Pryse ganó contrato del Tren Maya con empresa ligada a Raúl Rocha Cantú, investigada por FGR

La empresa Grupo de Seguridad Privada Pryse obtuvo contratos públicos por 12 mil 928 millones de pesos durante los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, y consiguió una adjudicación para brindar vigilancia al Tren Maya junto con Servicios Integrales Valbón, compañía relacionada con Raúl Rocha Cantú, propietario de la marca Miss Universo e investigada por presuntos delitos federales.

Los datos forman parte de nueva entrega de una investigación del periodista Víctor Hugo Arteaga, difundida por Aristegui Noticias y presentada en el programa Aristegui en Vivo.

Empresa recibió casi 13 mil millones de pesos en contratos

El pasado 9 de noviembre publicamos que Grupo Pryse obtuvo 246 contratos de 28 instituciones públicas entre 2019 y 2026, por casi 12 mil 900 millones de pesos sin IVA.

Entre las dependencias mencionadas figuran el IMSS, IMSS-Bienestar, Capufe, el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, el Tren Maya y la Secretaría de Marina.

En esa ocasión informamos sobre la concentración de adjudicaciones en pocos proveedores y las dudas planteadas por la investigación sobre la accionista mayoritaria de la compañía.

PARA ENTENDER MEJOR: Empresa recibió casi 13 mil millones de pesos en contratos durante los gobiernos de AMLO y Sheinbaum

Empresa investigada por la Fiscalía General de la República

En la nueva entrega dada a conocer por Aristegui Noticias se señala que la investigación, realizada por Xpectro FM y titulada “Pryse: la red de alianzas, contratos públicos, empresas investigadas y sanciones administrativas”, documenta 21 contratos adicionales para Grupo Pryse, así como relaciones con otras compañías que participan en licitaciones públicas de seguridad privada.

De acuerdo con Arteaga, Servicios Integrales Valbón aparece en el expediente 928/2024 de la Fiscalía General de la República (FGR), relacionado con indagatorias por presunto tráfico de armas e hidrocarburos, lavado de recursos y facturación simulada.

La investigación periodística identifica a Rocha Cantú como una persona relacionada con esa empresa, aunque los señalamientos corresponden a presuntas actividades ilícitas y no constituyen por sí mismos una determinación de responsabilidad penal.

Grupo Pryse y otras cuatro empresas concentran contratos millonarios

Tras revisar nuevas adjudicaciones y documentos oficiales, Arteaga identificó 21 contratos adicionales para Grupo Pryse, con lo que el monto acumulado llegó a 12 mil 928 millones de pesos.

Para dimensionar los recursos, señaló que esa cantidad permitiría construir cuatro hospitales de alta especialidad, con 48 camas cada uno, y garantizar el abasto de medicamentos durante un año.

El periodista también presentó un análisis de cinco compañías que, en conjunto, obtuvieron alrededor de 43 mil millones de pesos por servicios de seguridad privada para instituciones públicas durante el gobierno de López Obrador.

La revisión abarcó 28 instituciones y arrojó los siguientes montos: Grupo Pryse, 12 mil 98 millones de pesos; Serprosep, 9 mil 777 millones; SII, 9 mil 38.8 millones; Sepiver, alrededor de 8 mil 60 millones, e Hidalgo Vigueras, 4 mil 562 millones.

Arteaga afirmó que estos cinco grupos concentran cerca del 80% de los recursos destinados a la contratación de seguridad privada subrogada, modalidad en la que dependencias públicas recurren a empresas particulares para cubrir sus necesidades de vigilancia.

En la entrevista también mencionó extraños movimientos en la estructura corporativa de otras compañías.

Como ejemplo, citó a Servicios Industriales Institucionales, que registró 10 modificaciones en sus actas constitutivas durante los últimos ocho años. A juicio del periodista, los cambios constantes en la composición accionaria de una empresa que participa en contrataciones públicas son un elemento que merece atención.

Pryse y Servicios Integrales Valbón ganaron juntos contrato del Tren Maya

Uno de los hallazgos centrales fue que Grupo Pryse y Servicios Integrales Valbón participaron conjuntamente en una licitación para proporcionar seguridad privada al Tren Maya y obtuvieron el contrato. Arteaga consideró relevante esa alianza por los antecedentes de Valbón en una investigación de la FGR.

Al referirse al expediente, mencionó a Jorge Enrique Alberts Ponce, alias “El Yoryi”, identificado como uno de los presuntos operadores; Jacobo Reyes León, señalado como presunto dirigente, y Raúl Rocha Cantú, a quien se identifica como presunto inversionista en empresas relacionadas con operaciones ilegales de hidrocarburos o huachicol.

