Senadores opositores plantean restablecer la ley de conflicto de intereses o “puerta giratoria”

La última vez que el cartismo modificó la normativa fue en diciembre de 2025, cuando la Cámara de Senadores se ratificó en los cambios a la ley de conflicto de intereses.

Con estas variaciones, de acuerdo con los legisladores opositores, el cuerpo legal perdió su razón de ser. La Ley 7089 original había sido promulgada en abril de 2023 por el entonces presidente Mario Abdo Benítez, en coincidencia con el Día del Periodista y a pocos meses de entregar el mandato a Santiago Peña.

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La finalidad de esta normativa era evitar que los funcionarios públicos que ocuparon altos cargos en el Estado aprovechen la información y los contactos obtenidos en sus puestos para trasladarlos como un activo a su currículum, facilitando su contratación en empresas del sector privado que anteriormente regulaban desde la función pública. Sin embargo, desde que el cartismo asumió el control político, la herramienta legal sufrió sucesivos recortes.

¿Qué busca el nuevo proyecto presentado en el Senado?

Ante este escenario, los senadores opositores Rafael Filizzola (PDP), Yolanda Paredes (Cruzada Nacional), Esperanza Martínez (PPC), Ignacio Iramaín (Independiente) y José Oviedo (Yo Creo) presentaron un proyecto de ley “que establece el régimen de prevención, corrección y sanción de conflictos de intereses en la función pública”.

¿Qué impacto tuvo el caso Ueno/Peña en la presentación de la ley?

“Las puertas giratorias facilitaron el crecimiento de Ueno, su acceso privilegiado a fondos públicos y privados que provocaron la crisis económica, política y social que hoy pagan las familias trabajadoras”, sentenció a través de sus redes sociales la proyectista Esperanza Martínez.

La parlamentaria indicó que por esta razón presentaron una iniciativa que deroga las modificaciones introducidas a la ley original, las cuales debilitaron los mecanismos de prevención y control.

“Vamos a incorporar mejoras durante el actual proceso legislativo de manera a elevar la capacidad de control, la exigencia de transparencia y publicidad, así como las sanciones”, concluyó.