La orden del jefe del operativo a los pasajeros fue sencilla y sin brindar mayores detalles: “Todos deben descender con el DNI en mano y aguardar a que sea revisado”. Un procedimiento extraordinario que algunos atribuyeron a los operativos de seguridad por la visita del Papa León XIV a nuestro país. Lejos de esa teoría, todo respondió a una orden del Ministerio Público Fiscal de Río Gallegos.

En ese vuelo viajaba Claudia Insaurralde con una valija llena de documentación y anotaciones. Junto a ella, Cristian Ibañez (apuntado como testaferro de Báez) y su esposa, Valentina Devetac. Fueron apartados de la fila de pasajeros y él fue detenido inmediatamente. En simultáneo la orden judicial fue que Lázaro Báez quedara completamente incomunicado en el Penitenciario Federal de Ezeiza, donde ingresó para cumplir la pena unificada de los casos Ruta del Dinero K (lavado de activos) y Vialidad (administración fraudulenta en perjuicio del Estado).

El fiscal federal de la capital santacruceña, Julio Zárate, tiene a su cargo dos investigaciones que tramitan en simultáneo y con imputados en común. En el tramo donde figura la novia de Báez, interviene la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo del fiscal Diego Velasco.

En cada uno de los expedientes se detuvieron a seis personas en 48 horas. Algunos de los imputados, como Ibañez, se reiteran en las maniobras investigadas. Este hombre tiene línea directa con Lázaro Báez y con su novia Claudia Insaurralde, también detenida.

La causa desentraña un complejo entramado societario utilizado, según explicaron fuentes judiciales a Clarín, para blanquear dinero de origen espurio. Un circuito harto conocido por el dueño del Grupo Austral: afronta una condena por dicho delito y por haber concretado el lavado de 55 millones de dólares entre 2010 y 2013. El eslabón indispensable de ese circuito, fue Austral Construcciones.

Ahora, sin haber constituido nuevas sociedades comerciales para introducir al mercado formal dinero de origen ilícito, esta nueva organización se valió de compañías ya existentes y que integran el holding de Báez.

Firmas dedicadas a la explotación de ganado en varias estancias compradas, como parte de las maniobras de blanqueo ya juzgadas, otras dueñas de inmuebles alquilados y que permitieron el movimiento de fondos pese a una restricción explícita de la justicia federal: Lázaro no puede administrar ni disponer de los bienes. Se encuentra inhibido, embargado y con un decomiso ordenado que continúa en manos de la Corte Suprema de Justicia.

Pero hay más: el máximo tribunal ya dispone de un conjunto de bienes del Grupo Austral en el marco de la quiebra. Sin embargo, Báez busca eludir todas las órdenes judiciales, una vez más. Ya lo hizo en 2016 cuando fue detenido por el juez Sebastián Casanello: otorgaba poderes de administración a personas de su entorno, desde la cárcel, y manejaban por fuera del circuito legal, dinero en efectivo de alquileres pese a las restricciones impuestas.

Según pudo saber Clarín de fuentes judiciales, hay tres fases bien determinadas que constituyen el esqueleto de la acusación donde hay una pista narco.

Báez habría operado impartiendo órdenes desde el penal de Ezeiza respecto a propiedades, compañías de su holding y dinero que se movilizó por fuera de las órdenes judiciales.

Por ese motivo, mientras su novia e Ibañez fueron detenidos, se ordenó que él quede incomunicado en el lugar de detención, pues los teléfonos públicos del pabellón fueron la vía de comunicación para decidir sobre el destino de propiedades, su comercialización y el resguardo del dinero producido.

Bajo la lupa hay una ruta de cientos de millones de pesos.

Por ese motivo es que una de las sospechas centrales de la actual investigación es que el objetivo de la maniobra consistió en sustraer activos para evitar la ejecución patrimonial judicial, ya que el empresario kirchnerista debe responder al decomiso ordenado en la Ruta del Dinero K (60 millones de dólares) y del caso Vialidad (685.000 millones de pesos).

Sumado a ello, Austral Construcciones tiene la quiebra decretada y se avanzó con la venta de propiedades para cubrir el reclamo de los acreedores, listado encabezado por el ARCA.

