México, Estados Unidos e Israel: las disputas por el poder y sus límites

¡Qué curioso resulta el comportamiento de algunos gobernantes cuando se enfrentan a los límites del poder! Mientras disfrutan de mayorías legislativas y condiciones políticas favorables, suelen considerar que sus propuestas son indispensables, sus decisiones incuestionables y sus adversarios simples obstáculos para el progreso. Pero cuando aparecen resistencias, las urnas modifican los equilibrios o las instituciones se niegan a acompañar sus proyectos, comienza una transformación verdaderamente sorprendente: algunos descubren las virtudes del diálogo, otros invocan la unidad nacional y unos más insisten en cambiar las reglas para intentar concretar aquello que no consiguieron mediante los procedimientos existentes.

México, Estados Unidos e Israel ofrecen estos días tres ejemplos diferentes, pero extraordinariamente reveladores. Claudia Sheinbaum anuncia que volverá a impulsar su reforma electoral pese a las resistencias que encontró incluso entre sus aliados; Donald Trump ensaya una inesperada moderación verbal después de que los republicanos perdieron el Congreso, aunque sus decisiones continúan reflejando una línea dura; y Benjamin Netanyahu observa cómo otro dirigente recibió la oportunidad de formar gobierno, mientras él intenta prolongar su permanencia al frente de Israel. Tres países, tres sistemas políticos y tres historias distintas, pero una pregunta que los une: ¿hasta dónde puede llegar la voluntad de quienes gobiernan cuando aparecen instituciones, partidos y ciudadanos capaces de imponerles límites?

En México, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el lunes 9 de noviembre que insistirá en presentar una nueva iniciativa de reforma electoral una vez concluidos los comicios de 2027. No se trata de una ocurrencia improvisada ni de una propuesta completamente novedosa. La mandataria ya promovió modificaciones constitucionales que no consiguieron el respaldo legislativo necesario y un segundo conjunto de cambios que solamente fue aprobado parcialmente. Sin embargo, considera que determinadas transformaciones siguen siendo indispensables, especialmente la reducción del financiamiento público a los partidos, la modificación del sistema de representación plurinominal, la disminución del costo de las elecciones y la ampliación de mecanismos de participación ciudadana.

Hasta aquí, varios planteamientos merecen una discusión seria. México tiene derecho a revisar cuánto cuesta su sistema electoral, cómo se distribuyen los recursos públicos entre los partidos y si los mecanismos de representación cumplen adecuadamente su finalidad. Ninguna institución debería permanecer al margen de la evaluación ni ningún procedimiento conservarse solamente porque favorezca las posiciones adquiridas de determinados dirigentes. La democracia también necesita corregir sus deficiencias y evitar privilegios injustificados.

Pero el problema comienza cuando las propuestas de transformación se enfrentan con una pregunta inevitable: ¿quién obtiene ventajas y quién pierde representación cuando cambian las reglas? Porque no es lo mismo reducir gastos innecesarios que disminuir la capacidad operativa de las autoridades electorales; tampoco equivale combatir las listas partidistas cerradas a eliminar mecanismos que permiten representar a sectores políticos que no consiguieron ganar suficientes distritos.

El sistema mexicano contempla actualmente 300 diputaciones federales elegidas mediante mayoría relativa y 200 mediante representación proporcional. Esta última modalidad fue incorporada para evitar que la fuerza política que gana más distritos concentre una representación excesiva respecto de los votos obtenidos y para permitir que corrientes minoritarias participen en las decisiones legislativas. El mecanismo puede perfeccionarse, desde luego, pero cualquier modificación debe examinar cuidadosamente sus efectos sobre el pluralismo.

Sheinbaum sostiene que los legisladores deberían buscar directamente el respaldo ciudadano y no depender exclusivamente de posiciones negociadas dentro de las dirigencias partidistas. La crítica merece atención. Las listas plurinominales han permitido que determinados personajes permanezcan durante años en el Congreso sin someterse al escrutinio individual que enfrentan quienes compiten en distritos. Pero también han facilitado la presencia de fuerzas políticas, especialistas y representantes de sectores sociales que difícilmente obtendrían un escaño mediante la sola competencia territorial.

Por ello, el desafío no consiste en defender sin modificaciones el sistema actual ni en desaparecerlo mediante una simplificación que pudiera perjudicar la pluralidad. Consiste en encontrar una fórmula que combine representación proporcional, legitimidad ciudadana, transparencia en las candidaturas y mecanismos que eviten la concentración indebida del poder.

