Avala Suprema Corte sanciones contra acuerdos entre gaseras

• Por unanimidad, los ministros respaldaron las leyes que permiten castigar a empresas que pacten precios o se repartan mercados de gas LP.

FELIPE VILLA

CIUDAD DE MÉXICO.- Por unanimidad de votos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respaldó las disposiciones legales que permiten sancionar a empresas que se pusieron de acuerdo para fijar precios o repartirse mercados, al resolver un amparo relacionado con una investigación sobre prácticas monopólicas en la distribución y comercialización de gas LP.

Con algunos ajustes procesales, los ministros aprobaron el proyecto presentado por la ministra Yasmín Esquivel Mossa, que propuso negar la protección de la justicia federal a empresas y particulares que cuestionaron las leyes utilizadas por la extinta Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) para investigar y sancionar acuerdos entre distribuidores de este combustible.

Registrado como amparo en revisión 146/2026, el asunto tiene su origen en una investigación iniciada en 2017, en la que la autoridad detectó acuerdos entre compañías gaseras para coordinar precios, repartirse clientes y evitar competir en determinadas zonas del país.

De acuerdo con documentos oficiales de Cofece, entre los grupos empresariales identificados en la investigación se encuentran Tomza, Simsa, Soni, Nieto, Horizon, Internacional de Gas y Gaspasa, relacionados con las conductas investigadas en Culiacán, Sinaloa, aunque no todos estos grupos participaron directamente en el recurso resuelto por la Corte.

Uno de los puntos centrales de la resolución fue que los acuerdos entre empresas competidoras para manipular precios o dividirse mercados están prohibidos por la ley, sin que sea necesario demostrar en cada caso cuánto dinero perdieron los consumidores como consecuencia de esas conductas.

La Corte respaldó el artículo 53 de la Ley Federal de Competencia Económica, que considera ilegales los acuerdos entre competidores para fijar precios, limitar ventas, repartirse clientes o coordinar su participación en determinados mercados.

Las empresas inconformes argumentaron que esta disposición limitaba su derecho de defensa, porque no les permitía justificar los acuerdos a partir de las condiciones económicas en las que operaban.

No obstante, los ministros consideraron que estas prácticas son contrarias a la competencia por su propia naturaleza y que su prohibición busca proteger a los consumidores. Esto no significa que las autoridades puedan sancionar a una empresa sin pruebas, sino que antes se debe demostrar que existió el acuerdo ilegal, aunque no necesiten comprobar un daño económico específico para acreditar la infracción.

Otro de los argumentos presentados por las empresas fue que, durante parte del periodo investigado, el Gobierno federal establecía precios máximos para la venta de gas LP. Los inconformes señalaron que estos límites les impedían obtener ganancias excesivas y que los acuerdos cuestionados pudieron responder a la necesidad de mantener sus operaciones comerciales.

Sin embargo, la Corte rechazó que la existencia de precios regulados permita justificar acuerdos entre empresas competidoras. El criterio aprobado establece que, aun cuando el Gobierno imponga un precio máximo a determinado producto, las compañías deben tomar sus decisiones comerciales de manera independiente y respetar las reglas de competencia.

El caso se remonta a junio de 2017, cuando la entonces Comisión Reguladora de Energía presentó una denuncia ante Cofece por posibles acuerdos ilegales entre distribuidores de gas LP. Las investigaciones posteriormente se ampliaron a distintos mercados y regiones del país, entre ellos zonas de Sinaloa, Colima, Jalisco y Tamaulipas.

En octubre de 2022, la autoridad de competencia emitió una resolución sancionadora contra empresas y personas físicas involucradas en los acuerdos investigados. Según el comunicado oficial COFECE-037-2022, difundido el 9 de noviembre de ese año, la autoridad impuso multas que sumaron 2 mil 414 millones de pesos a 53 empresas y 34 personas físicas por prácticas relacionadas con la manipulación de precios y el reparto de mercados de gas LP.

La dependencia también estimó que estas conductas ocasionaron un daño económico de aproximadamente 13 mil 392 millones de pesos durante el periodo comprendido entre 2007 y 2019.

Entre los grupos señalados públicamente en la investigación general se encuentran Soni, Nieto, Tomza, Simsa, Global, Uribe y Metropolitano. En el caso específico de Culiacán, los informes oficiales también mencionan a Horizon, Internacional de Gas y Gaspasa entre los participantes identificados.

Las cantidades corresponden a las sanciones de la investigación administrativa general y no exclusivamente a las empresas que promovieron el amparo 146/2026.

Autoridades podrán ampliar investigaciones

La Suprema Corte también avaló que la autoridad encargada de investigar posibles acuerdos ilegales entre empresas pueda ampliar los plazos de sus investigaciones cuando existan razones justificadas.

Las compañías sancionadas habían cuestionado esta facultad al considerar que resultaba indebido que la misma autoridad que investigaba fuera también la encargada de decidir si necesitaba más tiempo. Argumentaron que esta situación podía generar conflictos de interés y prolongar innecesariamente los procedimientos.

Sin embargo, los ministros respaldaron el artículo 71 de la Ley Federal de Competencia Económica, que permite ampliar las investigaciones hasta en cuatro ocasiones, por periodos de hasta 120 días cada uno.

La Corte consideró que esa facultad no significa que las autoridades puedan actuar arbitrariamente, pues deben explicar y justificar cada ampliación, respetar los límites legales y sujetarse a la revisión de los tribunales.

También rechazó que las empresas pudieran exigir la aplicación de una antigua disposición que obligaba a cerrar investigaciones cuando transcurrían más de 60 días sin actuaciones. Esa regla fue eliminada en 2014, tres años antes del inicio formal de la investigación que dio origen al caso, por lo que los ministros determinaron que no existía un derecho adquirido para exigir su aplicación.

Aunque la Suprema Corte respaldó las disposiciones cuestionadas y negó el amparo en los aspectos constitucionales analizados, esto no significa que todas las multas hayan quedado definitivamente confirmadas por el máximo tribunal. El proyecto aprobado contempla que el expediente regrese al Segundo Tribunal Colegiado especializado en competencia económica para que examine los argumentos pendientes sobre la legalidad de las actuaciones de Cofece.