La investigación también detectó la participación de Pryse, Protección, Resguardo y Servicios Empresariales y Multisistemas Uribe en una licitación del IMSS por mil 334 millones de pesos.

Arteaga explicó que, según información obtenida de personas vinculadas con el sector, algunas compañías que tienen permisos para utilizar armas se asocian con otras que carecen de esas autorizaciones para presentarse juntas a licitaciones. Esa práctica, expuso, permitiría que empresas sin los permisos correspondientes participen con el respaldo de otras que sí cuentan con ellos.

El periodista describió que algunas compañías “juegan en tándem” para ganar concursos públicos. Sin embargo, aclaró que el propósito de su trabajo no es atribuir responsabilidades penales, sino identificar posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos y señalar las preguntas que, desde el ejercicio periodístico, requieren respuesta.

Inhabilitaciones y amparos permitieron nuevas contrataciones

Otro apartado del reportaje aborda las inhabilitaciones administrativas que enfrentaron Grupo Pryse y otras compañías relacionadas, así como los contratos que consiguieron después. Arteaga indicó que las sanciones fueron determinadas por autoridades mexicanas y que las empresas obtuvieron un amparo que les permitió volver a participar en procedimientos de contratación pública.

En diciembre de 2025, las compañías consiguieron contratos del IMSS y del IMSS-Bienestar por alrededor de mil 300 millones de pesos. No obstante, en mayo y agosto de 2026, el Tribunal de Justicia Administrativa resolvió que las inhabilitaciones habían sido correctas, luego de revisar las inconformidades presentadas por órganos internos de control del IMSS, del aeropuerto y del IMSS-Bienestar.

Arteaga cuestionó que las empresas hubieran podido participar en licitaciones y obtener recursos durante el periodo en que contaron con la protección judicial, pese a que después se confirmaron las sanciones administrativas.

La investigación tuvo una actualización este miércoles 11 de noviembre: La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno informó que el Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito revocó la suspensión de la inhabilitación impuesta a Grupo de Seguridad Privada Pryse de México y a Protección, Resguardo y Servicios Empresariales.

La dependencia precisó que la resolución, dictada en la revisión incidental R.A. 189/2026, hizo que volviera a surtir efectos la sanción impuesta por el Órgano Interno de Control en el IMSS. Añadió que ningún funcionario federal, estatal o municipal puede contratar a esas empresas cuando haya recursos federales involucrados. También afirmó que dará seguimiento al proceso y defenderá las sanciones.

Además, la investigación señaló que Grupo Pryse estaba registrado para participar este miércoles en una licitación de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) de Veracruz por 646 millones de pesos, para brindar vigilancia en el edificio administrativo y las áreas operativas.

Cuestiona domicilio de accionista mayoritaria de Pryse

Como en la anterior entrega, Arteaga también revisó la participación de Silvia Muciño Negrete, de 90 años, identificada como accionista mayoritaria de Grupo Pryse.

Explicó que acudió al domicilio registrado por ella en su credencial para votar y en documentos corporativos utilizados ante las autoridades para formalizar contratos con el gobierno federal.

En el inmueble, ubicado en una colonia popular de Jiutepec, Morelos, encontró una vivienda rentada por una pareja que dijo no conocer a Muciño Negrete.

También consultó a vecinos, quienes afirmaron que no la habían visto durante los años que llevaban viviendo en el lugar. El equipo verificó el número catastral y, según Arteaga, confirmó que correspondía con la dirección asentada en la documentación de la accionista.

El periodista aclaró que la edad de Muciño Negrete no representa por sí misma una irregularidad ni le impide participar en actividades comerciales. Su cuestionamiento se centró en la correspondencia entre el domicilio registrado ante las autoridades y la información obtenida durante la visita.

A partir de documentos y de la revisión de esa dirección, el equipo llegó a Tabasco, estado del que sería originaria la accionista, y dijo que continúa esa línea de investigación.

Arteaga relató que intentó obtener la postura de Grupo Pryse durante cinco días, pero no consiguió hablar con algún directivo. El personal que atendió una llamada a las oficinas centrales dijo conocer a Muciño Negrete, aunque señaló que llevaba años sin verla. El periodista dejó sus datos para que la compañía pudiera responder.

El equipo también acudió a otra oficina de la empresa, en la zona de Ampliación Aviación, cerca del aeropuerto. Ahí les informaron que el inmueble funcionaba como centro de capacitación para aspirantes a guardias de seguridad y que los asuntos relacionados con directivos debían tratarse en las oficinas centrales de Jiutepec. Arteaga afirmó que tampoco obtuvo respuesta y sostuvo que el derecho de réplica permanece abierto.