Honduras suspende orden de captura contra exjefe castrense acusado por muerte de joven

Con una votación de nueve magistrados a favor y cinco en contra, la Corte Suprema de Justicia aceptó un amparo a favor de Vásquez (general retirado) presentado por la defensa del acusado, dijo a los periodistas el portavoz de ese poder del Estado, Melvin Duarte.

Vásquez era jefe del Estado Mayor Conjunto de la institución castrense cuando Zelaya fue derrocado, por promover reformas constitucionales que la ley no le permitía, según las autoridades que regían entonces en el país centroamericano.

Según señaló Duarte, la resolución del Poder Judicial no deja sin efecto el requerimiento fiscal ni paraliza el proceso judicial, el cual deberá continuar en sus diferentes etapas.

En enero de 2025 Vázquez y otros dos generales, también retirados, fueron acusados del asesinato de Isis Obed Murillo, en Tegucigalpa, durante los incidentes violentos que se registraron a raíz del golpe de Estado a Zelaya.

Posteriormente, la justicia dictó arresto domiciliario para los tres exoficiales, pero luego resolvió que deberían regresar a prisión, lo que no pudo lograr con Vásquez, quien se fugó.

De los tres oficiales acusados, por la muerte de Murillo de un balazo en la cabeza, el 5 de julio de 2009, cuando Zelaya en un intento fallido, quiso aterrizar en Tegucigalpa, donde era esperado por miles de manifestantes que condenaron el golpe de Estado, dos guardan prisión, mientras que Vásquez fue declarado prófugo, incluso se ofreció una recompensa a quien facilitara su captura.

Desde entonces, y desde lugares desconocidos, Vásquez ha venido declarando que Zelaya estaría queriendo mandarlo a matar, y cuestionando duramente al sistema judicial del país, principalmente de la Fiscalía.

Vásquez también ha venido pidiendo la suspensión de la orden de captura para recibir tratamiento por varios problemas de salud.

El exjefe castrense estuvo al frente de la captura de Zelaya el día que fue derrocado, a pocas horas de que se iniciara una consulta popular que promovía el expresidente, pese a que había sido advertido de que era inconstitucional.