Sánchez burla la voluntad del Pleno del Congreso y logra la prórroga de alquileres hasta 2028

Pedro Sánchez consuma su treta. La Diputación Permanente del Congreso, el órgano encargado de convalidar o derogar los reales decretos leyes cuando las Cortes están disueltas, ha dado luz verde a uno de los dos paquetes de medidas urgentes en materia de vivienda que el Consejo de Ministros aprobó el día después del anticipo electoral anunciado por el presidente del Gobierno. Cuatro jornadas antes, el Pleno de la Cámara Baja había tumbado las mismas normas que el Ejecutivo ha sometido a debate este jueves, entre la huelga general de este miércoles y la campaña que, oficialmente, empieza este viernes.Cualquiera lo diría, escuchadas las intervenciones de sus señorías y de los ministros reunidos en la sala Constitucional del Congreso, donde más que un debate parlamentario parecía celebrarse una concatenación de mítines. En cualquier caso, la jugada le ha salido bien al Gobierno. Tras el desahucio de Maricarmen Abascal, una anciana de 87 años que murió días después en el hospital, y la oleada de protestas sociales por los altos precios de la vivienda en España, el Ejecutivo aprobó dos reales decretos leyes intervencionistas que se toparon con la oposición mayoritaria de la Cámara Baja, con los votos de PP, Vox y Junts. Sin embargo, la disolución de las Cortes provoca que el órgano legítimo para convalidar o derogar estas normas, supuestamente urgentes, sea la Diputación Permanente.En ella solo hay 69 diputados, no 350, y la diferencia numérica distorsiona ligeramente las mayorías preexistentes en el Pleno. Si el PP, Vox y Junts tenían 177 de 350 escaños —más de la mitad—, en la Diputación Permanente se quedan en 34 de 69 asientos —justo por debajo—. Así que el Consejo de Ministros, con cambios cosméticos para esquivar el fraude de ley, resucitó las dos normas con el viento a favor. Como se esperaba, el Congreso, a la segunda, ha bendecido el primero de los decretos leyes de vivienda y ha tumbado el segundo por el rechazo, también, del PNV.Entre las medidas aprobadas figuran la prórroga automática de los contratos de alquiler hasta el 2028, la prohibición de los desahucios a personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 2030, la limitación de compra de vivienda a los llamados fondos buitre y bonificaciones fiscales tanto a pequeños propietarios como a inquilinos. Decae definitivamente, a su vez, la prórroga automática de cinco años de los contratos que superen esa vigencia y las multas a los caseros que quieran romperlos; dos cuestiones que, pese a tratarse de normativa urgente, no habría entrado en vigor hasta el domingo.En una intervención muy aplaudida por su bancada, el diputado del PP Sergio Sayas ha calificado de «totalitarismo» valerse de la distinta mayoría de la Diputación Permanente para convalidar medidas que el Pleno del Congreso, máximo representante de la soberanía nacional, había rechazado 41 días antes. También Vox, la previa, había intentado detener el debate de estos dos decretos leyes al entender que el Gobierno ha cometido «un fraude constitucional» para que, al menos uno de ellos, permanezca en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Josep Maria Cruset (Junts) se preguntaba por qué, si tan urgente e importante era, el Ejecutivo puso una cláusula en el segundo paquete dispositivo, el impulsado por Sumar, para que no entrase en vigor hasta el día 15.La portavoz del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha tomado la palabra al término del debate, precisamente, para reclamar una respuesta al escrito de su formación que pedía suspender la votación. La presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, ha despachado su reclamación remarcando que la composición de la Diputación Permanente se aprobó al inicio de la XV Legislatura por unanimidad de la Mesa de la Cámara Baja —es decir, con el sí del PP— y que, hasta la convocatoria electoral, «nadie ha cuestionado la legitimidad» del órgano.Quejas formales aparte, la sesión ha discurrido por derroteros mitineros con un matiz: los