Malvinas: el valor de la prudencia

En un editorial anterior elogiamos la decisión de la cancillería argentina de recurrir en octubre pasado al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para plantear una controversia derivada de la ilegítima ocupación británica de las islas Malvinas. Consideramos entonces que acudir a los mecanismos jurídicos internacionales, en lugar de limitarse a las habituales declaraciones diplomáticas, constituía una iniciativa digna de reconocimiento. Pero, entre la presentación de una reclamación y la obtención de una decisión favorable, puede mediar un camino largo y empinado.

El país comenzó anteayer a exponer sus argumentos ante el citado tribunal, con sede en Hamburgo, que analiza la inédita demanda contra Gran Bretaña por la explotación ilegal de recursos hidrocarburíferos en aguas cercanas a las Malvinas, a cargo del proyecto anglo-israelí Sea Lion.

La secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal, quien encabeza la delegación reclamó la suspensión de la explotación petrolera, tal como se había anticipado en la presentación de la demanda, a cargo de la consejería legal internacional de la Cancillería que encabeza Mario Oyarzábal.

Los delegados argentinos reclamaron, además, que las empresas no utilicen la información obtenida durante la etapa de exploración, que se proteja y preserve el medio marino y que se le impida a Gran Bretaña “tomar medidas que agraven la disputa”. Argumentaron para ello que hay una controversia de soberanía sobre las islas y que, en consecuencia, no es legal utilizar los recursos naturales mientras esta disputa se mantenga abierta.

El Tribunal del Mar, integrado por 21 jueces de distintas nacionalidades, es un organismo de elevada jerarquía técnica. Su función no consiste en expresar simpatías políticas ni en premiar la justicia histórica de las causas sometidas a su consideración, sino en resolver controversias conforme a las normas internacionales que rigen su competencia.

La presencia entre sus integrantes de una distinguida jurista argentina, Frida Armas Pfirter, constituye un motivo de legítimo orgullo, pero no ofrece garantía alguna sobre el resultado del procedimiento. Y es saludable que así sea, pues la autoridad de un tribunal internacional depende precisamente de su independencia y de la calidad jurídica de sus decisiones.

En nuestro editorial anterior expresamos la esperanza de que quienes impulsaron esta iniciativa hayan extremado los recaudos necesarios para evitar que, como suele decirse, el tiro saliera por la culata.

La advertencia conserva toda su actualidad. La elección del tribunal, la determinación de su competencia y la formulación de las pretensiones son cuestiones que exigen una preparación jurídica particularmente rigurosa. Una decisión adversa podría producir consecuencias diplomáticas y jurídicas que trascendieran ampliamente el litigio concreto.

El recurso al derecho internacional merece ser celebrado. Pero el patriotismo, por sí solo, no reemplaza la precisión jurídica ni la prudencia procesal.

Defender los derechos argentinos sobre las Malvinas exige convicción. También exige no confundir la justicia de una reivindicación con la seguridad de obtener una sentencia favorable.