Gastan empresas más recursos en protección, advierte la Coparmex
- Aunque Quintana Roo registró una reducción en la prevalencia e incidencia delictiva contra las unidades económicas durante 2025, la extorsión continúa como uno de los principales problemas para el sector empresarial.
OMAR ROMERO
CANCÚN, Q. ROO.- Aunque Quintana Roo registró una reducción en la prevalencia e incidencia delictiva contra las unidades económicas durante 2025, la extorsión continúa como uno de los principales problemas para el sector empresarial.
Los empresarios han tenido que incrementar sus inversiones en medidas de seguridad para proteger sus negocios y colaboradores, advirtió María Jovita Portillo Navarro.
La presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Quintana Roo, detalló los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2026 presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El organismo empresarial confirma una de las principales preocupaciones que ha identificado mediante sus propios indicadores: la extorsión es el delito que más afecta a los empresarios.
Portillo Navarro explicó que, si bien algunos delitos han disminuido, como los homicidios, la extorsión mantiene una incidencia importante y representa una presión adicional para los establecimientos, particularmente para las micro y pequeñas empresas.
De acuerdo con el Inegi, Quintana Roo redujo la tasa de unidades económicas víctimas de tres mil 287 por cada 10 mil establecimientos en 2023 a dos mil 233 en 2025, con lo que se ubicó por debajo de la media nacional, de dos mil 593.
La incidencia delictiva pasó de ocho mil 851 a tres mil 528 delitos por cada 10 mil unidades económicas en el mismo periodo.
Sin embargo, la dirigente empresarial advirtió que la disminución de los delitos no significa que hayan dejado de enfrentar costos adicionales, pues ahora deben invertir en cámaras de vigilancia, equipos y estrategias internas para reforzar su protección.
“El costo ha incrementado por el blindaje que tenemos que hacer en cuestiones de seguridad interna, así como en la contratación de cámaras de seguridad y todos los aditamentos para contar con una mejor protección, tanto para nosotros como sector empresarial como para nuestros colaboradores”, explicó.
Portillo Navarro estimó que entre 14 y 15 por ciento de los empresarios podrían estar expuestos a situaciones de extorsión, incluso mediante llamadas de personas que se hacen pasar por servidores públicos, una modalidad que se suma a las amenazas relacionadas con grupos delictivos.
Precisó que, hasta el momento, Coparmex Quintana Roo no tiene reportes de cierres de empresas de sus afiliados directamente relacionados con este problema, aunque reconoció que los gastos adicionales de seguridad representan una carga para mantener las operaciones.
Indicó que el impacto económico depende del giro comercial, el número de trabajadores y las dimensiones del establecimiento, pero las micro y pequeñas empresas son las que resienten con mayor fuerza estas erogaciones.
“Todo esto sí merma en la cuestión económica para seguir manteniéndose en la formalidad. Nuestro principio es cumplir con nuestras obligaciones, pero todos estos factores también afectan la economía de las empresas”, sostuvo.
Buscan coordinación
Ante este panorama, Portillo Navarro informó que la Coparmex Nacional ya estableció acercamientos con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch, para desarrollar una estrategia que permita atender las denuncias del sector empresarial en distintos estados.
También se estableció un canal de comunicación con la Guardia Nacional para reportar casos de extorsión, robo de mercancías e inseguridad en carreteras, además de dar seguimiento a las denuncias que presenten los centros empresariales.
En Quintana Roo, agregó, mantienen comunicación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el C5 para reportar incidentes y solicitar atención cuando sea necesario.
La intención es que estos canales de colaboración permitan dar seguimiento a los casos mediante reuniones mensuales y atención particular cuando alguna empresa resulte afectada.
Consideró necesario que los compromisos de las autoridades se traduzcan en resultados concretos, pues la seguridad representa un gasto adicional para los negocios en un contexto en el que también enfrentan dificultades económicas y una menor actividad.
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