La presidenta reconoció un dato políticamente revelador: sus propias fuerzas aliadas se resistieron a modificar las posiciones plurinominales de las que también obtienen beneficios. Ahí aparece una de las contradicciones más interesantes del sistema político mexicano. Los partidos pueden coincidir para construir mayorías, apoyar programas gubernamentales y defender proyectos legislativos, pero cuando se plantea modificar las reglas de las que depende su supervivencia política, las alianzas dejan de ser tan entusiastas.

No debería sorprendernos. Los partidos tienen intereses institucionales, estructuras territoriales y necesidades de representación diferentes. Sin embargo, esa resistencia demuestra que una mayoría gubernamental no constituye necesariamente una voluntad uniforme y que incluso los aliados pueden convertirse en contrapesos cuando consideran amenazados sus espacios.

La cuestión de fondo será determinar si la futura reforma fortalece la participación ciudadana y la competencia electoral o termina concentrando mayores ventajas en las fuerzas que ya cuentan con predominio legislativo y territorial. No corresponde atribuir de antemano a Sheinbaum una intención personal de apropiarse del sistema electoral, pero tampoco sería responsable aceptar que cualquier propuesta presentada como democratizadora produce necesariamente mayor democracia.

Las consecuencias deben medirse mediante el contenido preciso de la iniciativa, las simulaciones de resultados electorales bajo las nuevas reglas y las garantías de independencia de las instituciones que deberán aplicarlas.

Existe además una circunstancia particularmente delicada: el Instituto Nacional Electoral atraviesa una etapa de cuestionamientos y cambios de conducción, después de la salida de Guadalupe Taddei y las investigaciones sobre contrataciones financieras que hemos abordado recientemente. En semejante contexto, cualquier reforma debería contribuir a recuperar la confianza ciudadana, fortalecer la profesionalización del organismo y garantizar que sus autoridades puedan actuar sin subordinación a quienes compiten por el poder.

Una cosa es exigir transparencia, eliminar gastos injustificados y mejorar los procedimientos de fiscalización. Otra muy distinta sería utilizar los escándalos administrativos como argumento para reducir la autonomía institucional o facilitar que los partidos y el gobierno controlen decisiones que deben permanecer en manos de una autoridad imparcial.

La insistencia presidencial después de las elecciones de 2027 también implica una decisión política relevante. Las reglas aplicables a esos comicios no serán sustituidas de inmediato por la reforma anunciada, pero los resultados podrían modificar la correlación legislativa con la que se discutiría una nueva propuesta constitucional. Así, el debate sobre las instituciones electorales quedará estrechamente relacionado con las mayorías que surjan de la próxima jornada.

Y mientras en México se discute la posibilidad de modificar las reglas del juego, en Estados Unidos Donald Trump ha comenzado a comprobar que las reglas existentes pueden modificar sustancialmente las condiciones de quien gobierna.

Después de las elecciones intermedias del 3 de noviembre, los demócratas recuperaron el control de la Cámara de Representantes y del Senado. Trump conserva la Presidencia y todas las facultades constitucionales correspondientes, pero a partir de enero de 2027 deberá enfrentar un Congreso donde sus adversarios podrán ejercer mayores capacidades de fiscalización, participar de manera decisiva en las negociaciones presupuestales y condicionar una parte importante de su agenda legislativa.

El cambio ya comenzó a reflejarse en el discurso presidencial. Durante una entrevista con el programa 60 Minutes, Trump reconoció que su política de deportaciones pudo haber resultado demasiado dura y manifestó disposición a explorar acuerdos migratorios con los demócratas. ¡Vaya descubrimiento! Después de meses de declaraciones inflexibles, redadas, expulsiones y enfrentamientos públicos, el presidente comienza a reconocer que algunas de sus decisiones pudieron tener consecuencias negativas entre los electores.

Pero no conviene confundir un cambio de tono con una rectificación efectiva. Apenas después de aquellas declaraciones, Trump defendió nuevamente la firmeza de su política migratoria, rechazó una amnistía general y sostuvo que su gobierno continuaría actuando contra quienes considera sujetos a deportación. Y como señal particularmente significativa, designó a Stephen Miller, uno de los principales arquitectos de su estrategia migratoria restrictiva, como jefe de Gabinete de la Casa Blanca.

