Los policías rechazan el veto al uso de gas lacrimógeno: "Obliga a recurrir a medios contundentes"

Los policías han criticado la orden del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que prohíbe a los agentes antidisturbios utilizar gases lacrimógenos para dispersar a manifestantes violentos. "Eliminar esta posibilidad no elimina la violencia ni las alteraciones del orden público. Lo que hace es reducir las alternativas de intervención de los agentes y puede obligarles a recurrir a medios más contundentes y de contacto directo, como las defensas policiales, incrementando el riesgo de lesiones tanto para los policías como para los ciudadanos", ha expresado el sindicato JUPOL.

En la misma línea se ha expresado la Unión Federal de Policía (UFP): "El uso de agentes químicos de defensa y control del orden público, bajo condiciones y protocolos específicos, forma parte de los medios disponibles para distintas fuerzas policiales europeas. Retirar un medio sin valorar las alternativas y las consecuencias operativas puede incrementar los riesgos tanto para los agentes como para los ciudadanos".

Tras los altercados registrados en Madrid y Barcelona durante las manifestaciones del 11N, Marlaska ha instado este jueves al director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, a investigar las cargas policiales y ha ordenado que a partir de ahora se prohíba el uso de gas lacrimógeno en los dispositivos de control de manifestaciones. Los agentes consideran, sin embargo, que esa medida puede ser contraproducente y JUPOL se pregunta "si el ministro ha valorado realmente las consecuencias operativas de esta decisión o si, una vez más, estamos ante una medida adoptada desde un despacho, sin tener en cuenta la realidad que viven los agentes en la calle".

"El gas lacrimógeno constituye un medio coercitivo de intervención que permite, en determinadas circunstancias, actuar manteniendo la distancia y evitando el contacto físico directo con los individuos violentos. Su utilización está sometida a criterios de necesidad, congruencia y proporcionalidad. No se trata de un recurso que los policías puedan utilizar arbitrariamente, sino de una herramienta reglamentaria para responder a situaciones que requieren una intervención policial", indica el sindicato, que solicita "garantizar a los policías la disponibilidad de los medios técnicos y coercitivos necesarios para desarrollar su trabajo con seguridad".

"¿Qué alternativa ofrece el ministro a los policías cuando deben hacer frente a grupos violentos? ¿Qué herramienta propone para mantener la distancia, evitar el contacto físico y reducir el riesgo de lesiones? La restricción no puede responder únicamente a la necesidad de satisfacer determinadas exigencias políticas", afirma UFP.

Críticas a la decisión de Marlaska de investigar las cargas

Por otra parte, JUPOL también ha reclamado la "dimisión" del ministro Marlaska por "fiscalizar las actuaciones policiales" y "poner bajo sospecha" a los agentes al ordenar una investigación interna sobre las cargas policiales que se produjeron este miércoles: "Un ministro del Interior no puede limitarse a exigir responsabilidades a los policías cuando intervienen en situaciones de tensión. También tiene la obligación de defenderlos, protegerlos y mostrar el respaldo institucional que merecen".

"Los agentes que participaron en los dispositivos de seguridad de la huelga general desarrollaron su trabajo en escenarios de tensión, enfrentándose en algunos casos a actitudes violentas y agresiones. Su obligación era garantizar la seguridad ciudadana, proteger los derechos de todos y actuar ante cualquier alteración del orden público", recalca JUPOL, recordando que los policías "son profesionales que cumplen órdenes y actúan conforme a la legislación y a los protocolos establecidos".

También carga contra Marlaska por no haber expresado sus condolencias por la muerte de un agente en Oviedo, este martes, cuando intentaba desactivar una mochila con explosivos: "Resulta inadmisible que el ministro haya decidido abrir una investigación sobre las intervenciones policiales, mientras ni siquiera ha sido capaz de trasladar públicamente su pésame a la familia del compañero de la Policía Nacional asesinado en Oviedo ni de comparecer para condenar este terrible crimen".

Desde UFP comparten las críticas por la apertura de investigaciones a los agentes: "Resulta especialmente indignante que, después de una jornada marcada por numerosos incidentes, detenciones, alteraciones del orden público y agresiones a agentes, la primera respuesta política del Ministerio sea poner el foco sobre quienes tuvieron que intervenir para garantizar la seguridad y proteger los derechos de todos los ciudadanos".