Por eso se ordenaron simultáneos allanamientos al día siguiente de las detenciones realizadas en el Aeropuerto de Ezeiza. La mayoría de los operativos se concretaron en la capital santacruceña y en las adyacencias de El Calafate, donde se encuentran algunos campos adquiridos por Báez y que fueron identificados por el fiscal Diego Luciani para avanzar en el decomiso del caso Vialidad.

Entre las órdenes de allanamiento libradas, se incluyeron sedes comerciales de empresas que fueron adquiridas por Báez entre 2003 a 2015, beneficiarias de obra pública vial irregular -según sostiene la condena del caso Vialidad-, y que a su vez, se convirtieron en inquilinas de las empresas de la familia Kirchner: Los Sauces y Hotesur.

La fiscalía federal de Río Gallegos ordenó las detenciones y medidas cautelares como inhibición general de bienes, bajo la premisa de que todos los involucrados en la estructura criminal buscaban mantener los bienes que fueron allanados, por un lado en explotación comercial productiva para así, derivar de manera continúa los beneficios económicos obtenidos, burlando la orden judicial que le impide a Báez la administración y disposición de sus bienes.

Resta por delante la audiencia de acusación, donde el fiscal federal Julio Zárate dará a conocer los detalles del expediente y qué elementos de prueba sustentan las imputaciones.

Un dato relevante: en Río Gallegos, desde diciembre de 2024 rige el sistema procesal acusatorio, con lo cual es en el marco de una audiencia oral donde se formulan las acusaciones y ya no bajo la antigua metodología del dictamen del Ministerio Público. El fiscal tiene a cargo la investigación y el magistrado sólo es garante del proceso.

El dinero que ya no es de Lázaro

El 3 de diciembre de 2025, la Corte Suprema de Justicia puso en marcha el mecanismo administrativo para devolverle al Estado el dinero y los bienes decomisados a nombre de Lázaro Báez y Martín Báez, en el marco de Ruta del dinero K, por la suma de 60 millones de dólares.

A través de un oficio al presidente del Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4), el juez Néstor Costabel, responsable de ejecutar la pena por la que el ex socio comercial de Cristina Kirchner fue condenado a diez años de prisión por haber lavado 55 millones de dólares, fue notificado del inicio del proceso de ejecución patrimonial.

El director general de Gestión Interna e Infraestructura de la Corte Suprema, Sergio Romero, informó que se “ha dispuesto el decomiso de sumas dinerarias la adjudicación definitiva de los fondos obtenidos de las subastas realizadas y de bienes inmuebles registrados a nombre de Lázaro y Martín Báez.

Asimismo, la documentación oficial consigna que se dispuso que se proceda a “su inscripción registral bajo la titularidad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", tal como establece el Código Procesal Penal de la Nación.

Desde el maximo tribunal se ordenó al TOF 4 que, como primera medida, se proceda a “la transferencia de las sumas de dinero decomisadas, así como de los fondos obtenidos de las subastas mencionadas” a dos cuentas (una en pesos y otra en dólares) pertenecientes al máximo tribunal. Y solicitó la remisión de la documentación correspondiente a los procesos de subasta.

Según la sentencia dictada por el TOF en abril de 2021, en la causa hay decomisados un total de 61.130.860,86 dólares. La sentencia también incluyo distintas cifras en pesos, que el tribunal dispuso que fuesen “ajustables conforme al índice de actualización de precios del consumidor del INDEC”, que suman unos 4.174.697 pesos.

¿Y Vialidad?

El 24 de abril de este año, en el marco de la condena por corrupción en el caso Vialidad, la Cámara Federal de Casación Penal ordenó la ejecución patrimonial de 111 bienes identificados por la fiscalía de Luciani. La cifra a cubrir es 685.000 millones de pesos, que representan el daño ocasionado con la maniobra defraudatoria con la obra pública vial.

El Ministerio Público Fiscal identificó 84 inmuebles de Lázaro Báez, uno de Cristina Kirchner y 19 que fueron heredados a sus hijos.

También se incluyeron bienes muebles e inmuebles bajo la titularidad de las empresas de Báez que fueron utilizadas para la maniobra defraudatoria: dos de Austral Construcciones, tres de Kank y Costilla y dos de Loscalzo y Del Curto.

Este listado se encuentra bajo análisis en la Corte, mientras el TOF 2 que ejecuta la pena del caso Vialidad trabaja en una segunda tanda de 141 bienes donde la mayoría, pertenecen a Lázaro Báez.