Se controlan depósitos de gente honesta mientras los peces gordos nadan sin control en el mar de la corrupción

En menos de una semana el país vio colapsar Ueno Bank, un banco digital con cerca de 2,9 millones de clientes y entre 800 y 850 millones de dólares en fondos públicos y previsionales (IPS, Itaipú, Yacyretá, ANDE y otras).

La Fiscalía imputó a 27 personas –directivos del banco y de empresas del grupo– por lesión de confianza, tentativa de estafa, conducta indebida en crisis y otras figuras. El Banco Central inició el procedimiento de resolución al constatar que la solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo legal. El presidente Santiago Peña, accionista del holding hasta 2025, fue destituido por juicio político, imputado y quedó bajo prisión preventiva.

El esquema es claro y reiterado: préstamos y sobregiros millonarios a sola firma, sin garantías adecuadas, a empresas del propio grupo controlador (Mowi, Grupo Hendy, Grupo M y otras), cuyo dinero se transfería casi de inmediato a sociedades vinculadas (ITTI, Redisa, Redipro, Vinanzas, etc.) para cubrir sobregiros o sostener el circuito.

Una venta de cartera por unos 74,4 millones de dólares a Vinanzas –también vinculada– se presentó como “al contado”, cuando la normativa prohíbe la financiación directa o indirecta por el propio banco. Todo mientras la entidad concentraba depósitos del Estado y de los jubilados.

La pregunta elemental es: ¿para qué sirven las leyes de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y las normas de control bancario y societario, si transferencias multimillonarias con indicadores de riesgo tan evidentes pasaron por las narices de las instituciones encargadas de vigilarlas?

Paraguay tiene un marco normativo que obliga a reportar operaciones sospechosas (ROS), aplicar debida diligencia reforzada a vinculadas, monitorear transferencias de gran cuantía y limitar el crédito a partes relacionadas. Seprelad es la unidad de inteligencia financiera, los sujetos obligados reportan y ella analiza y eleva a la Fiscalía.

La Superintendencia de Bancos supervisa límites de vinculación, clasificación de riesgo, solvencia y calidad de los análisis crediticios. La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) cruza flujos, ingresos declarados y movimientos societarios. La Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) administra activos incautados en el ecosistema de recuperación de los mismos. Todos tenían el libreto. Nadie lo interpretó.

En el caso Ueno los indicadores fueron groseros y se repitieron durante meses: desembolsos de decenas de millones el mismo día o días siguientes a empresas del grupo; transferencias circulares que volvían para cubrir deudas o sobregiros; solicitudes de “desvinculación” sin documentación suficiente; venta de cartera a otra empresa del mismo conglomerado; y concentración extraordinaria de fondos públicos en una entidad de crecimiento explosivo con gobernanza concentrada, pese a prohibiciones legales e informes técnicos internos del Banco Central que meses antes advertían inconsistencias graves.

Investigaciones previas (caso A Ultranza Py) ya habían señalado que estructuras vinculadas al mismo conglomerado (Ueno Holding, Credicentro y otras) habrían servido para introducir entre 3,8 y 4,1 millones de dólares de presunto origen ilícito ligados a operadores de Sebastián Marset, con préstamos e inversiones simuladas o circulares en un mismo día, sin los correspondientes ROS ante Seprelad.

¿Dónde estuvieron las alertas? ¿Por qué transferencias multimillonarias entre sociedades del mismo grupo, con destinos que no coincidían con lo declarado y sin capacidad de generación de ingresos ordinarios, no generaron reportes ni intervenciones oportunas de la Superintendencia?

¿Por qué la DNIT no cruzó o no actuó con la celeridad que el volumen y la circularidad exigían? ¿Y qué capacidad real de detección y recuperación tiene un sistema en el que Senabico interviene principalmente después de la incautación, cuando el daño ya está hecho?

El sistema de controles –Seprelad, Superintendencia, DNIT y herramientas de recuperación que incluyen a Senabico– está diseñado precisamente para detectar y detener esquemas que combinan captura de depósitos públicos y privados, crédito a vinculadas, circularidad de fondos y posibles orígenes ilícitos. Cuando un banco se vuelve sistémico, concentra cientos de millones del Estado y de los jubilados, presta a sola firma a empresas de su propio dueño y luego “vende” cartera a otra del mismo grupo, los indicadores no son sutiles: ¡son groseros!

La Fiscalía ya pidió a Seprelad historiales societarios, bancarios y contables. El Senado discute una comisión bicameral de investigación. Eso es necesario, pero llega después del colapso. Las leyes de prevención no existen para redactar informes post-facto ni para administrar bienes una vez ordenada la incautación. Existen para que transferencias multimillonarias con patrones de circularidad, vinculación y falta de sustancia económica generen alertas en tiempo real y obliguen a actuar antes de que la solvencia se derrumbe y millones de paraguayos –incluidos jubilados– pierdan el acceso a sus fondos.

Si el sistema no detectó ni actuó sobre operaciones que reunían casi todos los indicadores clásicos de riesgo, la ciudadanía tiene derecho a preguntarse: ¿para qué sirven esas leyes y esas instituciones? ¿Para monitorear y exigir respuestas sobre ínfimos depósitos de personas trabajadoras y honestas, mientras los peces gordos nadan sin ser molestados en el mar de la corrupción?

No basta con imputar a los directivos del banco ni con destituir a un presidente. Es indispensable investigar y, en su caso, sancionar las omisiones de quienes tenían el deber legal de vigilar. Seprelad, la Superintendencia de Bancos, la DNIT y, en su ámbito, Senabico deben explicar con documentos y fechas por qué las transferencias multimillonarias del caso Ueno no generaron las alertas, los reportes y las medidas que la ley exige.

De lo contrario, las normas de prevención del lavado seguirán siendo letra muerta, útiles solo para el discurso y el cumplimiento formal, mientras los esquemas más graves ocurren bajo sus narices.

Paraguay no puede permitirse otro Ueno. Las instituciones de control existen para evitar precisamente lo que acaba de ocurrir. Si fallaron, deben responder. Si no se les exige cuentas, el mensaje será claro: las leyes de prevención del lavado sirven para cualquier cosa, menos para prevenir.