AI acusa a Yuba y a ONU de ignorar alertas previas y no actuar ante masacre de 200 civiles

En un informe publicado por la organización -elaborado a partir de 82 entrevistas a supervivientes y testigos, análisis y verificación de material audiovisual-, se documenta que entre 1.000 y 1.500 hombres armados de la etnia nuer, procedentes del condado de Mayom (estado de Unity), asaltaron la localidad durante cuatro horas y ejecutaron a civiles a quemarropa.

El balance oficial de las autoridades sobre esa masacre asciende a al menos 213 muertos -130 residentes, incluidos menores, 76 efectivos de seguridad y siete ciudadanos extranjeros-, la mayoría enterrados en dos fosas comunes a las afueras de esta población fronteriza.

Las indagaciones de la ONG señalan que tanto el Gobierno como los mandos de la UNMISS conocían con dos semanas de antelación los indicios de una agresión inminente.

De hecho, la propia UNMISS reconoció que la tensión era elevada desde mediados de febrero y que, cuando la violencia escaló 48 horas antes de la masacre, cerca de 1.000 personas buscaron refugio en su Base Operativa Temporal (TOB, en inglés), a las afueras de la localidad.

Pese a ese escenario de alerta, los 'Cascos Azules' -las fuerzas de paz de la ONU, que en el país forman parte de la UNMISS- no enviaron refuerzos preventivos y solo desplegaron 40 efectivos adicionales de policía una vez consumado el ataque.

AI remitió cartas tanto al Gobierno sursudanés como a la dirección de la UNMISS para pedir explicaciones sobre su inacción y la falta de medidas preventivas, pero la misión de Naciones Unidas no respondió a sus requerimientos.

Los testimonios recogidos sobre el terreno relataron que los agresores irrumpieron en las viviendas disparando contra familias desarmadas y quemando inmuebles, en uno de los peores episodios de violencia en el país desde 2020.

El asalto derivó, en palabras de Amnistía, de un ciclo de represalias por el asesinato no resuelto de varios jóvenes de Mayom en Abiemnom.

Según medios sursudaneses, la masacre sigue un patrón de ataques recurrentes en esa zona, desde que en abril de 2025 hombres armados llevaron a cabo una incursión similar en la que murieron al menos 27 personas, sin que se conozcan las causas concretas ni el respaldo militar detrás de estos incidentes.

Sudán del Sur arrastra un complejo entramado de fracturas étnicas que estalló abiertamente a finales de 2013, cuando la pugna política entre el presidente Salva Kiir (dinka) y el entonces vicepresidente Riek Machar (nuer) degeneró en una sangrienta guerra civil que enfrentó a ambas comunidades.

En 2018 ambos líderes firmaron el Acuerdo Revitalizado de Paz, que permitió un alto el fuego y conformar un Ejecutivo de unidad en 2020, que sin embargo nunca logró acometer reformas estructurales y lograr desarrollar una constitución.

En 2025 la tensión se disparó nuevamente y dejó el proceso de paz al borde del colapso, con la violencia política desatada que se ha agravado con la convocatoria unilateral de unos comicios para el 22 de diciembre de 2026 por parte de Kiir y con el arresto domiciliario de Machar.

La ONU y la comunidad internacional apuntan a que las elecciones convocadas se realizarán sin garantías básicas, sin censo y sin una Constitución definitiva, y eso puede precipitar aún más al país en el conflicto armado.