discursos de la izquierda, Gobierno incluido, parecían de otro tiempo, como de hace catorce años, cuando Mariano Rajoy encajó dos huelgas generales nada más llegar al poder; como si Sánchez no llevase más de ocho años en la Moncloa. «La gente en este país estás cansada, está cansada de trabajar de sol a sol para que su sueldo se lo quede otro, de un jefe que no le paga un euro más del salario mínimo, de una empresa que se reparte dividendos mientras no suben los sueldos, de una inmobiliaria que tiene 25 pisos más en alquiler», ha clamado en su primera intervención el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, encargado de defender el decreto ley que se sabía muerto desde que nació.Si su tono parecía electoralista cuando, encarándose a las bancadas de la derecha, les ha espetado que el Gobierno ha subido un 75 por ciento el salario mínimo interprofesional desde el 2018 —«A pesar de ustedes», ha dicho—, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, la socialista Isabel Rodríguez, directamente ha apelado al voto el 29N. «Defender el derecho a la vivienda pasa también por ejercer el derecho al voto. Esto es lo que nos jugamos el próximo 29 de noviembre. El Partido Popular y Vox, la derecha y la extrema derecha, nos están planteando una involución, volver al año 96, al pelotazo y la desprotección ciudadana», ha comenzado su intervención. Tras enumerar las medidas contempladas en el 'decreto Maricarmen', o el decreto PSOE, ha concluido como había empezado: «Espero que las urnas se llenen de papeletas de los partidos políticos que pelean por ese derecho [el derecho a la vivienda]».En el resto de intervenciones, la proximidad de los comicios era igualmente notable. Sayas ha recordado a los fallecidos en el accidente de tren de Urda (Toledo) y ha sido su compañero, José Vicente Marí, quien ha terciado que tras el 29N los españoles tendrán el Gobierno «serio» que los españoles merecen. Si gana Vox, ha prometido José María Figaredo, los compatriotas que viven «en chabolas o en remolques», tendrán vivienda social. Después, en la izquierda radical, se ha vivido un duelo particular. Gabriel Rufián, que es de ERC, pero hace las veces de diputado de Podemos, primero ha arremetido duramente contra Junts —con la ya frecuente exhibición de un billete de cincuenta euros que los posconvergentes, dice, tienen por bandera— y después ha dado la bienvenida a Ada Colau, la candidata del Frente Amplio, por decir que hay que «freír a impuestos» a los ricos. «Nosotros llevamos diciéndolo mucho», ha añadido.Desde Sumar, Tesh Sidi (Más Madrid) ha lamentado intervenir —lo hacía justo después de Rufián— tras «algunos que han querido más protagonismo» que los huelguistas de este miércoles y Enrique Santiago (Izquierda Unida), tras defender «la pelea de las organizaciones dentro del Frente Amplio», le ha lanzado un dardo al republicano: «Yo sí soy comunista. Y como soy comunista voté a favor de la reforma laboral». Antes, Ione Belarra, secretaria general de Podemos, había pedido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por las cargas policiales de este miércoles contra los manifestantes: «El responsable es su Gobierno, el Gobierno del PSOE y del Frente Amplio».Cruset, a la defensiva, ha criticado el «populismo de extrema izquierda» del Gobierno con los decretos leyes de vivienda y ha tachado a Rufián de «maltratador emocional» por las críticas a su partido. El republicano había animado al posconvergente a salir a la calle a escuchar qué le dice la gente sobre su posición en el Congreso, pero, luego, ha afirmado que de poco serviría porque «no lo conoce nadie». «Se nota que hace años que no vive en Cataluña», ha repuesto Cruset, devolviendo el golpe. Entre medias, Maribel Vaquero, del PNV, ha explicado el rechazo al decreto ley de los contratos indefinidos por la falta de consenso y por ser «contraproducente» para el mercado de la vivienda y su voto a favor del primer texto, que ha salido adelante por 35 votos a favor y 34 en contra. En un reguero de mítines quizás haya sido la única que se ha ceñido, exclusivamente, al orden del día.