Llega a autoridades de la Defensa Pública informe sobre presuntos maltratos de Lizza Alonzo

• Las autoridades centrales recibieron los antecedentes de una reunión en la que funcionarias de Coronel Oviedo denunciaron humillaciones, expresiones despectivas y exigencias laborales atribuidas a la defensora.
• La Coordinación informó que no consiguió funcionarios que aceptaran voluntariamente trabajar en esa oficina. Las gestiones internas no habían logrado resolver el conflicto.
• Alonzo reconoció dificultades de relacionamiento, aunque sostuvo que no tuvo intención de maltratar. El informe recoge las distintas versiones para su evaluación institucional.

Las autoridades centrales del Ministerio de la Defensa Pública recibieron un informe sobre la situación laboral en la oficina de la defensora pública Lizza Alonzo, en Coronel Oviedo. Los antecedentes incluyen testimonios de funcionarias que denunciaron presuntos maltratos verbales, comentarios humillantes sobre su apariencia física y exigencias que, según manifestaron, afectaron su bienestar emocional.

Las exposiciones quedaron recogidas en el acta N.º 05/2026, correspondiente a una reunión realizada el 6 de noviembre en la sede institucional, con participación de la Coordinación, defensores públicos y funcionarios de distintas dependencias.

Uno de los puntos más significativos es la dificultad para encontrar personal dispuesto a incorporarse a la oficina. Según informó la Coordinación durante el encuentro, se realizaron consultas y gestiones con otras dependencias, pero no se consiguió que funcionarios aceptaran voluntariamente prestar servicios allí.

Denuncias de humillaciones y desgaste laboral
Los testimonios recogidos describen presuntas expresiones despectivas relacionadas con el peso, la apariencia física y la situación económica de las trabajadoras.

Una funcionaria manifestó que habría sido llamada “gorda osa” y que, en otra ocasión, habría sido calificada de “pobre” por no contar con dinero para colaborar con una actividad o requerimiento solicitado por la defensora. Según su relato, estos comentarios eran recurrentes y afectaron su autoestima.

Otra trabajadora atribuyó a Alonzo agresiones verbales y comentarios sobre su peso, incluidas expresiones acerca de que su esposo la abandonaría por ser gorda.

También se expusieron presuntos malos tratos mediante mensajes de texto, requerimientos fuera del horario laboral y asignación de tareas que algunas funcionarias consideraban ajenas a su formación o funciones habituales. Las participantes describieron situaciones de presión, ansiedad y desgaste emocional.

Advierten que trasladar funcionarios no resuelve el problema
La Coordinación señaló que las dificultades habían sido comunicadas desde meses anteriores y que el 3 de noviembre ya se había realizado una reunión con las funcionarias involucradas y la defensora.

Durante el encuentro del 6 de noviembre se informó, además, que Alonzo había puesto a disposición a dos funcionarias. Esto generó preocupación por la continuidad del servicio y por la posibilidad de que otros trabajadores fueran trasladados a la oficina sin su consentimiento o sin una evaluación adecuada.

Varios participantes señalaron que situaciones similares ya se habrían presentado con otros funcionarios. Por ello, pidieron analizar las causas y evitar que la respuesta consistiera únicamente en trasladar sucesivamente al personal.

El informe también menciona una nota suscrita por más de 60 funcionarios, quienes expresaron solidaridad con sus compañeras, rechazaron el maltrato y el hostigamiento laboral y solicitaron la intervención de la máxima autoridad institucional.

La explicación de Alonzo
El documento también recoge la versión de la defensora. Alonzo manifestó que lleva doce años de servicio y que su labor se desarrolla en un fuero con elevada carga de trabajo, exigencias procesales y situaciones de tensión.

Reconoció diferencias y dificultades de relacionamiento con algunos funcionarios, aunque sostuvo que no había sido su intención maltratar a ningún integrante de su equipo.

Asimismo, expuso circunstancias personales y de salud, y explicó que determinados requerimientos al personal respondían a necesidades del servicio, como la cobertura de audiencias y otras actuaciones judiciales. Solicitó que su postura fuera considerada al evaluar la situación.

En las conclusiones se dejó constancia de que las gestiones internas no habían producido resultados satisfactorios. Los antecedentes fueron elevados para que las autoridades centrales analicen las circunstancias y determinen las medidas administrativas que correspondan, garantizando que todas las partes sean escuchadas.

El informe documenta las denuncias y las respuestas expuestas durante la reunión; no establece una determinación de responsabilidad contra la defensora.