Protege Corte liquidación de controladores aéreos por invalidez

• La Suprema Corte determinó que los trabajadores del control de tránsito aéreo declarados en estado de invalidez por el ISSSTE no necesitan someterse a nuevos exámenes médicos ni demostrar que se les negó la renovación de su licencia para reclamar una liquidación especial.

FELIPE VILLA

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de casi cuatro décadas de servicio, un controlador de tránsito aéreo tuvo que abandonar su trabajo por problemas de salud a partir de un diagnóstico del ISSSTE que reconoció oficialmente su estado de invalidez, pero cuando solicitó la liquidación prevista en sus condiciones laborales, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) cuestionó su derecho a recibirla porque no había realizado otros trámites médicos ante las autoridades aeronáuticas.

Lo que parecía una discusión administrativa terminó convirtiéndose en una batalla judicial de casi cinco años, en la que el trabajador obtuvo inicialmente una resolución favorable, posteriormente perdió ese beneficio y finalmente llevó su caso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El problema central consistía en determinar si una persona cuya invalidez ya fue reconocida oficialmente por el ISSSTE debía someterse a una segunda evaluación médica y solicitar la renovación de su licencia profesional, aun cuando su estado de salud había provocado su salida definitiva del servicio.

Este miércoles, el Pleno de la Suprema Corte resolvió la controversia por mayoría de votos, al aprobar el proyecto del ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía, que considera innecesario imponer esos requisitos adicionales para reclamar la liquidación especial.

La decisión reconoce que el dictamen positivo de invalidez del ISSSTE puede ser suficiente para cumplir la exigencia médica prevista en las condiciones laborales de los controladores aéreos, sin necesidad de demostrar que la Agencia Federal de Aviación Civil les negó la revalidación de su licencia.

El caso corresponde a un controlador de tránsito aéreo que reclamó una antigüedad comprendida entre el 1 de agosto de 1981 y el 31 de diciembre de 2020, equivalente a aproximadamente 39 años y cinco meses de servicios.

Después de que el ISSSTE determinó su estado de invalidez, el trabajador fue dado de baja y el 3 de enero de 2022 presentó una demanda laboral contra la SICT y los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM).

El trabajador solicitó una liquidación especial establecida en el artículo 25 de las Condiciones Generales de Trabajo Exclusivas para los Controladores de Tránsito Aéreo, disposición que contempla el pago de tres meses de sueldo integrado, veinte días de salario por cada año de servicios y, cuando la antigüedad es de quince años o más, otros doce días de sueldo por cada año efectivamente trabajado.

Se trata de una prestación especial para los controladores aéreos que deben dejar sus funciones en las circunstancias previstas por sus condiciones laborales. Sin embargo, la Secretaría sostuvo que el trabajador no tenía derecho a recibirla porque, además del dictamen del ISSSTE, debía contar con una evaluación médica especializada y acreditar que la autoridad aeronáutica había rechazado la renovación de su licencia.

La dependencia argumentó que esos requisitos estaban establecidos en las condiciones laborales y que no podían sustituirse únicamente con la declaración de invalidez del ISSSTE. El 19 de junio de 2024, la Tercera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje resolvió inicialmente a favor del trabajador y condenó a la SICT a pagar las prestaciones reclamadas.

La Secretaría impugnó esa decisión mediante un juicio de amparo. Además de cuestionar el cumplimiento de los requisitos médicos, señaló que la autoridad laboral había utilizado un salario incorrecto para calcular la liquidación.

El 26 de marzo de 2026, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito dio la razón a la dependencia, en virtud de que los magistrados consideraron que el trabajador debía demostrar que había solicitado renovar su licencia de controlador aéreo y que la autoridad competente se la había negado después de una evaluación médica.

Como únicamente contaba con el reconocimiento de invalidez del ISSSTE, el tribunal determinó que no había acreditado todos los requisitos para obtener la liquidación. En consecuencia, ordenó emitir una nueva resolución que liberara a la Secretaría del pago de esas prestaciones.

El trabajador recurrió entonces a la Suprema Corte, al considerar que la interpretación judicial era excesivamente estricta y desconocía las consecuencias del dictamen médico que había provocado su separación laboral.