De manera que el presidente parece haber descubierto que conviene hablar con mayor suavidad, pero todavía no demuestra que esté dispuesto a modificar sustancialmente las políticas que provocaron parte de la controversia electoral. Las detenciones migratorias continúan y diversas organizaciones defensoras de derechos humanos siguen cuestionando sus consecuencias sobre trabajadores, familias y personas cuyos procedimientos migratorios permanecen pendientes.

Aquí aparece una contradicción que podría resumirse con una imagen poco solemne, pero bastante ilustrativa: el león que durante meses rugió ante sus adversarios ahora parece haber descubierto la conveniencia de caminar con mayor cautela después de recibir un golpe electoral. Sin embargo, que un animal deje de rugir durante unos momentos no significa necesariamente que haya perdido los colmillos.

Trump continúa siendo un gobernante con amplias facultades, una base política importante y considerable influencia dentro del Partido Republicano. La derrota legislativa no lo convierte en un presidente incapaz de actuar, pero sí modifica las condiciones para aprobar determinadas políticas y obliga a considerar negociaciones que anteriormente podían parecerle innecesarias.

La situación también comienza a influir sobre la sucesión presidencial estadounidense de 2028. Constitucionalmente Trump no puede ser elegido para un tercer mandato y dentro del republicanismo aparecen figuras como JD Vance y Marco Rubio, mientras los demócratas cuentan con gobernadores, senadores y dirigentes de distintas generaciones que buscan definir el futuro de su partido. Pero esa disputa merece un análisis independiente, porque no se trata solamente de identificar aspirantes, sino de comprender quiénes intentarán conservar, transformar o abandonar determinadas características del proyecto trumpista.

Por ahora, la pregunta más importante es qué hará Trump frente a la nueva mayoría legislativa. Podrá negociar acuerdos parciales, utilizar sus atribuciones ejecutivas, ejercer el veto cuando corresponda y confrontar políticamente a sus adversarios. Los demócratas, por su parte, deberán demostrar si utilizan su poder para fiscalizar, proponer políticas y buscar resultados o si terminan atrapados en confrontaciones permanentes que impidan atender las necesidades de los ciudadanos.

La existencia de contrapesos no garantiza automáticamente buenos gobiernos. También exige responsabilidad de quienes los ejercen. Un Congreso opositor puede investigar decisiones cuestionables, impedir abusos y exigir acuerdos; pero también puede incurrir en bloqueos injustificados o utilizar sus atribuciones con fines exclusivamente partidistas. El equilibrio democrático depende del respeto a las reglas y de la capacidad para cumplir responsabilidades institucionales, incluso cuando existen desacuerdos profundos.

Israel ofrece una tercera historia en la que la disputa por el poder adquiere características todavía más complejas.

Después de las elecciones celebradas el 27 de octubre, Benjamin Netanyahu perdió la posibilidad inmediata de formar una mayoría parlamentaria con sus aliados tradicionales. Su bloque obtuvo 53 de los 120 escaños de la Knéset, mientras el conjunto de partidos encabezado por Gadi Eisenkot cuenta con 48 y las formaciones árabes obtuvieron 19. El resultado dejó un Parlamento fragmentado y obligó a iniciar negociaciones para determinar quién podrá encabezar el próximo gobierno.

El presidente Isaac Herzog encargó a Eisenkot intentar formar una coalición. La decisión representa un cambio político significativo, pero no significa que Netanyahu haya dejado de ser primer ministro ni que su adversario tenga garantizado el gobierno. Eisenkot deberá construir acuerdos entre fuerzas con diferencias profundas respecto de la seguridad, la participación de los partidos árabes, el servicio militar de los sectores ultraortodoxos y la orientación institucional del país.

Precisamente en esa dificultad se encuentra la esencia del parlamentarismo israelí. Obtener el encargo presidencial para formar gobierno no equivale a recibir una mayoría automática. Es necesario negociar, comprometerse con otras fuerzas y reunir el respaldo suficiente para constituir una administración capaz de mantenerse en funciones.

Netanyahu, un dirigente que ha demostrado extraordinaria capacidad para sobrevivir a crisis políticas, procesos electorales adversos y rupturas parlamentarias, intenta nuevamente conservar influencia. Ahora propone fórmulas de unidad nacional, mientras algunos de sus adversarios consideran indispensable abrir una etapa sin su liderazgo.

