Caso ueno: Defensa de Gustale recurre a la Corte contra la resolución que amplía los cargos

La defensa de Juan Manuel Gustale Cardoni, presidente de ueno bank SA, apeló ante la Sala Penal de la Corte la resolución del Tribunal de Apelación Penal que agregó dos cargos más en su contra por supuesto lavado de activos y asociación criminal. Dice que es una resolución originaria de esa instancia.

Los abogados José Miguel Fernández Zacur y Marcio Battilana, en representación del imputado Gustale Cardone, recurrieron la resolución dictada el martes por el Tribunal de Apelación Penal Especializado que confirmó la prisión, y a la vez, agregó dos cargos en su contra por el caso de ueno bank.

Específicamente, cuestionan el punto en el que los jueces agregaron la calificación de lavado de activos y asociación criminal en su contra, además de agravar la tentativa de estafa por consumada y agravada.

Dijeron que los camaristas cumplieron dos funciones distintas porque en el primero, ejercieron su competencia revisora al admitir el recurso y confirmar la prisión preventiva decretada por el juez de Garantías.

En el segundo punto, la defensa sostuvo que los jueces introdujeron de oficio nuevas calificaciones penales, incluyendo lavado de activos y asociación criminal y modificaron otras existentes, tales como de tentativa de estafa a consumada especialmente grave.

Afirmaron que esto se dio “sin que semejante cuestión hubiese sido resuelta en esos términos por el juez de Garantías ni sometida a apelación por la Fiscalía”.

Por consiguiente, sostuvieron que “el Tribunal no actuó como órgano revisor, sino que emitió una decisión jurisdiccional originaria”. Alegaron que “no se pretende una tercera instancia para revisar nuevamente la prisión preventiva, sino una primera revisión jurisdiccional de una decisión desfavorable introducida directamente por el Tribunal de Apelaciones”.

La defensa argumentó que es una resolución originaria del tribunal, por lo que es admisible la apelación. Incluso, anticiparon que los mismos camaristas podrían declarar inadmisible el recurso, “arrogándose una competencia que no le corresponde. Tal proceder constituiría una agravante y un desconocimiento del artículo 16 de la Constitución”.

Cuestión no apelada

Después, ya al fundar el recurso, señalaron que existe una violación directa del artículo 456 del Código Procesal Penal, ya que el Tribunal se pronunció sobre una cuestión no sometida a su competencia recursiva.

Alegaron que nadie apeló la cuestión, ni siquiera la Fiscalía, por lo que el Tribunal incorporó una calificación penal autónoma, incluyendo lavado de activos y asociación criminal, además de modificar la calificación de estafa.

Después, señalaron que transgredió la prohibición de la reforma en perjuicio. Explicaron que la norma no limita su prohibición a las sentencias definitivas, al aumento de penas o al agravamiento de medidas privativas de libertad. Se refiere a la modificación de la resolución en perjuicio del imputado.

También manifestaron que la ausencia de impugnación fiscal impedía ampliar el objeto del recurso. Asimismo, existe confusión entre la facultad de calificación jurídica y los límites funcionales de la jurisdicción de apelación.

De esta manera, expresaron que se quebrantó el derecho a la defensa con lo que procede la nulidad de la resolución.

“La defensa acudió a la segunda instancia para discutir una medida cautelar concreta. No existió un planteamiento recursivo acusatorio que pusiera a debate la incorporación de lavado de activos, la modificación de tentativa a consumación en la estafa o las demás calificaciones añadidas o reformuladas. En consecuencia, se introdujo un pronunciamiento penal desfavorable sin haber ofrecido a los recurrentes una oportunidad específica de contradicción sobre esa ampliación”, precisaron.

Los camaristas se abrogaron funciones propias del órgano acusador y también se atribuyeron facultades exclusivas del Tribunal de Sentencia, acotaron en su recurso. Finalmente, pidieron anular el fallo.

Solicitaron que el recurso sea tramitado y que se remita a la Sala Penal de la Corte para que esta estudie el recurso de apelación