Al revisar el asunto, el Pleno estableció que el ISSSTE es una institución legalmente facultada para determinar cuándo un trabajador del Estado se encuentra en estado de invalidez, ya que la declaración se obtiene mediante un procedimiento médico que incluye evaluaciones clínicas, revisión de antecedentes y la intervención de personal especializado.

Cuando el dictamen resulta positivo, puede dar lugar a la baja laboral del trabajador y al inicio de los trámites para recibir una pensión por invalidez. La Corte consideró que, una vez reconocida oficialmente esa condición, no resulta razonable exigir otro procedimiento médico únicamente para acceder a la liquidación prevista en las condiciones de trabajo.

El proyecto del ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía hizo una distinción entre la función del ISSSTE y la de las autoridades aeronáuticas. El primero determina la invalidez conforme a las disposiciones de seguridad social, mientras que la Agencia Federal de Aviación Civil evalúa si una persona reúne las condiciones físicas y mentales necesarias para ejercer las funciones de controlador aéreo.

Estas últimas evaluaciones son especialmente rigurosas debido a las responsabilidades de quienes supervisan los movimientos de aeronaves y contribuyen a mantener la seguridad del espacio aéreo.

Sin embargo, la Corte sostuvo que esa diferencia de funciones no justifica exigir una nueva evaluación para una liquidación cuando el trabajador ya fue dado de baja a consecuencia de una invalidez reconocida.

La resolución no modifica los requisitos médicos que deben cumplir los controladores aéreos para continuar en funciones. Su alcance se limita al acceso a la prestación laboral cuando existe un dictamen positivo de invalidez del ISSSTE.

Otro de los aspectos relevantes que llevaron a la decisión final de la Corte fue que el trabajador involucrado tenía más de 60 años y atravesaba una situación delicada de salud, elementos que debieron ser tomados en cuenta por los tribunales al resolver la controversia.

Exigir evaluaciones médicas adicionales puede representar una carga innecesaria para personas mayores que ya enfrentan problemas de salud, a la par de que algunos procedimientos pueden provocar agotamiento físico o resultar invasivos, por lo que su realización debe responder a una necesidad justificada, consideró el ministro ponente en su proyecto.

En este sentido, la Corte destacó que las autoridades tienen la obligación de evitar obstáculos administrativos que dificulten injustificadamente el ejercicio de los derechos de las personas mayores. La resolución retomó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que reconoce el derecho a una vida digna durante la vejez.

Bajo esta perspectiva, la interpretación de las condiciones laborales no puede desligarse de las circunstancias particulares del trabajador ni de las consecuencias que los requisitos administrativos pueden ocasionar sobre su salud.

La Corte también aclaró que la pensión por invalidez y la liquidación especial prevista para controladores aéreos son prestaciones diferentes. Mientras que la pensión del ISSSTE busca proporcionar seguridad económica a quienes pierden su capacidad de obtener ingresos mediante el trabajo debido a una enfermedad o accidente no profesional, la liquidación especial tiene como finalidad compensar la terminación de la relación laboral en los supuestos establecidos por las condiciones generales de trabajo.

Por esa razón, recibir una pensión de invalidez no significa que el trabajador pierda automáticamente el derecho a reclamar la liquidación correspondiente. Esta distinción fue considerada como importante porque ambas prestaciones pueden derivar de una misma situación de salud, pero responden a obligaciones y finalidades diferentes.

El criterio aprobado se refiere específicamente al régimen laboral de los controladores de tránsito aéreo y no implica que todos los trabajadores del sector público puedan recibir automáticamente ambas prestaciones.

Aunque la Suprema Corte resolvió a favor de la interpretación defendida por el trabajador, no determinó el monto de la liquidación que deberá recibir. La razón es que la Secretaría también había cuestionado el salario utilizado por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para calcular las prestaciones.

Este argumento no fue estudiado por el Tribunal Colegiado en su sentencia anterior, porque había considerado que el trabajador no tenía derecho a la liquidación. Con la revocación de esa interpretación, el expediente deberá regresar al Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito para que revise el cálculo económico pendiente.

Asimismo, deberá quedar sin efectos el nuevo laudo emitido el 30 de abril de 2026 para cumplir la sentencia favorable a la Secretaría, debido a que esta todavía estaba sujeta a revisión.

Por tanto, la decisión de la Corte no establece una cantidad definitiva ni implica que el pago se haya realizado, sino que elimina el obstáculo jurídico que impedía al trabajador reclamar la prestación especial.