Piden la quiebra directa del Grupo Vázquez tras la resolución de Ueno Bank

Se promovió formalmente una acción de declaración de quiebra directa contra la sociedad Grupo Vázquez S.A.E. ante los juzgados en lo Civil y Comercial de Asunción. El reclamo judicial fue impulsado bajo la representación del abogado Marcial Bordas Álvarez y el patrocinio de los abogados Federico Campos López Moreira y José Acosta Cazal.

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La medida se sustenta en el impago de un crédito millonario que supera los G. 5.500 millones, el cual cuenta con mandamientos de intimación de pago y embargo insatisfechos. En la presentación judicial se señala que la firma deudora cayó en un estado evidente de insolvencia y falta de liquidez, perdiendo la capacidad para atender regularmente sus compromisos financieros.

El impacto directo de la resolución de Ueno Bank

El pedido de quiebra vincula de forma directa el deterioro económico de la entidad con la decisión adoptada por el Banco Central del Paraguay (BCP). El pasado 3 de noviembre de 2026, la máxima autoridad bancaria comunicó el inicio del procedimiento de resolución de Ueno Bank S.A.

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De acuerdo con informes de calificación de riesgo citados en el escrito, Ueno Bank representaba una parte crucial del EBITDA y de la generación de ingresos consolidados de las unidades de negocio del Grupo Vázquez. Tras las medidas impuestas sobre la entidad financiera y la inmovilización de cuentas, la deudora quedó en una situación de iliquidez crítica ante el vencimiento inminente de sus deudas.

Rastreo de activos y acciones en el fuero penal

El abogado patrocinante Federico Campos López Moreira confirmó en sus redes sociales el inicio del trámite judicial y aseguró que la representación legal mantendrá una postura activa ante las autoridades administrativas, fiscales y judiciales.

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El objetivo central de las acciones planteadas es seguir cada movimiento institucional hasta ubicar los fondos adeudados y lograr que los responsables respondan con sus bienes y penas privativas de libertad.

Asimismo, la demanda solicita formalmente la apertura del denominado periodo de sospecha. Con este mecanismo legal, la querella busca examinar exhaustivamente las operaciones comerciales, transferencias de bienes u ocultamientos de patrimonio realizados previamente por la sociedad deudora, solicitando la nulidad de cualquier acto en perjuicio de los acreedores y de la ciudadanía.