El detalle del proyecto de ley que busca priorizar a víctimas de Ueno Bank

Un grupo de senadores opositores presentó un proyecto de ley que pretende modificar y ampliar la Ley N° 5876/2017, de Administración de Bienes Incautados y Comisados, para establecer un mecanismo especial de restitución de activos provenientes de delitos financieros en favor de las víctimas.

La propuesta apunta particularmente al caso de Ueno Bank y sus empresas vinculadas, y plantea que el dinero y los bienes que sean recuperados y comisados por resolución judicial firme se destinen prioritariamente a resarcir a los afectados, en lugar de distribuirse entre las instituciones públicas beneficiarias previstas en la legislación vigente.

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El proyecto fue firmado por los senadores José Oviedo (Yo Creo), Ignacio Iramain (Independiente), Rafael Filizzola (PDP), Esperanza Martínez (PPC), Yolanda Paredes (CN) y Lucía Mendoza (CN), entre otros.

La iniciativa incorpora un nuevo régimen especial al artículo 46 de la ley de Senabico y crea el artículo 46 bis, que establece la reserva de los recursos incautados mientras no exista una resolución judicial definitiva.

¿Cómo se repartirían los bienes recuperados de Ueno Bank?

El proyecto establece un orden de prelación para distribuir los recursos provenientes del comiso de bienes de administradores, accionistas, directivos de entidades financieras y empresas vinculadas bajo un mismo control societario, económico o accionario.

El mecanismo establece que cada categoría deberá ser atendida íntegramente antes de pasar a la siguiente. En el caso de los depositantes, el pago se realizaría a prorrata.

Además, los recursos destinados a este régimen especial serían inembargables frente a los acreedores del Estado y depositados en una cuenta especial de la Tesorería General, con afectación exclusiva a estos fines.

BCP elaborará la lista de beneficiarios

En la propuesta se establece que el Banco Central del Paraguay (BCP), a través de la Superintendencia de Bancos, tendrá a su cargo la elaboración de la nómina de beneficiarios y la determinación de los montos correspondientes.

Esta lista deberá basarse en la información del procedimiento de resolución o liquidación de la entidad y posteriormente ser homologada por el juez penal competente. Los afectados podrán formular observaciones ante el juzgado.

El proyecto también establece mecanismos para evitar que una misma persona cobre dos veces por el mismo concepto. Los montos percibidos mediante este régimen deberán descontarse de lo que corresponda recibir en el procedimiento de resolución o liquidación, y viceversa.

Asimismo, quedan excluidos como beneficiarios los accionistas, directores, administradores, síndicos y gerentes de la entidad o de sus empresas vinculadas, así como las personas relacionadas con ellos conforme a la normativa del BCP.

¿Qué empresas vinculadas quedarían alcanzadas?

La propuesta no limita el eventual recupero de activos al patrimonio de Ueno Bank. El texto contempla también los bienes de empresas vinculadas bajo un mismo control societario, económico o accionario, conforme a los criterios de vinculación establecidos por la normativa del Banco Central.

El senador Rafael Filizzola explicó que el objetivo es alcanzar activos que podrían encontrarse fuera del balance y del patrimonio del banco. “Todo lo que sea comisado, todo el valor de los bienes que se recuperen, sean para resarcir a las víctimas de esta estafa”, manifestó.

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El legislador señaló que existen empresas vinculadas cuyo patrimonio podría tener un valor importante y que, por lo tanto, también deberían formar parte del mecanismo de recuperación.

Filizzola mencionó que inicialmente se hablaba de unas 60 empresas vinculadas y posteriormente de 120, aunque sostuvo que todavía no existe claridad sobre la cantidad exacta.

Trabajadores también tendrán prioridad en el cobro

La iniciativa contempla expresamente a los trabajadores que prestaron servicios para el banco o para las empresas vinculadas, incluso cuando sus contratos hayan sido firmados con sociedades subsidiarias o tercerizadas.

La propuesta busca evitar que la fragmentación empresarial deje a los empleados sin posibilidades de cobrar salarios e indemnizaciones pendientes.

Para acceder a los recursos, los créditos laborales deberán estar reconocidos mediante sentencia firme o verificados en el procedimiento de resolución o liquidación, siempre que no hayan sido satisfechos.

Consultado sobre una eventual colisión entre el resarcimiento a los ahorristas y las obligaciones laborales, Filizzola sostuvo que los trabajadores también están comprendidos entre las víctimas y cuentan con un lugar privilegiado en el orden de distribución.

“Cuando hablamos de víctimas, hablamos también de los que son los empleados de estas empresas y de los bancos mismos”, afirmó.

¿Qué pasará con los bienes mientras dure la investigación?

Otro aspecto relevante es la incorporación del artículo 46, que establece un mecanismo de reserva de los activos incautados.

En los procesos que puedan quedar comprendidos en el régimen especial, el dinero, los productos financieros y los recursos obtenidos por la realización de bienes incautados deberán permanecer en una cuenta judicial a disposición del juez de la causa hasta que exista una resolución firme.

Durante ese periodo no podrán destinarse a ningún otro fin. Si finalmente la resolución judicial no declara el comiso o la privación de beneficios, los bienes deberán ser restituidos a quien corresponda.

La disposición busca resguardar la presunción de inocencia y evitar que los activos sean distribuidos antes de que exista una decisión judicial definitiva.