¡Otra ironía del poder! Quienes durante años han defendido posiciones intransigentes pueden convertirse en entusiastas promotores de la unidad cuando descubren que sus posibilidades de conservar el gobierno dependen de acuerdos con quienes anteriormente combatieron.

Pero Israel no enfrenta solamente un problema de distribución de cargos. Las negociaciones se desarrollan después de años de guerra, profundas divisiones sociales y controversias sobre las responsabilidades políticas y militares relacionadas con los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023. También existen disputas sobre la independencia judicial, las atribuciones de las instituciones de seguridad y las relaciones con los palestinos.

Los aliados de Eisenkot han comenzado a promover propuestas para establecer una comisión de investigación sobre las fallas que precedieron a aquellos ataques, revisar modificaciones institucionales impulsadas durante la etapa de Netanyahu y discutir límites a la permanencia de los primeros ministros. Pero esas iniciativas deberán seguir sus procedimientos legislativos y no equivalen todavía a la instalación de un nuevo gobierno.

La situación plantea interrogantes que trascienden a los personajes. ¿Cómo garantizar la responsabilidad política después de acontecimientos de semejante gravedad? ¿Qué límites deben existir para impedir que la permanencia de un dirigente termine confundida con la continuidad misma del Estado? ¿Cómo construir una mayoría parlamentaria legítima en una sociedad profundamente dividida? ¿Qué garantías deben preservar la independencia de los tribunales y el respeto a los derechos fundamentales?

Tampoco corresponde suponer que la salida de Netanyahu, si finalmente ocurre, resolverá automáticamente los problemas israelíes. Un cambio de gobierno puede modificar prioridades y estilos de conducción, pero las tensiones regionales, las controversias sobre seguridad, las necesidades humanitarias y los conflictos políticos no desaparecen con la sustitución de un dirigente.

México, Estados Unidos e Israel representan sistemas institucionales diferentes y sería equivocado comparar mecánicamente sus procedimientos. En nuestro país, la presidenta ejerce el Ejecutivo dentro de un régimen presidencial; en Estados Unidos, el presidente debe convivir con un Congreso elegido separadamente; en Israel, el gobierno depende de la formación y conservación de acuerdos parlamentarios.

Pero las tres situaciones muestran algo que merece reflexión: la importancia de establecer límites al poder y mecanismos para procesar los desacuerdos sin convertir cada conflicto político en una crisis institucional.

Sheinbaum tiene derecho a proponer reformas y defenderlas públicamente, pero sus iniciativas deberán cumplir los procedimientos constitucionales y respetar los principios de pluralismo y competencia democrática. Trump puede impulsar las políticas que considere pertinentes dentro de sus atribuciones, pero tendrá que reconocer las facultades del Congreso y las decisiones de las autoridades judiciales. Netanyahu puede intentar construir una nueva mayoría o negociar su participación en una coalición, pero no puede sustituir con su voluntad personal los procedimientos parlamentarios que determinan quién gobierna.

En una democracia, las mayorías importan, pero también importan las minorías. La legitimidad electoral es fundamental, pero no cancela los límites constitucionales. Los gobernantes necesitan capacidad para tomar decisiones, pero esa capacidad no equivale a disponer indefinidamente de las instituciones.

El problema comienza cuando una persona o un partido considera que su proyecto político es tan importante que cualquier obstáculo debe desaparecer, cualquier crítica constituye una amenaza y cualquier institución que ejerce sus facultades se convierte en enemiga del gobierno.

No todos los intentos de reforma representan una concentración del poder, así como no toda resistencia legislativa constituye una defensa de la democracia. Tampoco cualquier negociación después de una derrota significa debilidad. Lo verdaderamente importante es examinar el contenido de las decisiones y comprobar si fortalecen los procedimientos institucionales o buscan eludirlos.

Por eso las reformas electorales deben evaluarse según sus consecuencias sobre la representación y la competencia; las políticas migratorias deben juzgarse por su legalidad, sus efectos y el respeto a los derechos; y los acuerdos parlamentarios deben respetar las reglas mediante las cuales se forman y sustituyen los gobiernos.

