El Gobierno posterga las nuevas privatizaciones hidroeléctricas hasta 2027

El Gobierno extendió hasta el 30 de abril de 2027 el plazo de operación de las represas hidroeléctricas de jurisdicción nacional que están en manos de privados y que todavía no fueron relicitadas.

La medida, instrumentada mediante el Decreto 1349/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, busca garantizar la continuidad, regularidad y seguridad en la prestación del servicio de generación eléctrica hasta tanto se lancen los nuevos procesos de privatizaciones, que volverán a aportar dólares al ministro de Economía, Luis Caputo, para pagar la deuda en 2027.

Las centrales hidroeléctricas alcanzadas por la medida son Agua del Toro, Los Reyunos y El Tigre, ubicadas en Mendoza, cuyo concesionario es Pampa Energía, a través de Hidroeléctrica Diamante; Cabra Corral y El Tunal, de Salta, operadas por la multinacional estadounidense AES; Río Hondo y Los Quiroga, de Santiago del Estero, y El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo, de Tucumán, operadas por la constructora Holdec; y Futaleufú, de Chubut, a cargo de Aluar.

La más grande de todas es precisamente Futaleufú, con 560 megavatios (MW), y es el activo principal de Aluar para producir aluminio con energía barata. La empresa de Javier Madanes Quintanilla -que cerró la fábrica de neumáticos FATE este año- se va a presentar a la licitación, aunque también construyó alternativas de abastecimiento de energía a través de centrales térmicas y parques eólicos.

Estos 11 complejos tienen una potencia instalada de 1.127,7 MW, poco más del 2,5% del total de la Argentina. Según un informe de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), su valor total al 2024 era de 1.356 millones de dólares, aunque eso no implica una tasación comercial.

Tomando en cuenta lo recaudado por el Gobierno a principios de este año con las privatizaciones de las represas en Neuquén y Río Negro, estas licitaciones podrían sumar cerca de US$ 200 millones a la caja del Ministerio de Economía.

El decreto firmado por el presidente Javier Milei delega formalmente en la Secretaría de Energía las atribuciones para fijar las pautas, elaborar la documentación, llamar a Licitación Pública Nacional e Internacional, otorgar las nuevas concesiones y suscribir los contratos correspondientes.

En los considerandos se destaca que la energía hidroeléctrica representa una fuente renovable, limpia y estratégica para aportar confiabilidad al Sistema Argentino de Interconexión (SADI). La medida se encuadra en las Leyes 15.336 y 24.065, en respuesta al vencimiento de los plazos contractuales del régimen instaurado en la década de 1990 bajo la Ley 23.696.

Como antecedente, la normativa recordó los procesos licitatorios iniciados para los complejos Cerros Colorados, El Chocón-Arroyito, Alicurá y Piedra del Águila, así como la convocatoria conjunta con Mendoza para el sistema Los Nihuiles.

Entre las privatizaciones energéticas se espera también el lanzamiento de la venta del 44% de las acciones del Estado nacional en Nucleoeléctrica Argentina (NASA), encargada de operar las tres centrales nucleares, así como otros activos de Energía Argentina (Enarsa), entre ellos centrales termoeléctricas.