Ueno bank: ¿Por qué el caso recuerda al Fobaproa en México?

La intervención de Ueno Bank en Paraguay reabrió en México la discusión sobre los riesgos de una quiebra bancaria y la posibilidad de que el gobierno utilice recursos públicos para rescatar instituciones financieras, como ocurrió con el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) durante la crisis de 1994 y 1995. El caso fue retomado el 10 de noviembre por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien recordó que el rescate bancario mexicano convirtió obligaciones privadas en deuda pública, cuyos efectos todavía se reflejan en las finanzas del país.

“Es muy lamentable lo que pasó en Paraguay, pero miren, tiró un presidente. Aquí, en el 94, quien pagó fue el pueblo, seguimos pagando”, afirmó Sheinbaum. El Banco Central del Paraguay anunció el 3 de noviembre el inicio del procedimiento de resolución de Ueno Bank, después de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo regulatorio. La autoridad explicó que el deterioro financiero se identificó después de realizar ajustes a los estados financieros de la institución y precisó que se trataba de un problema particular, sin evidencia de una crisis generalizada en el sistema bancario paraguayo. El procedimiento contempla la protección de los depósitos mediante el Fondo de Garantía de Depósitos que opera en el país sudamericano y la aplicación de mecanismos para atender las obligaciones del banco. En México, el Fobaproa fue utilizado para enfrentar la insolvencia de instituciones financieras después de la crisis de 1994, cuando la devaluación del peso, el aumento de las tasas de interés y el deterioro de la cartera crediticia afectaron al sistema bancario. En 1999 comenzó operaciones el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), encargado de proteger los depósitos bancarios y administrar obligaciones derivadas del rescate. De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda, los pasivos del IPAB ascendían a un billón 165,351 millones de pesos al cierre de julio de 2026.

A diferencia de los años noventa, México cuenta actualmente con mecanismos regulatorios para enfrentar problemas de solvencia bancaria y proteger a los ahorradores. El IPAB garantiza depósitos por hasta 400,000 unidades de inversión (Udis), equivalente a 3.5 millones de pesos, por persona y por banco, cobertura que incluye cuentas de ahorro, cheques y depósitos a plazo, entre otros productos elegibles. Según información del instituto, al cierre de agosto de 2026, el 99.89% de las cuentas bancarias estaba totalmente protegido por este seguro. Sin embargo, en términos de recursos, la cobertura representaba 55.01% del monto de las obligaciones garantizadas, debido a los límites establecidos por la legislación. Además, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) identifica a las instituciones cuya eventual quiebra podría afectar la estabilidad del sistema financiero mexicano. En su evaluación de abril de 2026, el regulador ratificó a ocho bancos de importancia sistémica local, los cuales son BBVA México, Santander, Banorte, Banamex, Citi México, Scotiabank, HSBC e Inbursa. Estas instituciones deben mantener niveles de capital superiores a los exigidos al resto de los bancos, con suplementos adicionales que dependen de su importancia dentro del sistema financiero. BBVA México tiene el mayor requerimiento, de 12%, seguido de Santander, con 11.7%, y Banorte, con 11.4%. Para Banamex, Citi México, Scotiabank, HSBC e Inbursa, el mínimo es de 11.1%. La clasificación no significa que estas instituciones enfrenten problemas financieros, sino que su tamaño y vinculación con otros participantes requieren medidas adicionales de prevención.

La legislación mexicana contempla mecanismos para liquidar bancos insolventes, transferir sus activos y pasivos a otras instituciones o utilizar bancos puente para mantener determinados servicios financieros. También permite aplicar procedimientos especiales cuando la quiebra de una institución representa un riesgo para la estabilidad del sistema. Esto significa que no existe una obligación de rescatar con recursos públicos a cualquier banco que enfrente dificultades, aunque tampoco puede descartarse la intervención extraordinaria del Estado ante una crisis sistémica. Los indicadores actuales no muestran condiciones comparables con las registradas durante la crisis de los noventa. Según la CNBV, el Índice de Capitalización de la banca múltiple alcanzó 20.77% al cierre de agosto de 2026, por encima del mínimo regulatorio general de 10.5%. El regulador también informó que todas las instituciones se encontraban en la categoría I de su sistema de alertas tempranas y que los ocho bancos de importancia sistémica cumplían con sus requerimientos adicionales de capital.