La historia política demuestra que los liderazgos fuertes pueden aportar capacidad de decisión y construir proyectos de largo alcance, pero también pueden desarrollar una tendencia peligrosa a identificar su permanencia personal con la estabilidad nacional. Cuando eso sucede, la alternancia se presenta como amenaza, la fiscalización como obstáculo y los contrapesos como mecanismos diseñados para impedir gobernar.

En realidad, las instituciones independientes existen precisamente para que las decisiones de una persona no se confundan con la voluntad permanente de un país. Los gobiernos pasan, las mayorías cambian, los dirigentes envejecen y las circunstancias políticas se transforman. La Constitución, la representación ciudadana y los procedimientos legales deben ofrecer continuidad más allá de quienes ocupen temporalmente los cargos públicos.

México deberá discutir su reforma electoral con una exigencia fundamental: que las reglas futuras no se diseñen para garantizar ventajas a quienes hoy cuentan con mayorías. Estados Unidos deberá comprobar si su presidente y su nueva oposición legislativa pueden administrar los desacuerdos dentro de la legalidad. Israel tendrá que resolver la formación de su gobierno sin desconocer la pluralidad expresada por sus ciudadanos.

Son desafíos distintos, pero todos tienen relación con la distribución y el ejercicio del poder.

Y ahí aparece la gran paradoja de esta semana. En México, una presidenta con amplio respaldo político insiste en cambiar reglas que sus propios aliados no quisieron modificar. En Estados Unidos, un presidente acostumbrado a la confrontación comienza a hablar de moderación después de perder el Congreso, aunque sus decisiones todavía no reflejan una rectificación completa. Y en Israel, un primer ministro experimentado descubre que conservar influencia no equivale necesariamente a disponer de los votos suficientes para seguir gobernando.

Sheinbaum podrá insistir en su reforma, pero tendrá que demostrar que busca fortalecer la democracia y no simplemente modificar las condiciones de competencia de manera favorable para quienes gobiernan. Trump podrá suavizar sus palabras, pero deberá probar con decisiones concretas que su nueva disposición al diálogo va más allá de una maniobra posterior a la derrota. Y Netanyahu podrá intentar otra de sus acostumbradas supervivencias políticas, aunque esta vez tendrá que enfrentar una aritmética parlamentaria que no puede modificar solamente mediante discursos.

Porque hay una ironía que los gobernantes suelen descubrir demasiado tarde: mientras disponen de mayorías suficientes, algunos consideran innecesaria la negociación; cuando las pierden, comienzan a recordar las virtudes del diálogo, la unidad y los acuerdos que antes parecían despreciar.

El poder no es propiedad de Claudia Sheinbaum, Donald Trump ni Benjamin Netanyahu. Tampoco pertenece permanentemente a Morena, a los republicanos estadounidenses o al Likud israelí. Los cargos son temporales, las mayorías pueden cambiar y las atribuciones están delimitadas por leyes e instituciones que deben sobrevivir a sus ocupantes.

Una democracia no se mide solamente por la capacidad de sus gobernantes para tomar decisiones, sino también por la existencia de mecanismos capaces de exigirles explicaciones, corregir sus errores y limitar sus facultades cuando sea necesario. Gobernar no significa tener siempre la razón, y ganar una elección no representa recibir autorización para decidirlo todo.

México, Estados Unidos e Israel nos recuerdan que los verdaderos contrapesos no son enemigos de los gobiernos. Son garantías de los ciudadanos frente a la posibilidad de que cualquier gobierno, por popular o poderoso que sea, pretenda confundir sus intereses con los de toda una nación.

Porque la fortaleza de las instituciones no se demuestra cuando obedecen sin cuestionamientos, sino cuando pueden actuar conforme a la ley incluso frente a quienes tienen mayor influencia política. Y la fortaleza de un gobernante tampoco se acredita eliminando obstáculos, sino demostrando que puede ejercer sus responsabilidades dentro de los límites constitucionales.

Ésa es la gran lección: las democracias no existen para garantizar que los poderosos permanezcan en el poder, sino para asegurar que puedan ser cuestionados, limitados y sustituidos conforme a las reglas.

Porque cuando un gobernante comienza a pensar que su voluntad está por encima de las instituciones, el problema ya no consiste solamente en cuánto poder posee, sino en cuánto poder pretende arrebatarles a los ciudadanos. Y cuando una sociedad pierde la capacidad de poner límites a quienes la gobiernan, corre el riesgo de descubrir demasiado tarde que dejó de tener representantes para empezar a tener dueños.