11-N, la huelga de última llamada

El 11-N, tras 14 años sin un paro general, ha sido tan atípico como se preveía. Una huelga de última llamada en los estertores del segundo mandato de Sánchez; pórtico de una campaña electoral y alentada por un Gobierno ‘en funciones’, lo que ha supuesto la gran diferencia con las anteriores. Nunca en la historia de la democracia la Moncloa había jaleado una huelga; al contrario, cada convocatoria provocaba preocupación y nervios. Así que este 12-N, cuando despertemos, el dinosaurio del problema de la vivienda y de los salarios seguirá ahí. Pero hoy no habrá un detalle fundamental, una ausencia que ha hecho a esta huelga diferente: no habrá un gobierno al otro lado para discutir las reclamaciones.

Por ejemplo, como en la verdaderamente histórica jornada de huelga general del 14 de diciembre de 1988. La segunda huelga que le hacían UGT y CCOO –con Nicolás Redondo y Antonio Gutiérrez– a Felipe González paralizó el país. El Gobierno retiró el plan de empleo juvenil –que pretendía introducir contratos temporales para jóvenes de 16 a 25 años con condiciones que los sindicatos veían inaceptables– y se sentó a negociar. Hubo, además, un efecto colateral durísimo: la ruptura entre los líderes ugetistas y los socialistas, hasta entonces hermanados.

También hubo un doloroso divorcio en la huelga de 2010 contra los recortes de José Luis Rodríguez Zapatero. Un año antes, los había descartado con rotundidad y el idilio gubernamental con Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo se rompió abruptamente.

Ayer sí hubo cosas comunes a las jornadas de paro general vividas desde la aprobación de la Constitución que regula este derecho: más huelguistas en la gran industria que en el sector servicios; piquetes, barricadas y guerra de cifras, tensión, cortes de tráfico, cargas policiales, masivas manifestaciones. Y ese territorio de tonos grises en el que los cierres por prevención y el auge del teletrabajo hacen que el cómputo del seguimiento no sea tan fácil como sumar dos más dos. El descenso del consumo eléctrico, bastante menor que en la última huelga general de 2012, o incluso que la de un domingo cualquiera, tampoco rebajó el balance entusiasta de los organizadores –el Sindicato de Inquilinas, al que se unieron CCOO y UGT, otro hecho inédito–.

El 11-N impedirá que en las hemerotecas se diga que Pedro Sánchez no tuvo que afrontar una huelga general durante sus dos mandatos. Ha habido una larga tregua en estos ocho años, e incluso ahora, tras el paro, el Gobierno no se da por aludido, ni los convocantes señalan abiertamente la responsabilidad que atañe al Ejecutivo (también incumbe a comunidades y ayuntamientos) en el problema del acceso casi imposible a una vivienda digna. La patata caliente del malestar pasará al Gobierno que salga del 29-N.

Quizás por eso, los españoles consultados estos días sobre la huelga se muestran reticentes sobre la oportunidad de la convocatoria –casi un 50% creen que había motivos, pero un porcentaje mucho menor aprueba la fecha elegida–. Y dos de cada tres, según la encuesta DYM para 20minutos, opinan que con la huelga se pretendía influir en las elecciones, una percepción que, sin duda, apuntala la asimilación de los sindicatos con los partidos de izquierdas. En un escenario de quiebra de confianza en las instituciones, su papel se percibe mayoritariamente como básico, pero también se pone muy en duda la manera en que ejercen su labor.

La digestión del 11-N será larga aunque no está claro que vaya a ocupar en la campaña el espacio de temas conflictivos para el Gobierno. Pero, sin duda, queda el aviso de que el malestar engrosará la herencia del Ejecutivo que salga de las urnas el 29-N.