Amnistía exige al Gobierno de Bukele proteger la vida de activista salvadoreño condenado

La organización advirtió, en una publicación en X, que la vida y la integridad de Zavala "está en riesgo" y también solicitó que se le garantice el debido proceso y su derecho de defensa.

AI expresó su preocupación por el posible traslado al penal conocido como Mariona, donde el activista "denunció que hubo torturas, malos tratos y muertes bajo custodia".

Zavala permanece en las celdas del Centro Judicial de San Salvador, aunque según dijo este miércoles a EFE la abogada Ivania Cruz, podría ser trasladado al Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona, donde, añadió, "están los verdugos a los que él denunció".

"Exigimos al gobierno de Nayib Bukele y a la Fiscalía General de la República proteger su vida e integridad, así como garantizar el debido proceso y su derecho de defensa", publicó sobre Zavala AI.

Zavala fue arrestado en febrero de 2025 junto a veinticinco personas acusado de agrupaciones ilícitas, amenazas, usurpación de inmueble, ejercicio ilegal de la profesión, comercialización irregular de parcelaciones y limitación a la circulación.

En el 2022, Zavala había sido arrestado también bajo cargos de estafa y permaneció encarcelado trece meses, hasta que en marzo de 2023 fue declarado inocente.

Posteriormente se unió a la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc), que brinda asistencia legal a personas que denuncian detenciones arbitrarias bajo el régimen de excepción contra las pandillas, vigente en El Salvador desde marzo de 2022.

Durante su encarcelamiento en el Penal La Esperanza, el salvadoreño aseguró haber presenciado abusos en el sistema penitenciario y presentó denuncias formales ante las autoridades correspondientes.

Diversas organizaciones de derechos humanos, entre ellas Cristosal, calificaron la condena contra Zavala de "política" y alertaron que el encarcelamiento "pone en grave riesgo su vida e integridad física, más aún bajo la custodia de las mismas autoridades a las que acusó de abusos y torturas".

El 10 de marzo de 2025, 171 organizaciones de más de veinte países solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares de protección para Zavala.

Tras la audiencia inicial del año pasado, el procesado aseguró que se trata de una "persecución política" con la intención de silenciar a quienes han "denunciado injusticias".