Reportan segunda muerte de interno en Cereso de Pachuca en menos de 72 horas y crecen dudas sobre seguridad

El Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca, en Hidalgo, enfrenta nuevamente el escrutinio público tras la muerte de un segundo interno en menos de 72 horas. El caso más reciente ocurrió el miércoles 11 de noviembre de 2026, cuando J. A. Á. P., de 34 años y originario de Tlalnepantla, Estado de México, perdió la vida tras un desvanecimiento repentino mientras realizaba actividades comunitarias dentro del penal.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), el interno fue atendido por personal médico del centro, pero el dictamen inicial señala que la causa probable del fallecimiento fue una miocardiopatía isquémica. Este hecho se suma a una serie de decesos recientes en penales de la entidad, lo que ha generado preocupación entre familiares de internos y organizaciones civiles.

El deceso de J. A. Á. P. ocurrió a las 08:50 horas, según el reporte oficial. La autoridad estatal informó que, hasta el momento, no se ha determinado responsabilidad alguna para el personal del penal en este caso, aunque las investigaciones continúan. La situación ha puesto en el centro del debate la capacidad de respuesta médica y la vigilancia al interior del Cereso de Pachuca.

¿Qué ocurrió en el Cereso de Pachuca en los últimos días?

El fallecimiento del 11 de noviembre no es un hecho aislado. Apenas tres días antes, el domingo 8 de noviembre, otro interno, identificado como J. I. V. B., murió tras ser atacado con un arma blanca en el área de comedores del mismo penal. Este segundo caso fue catalogado como homicidio y derivó en la vinculación a proceso de otro recluso, A. D. B. H., por el delito de homicidio calificado.

Ambos incidentes han puesto en evidencia las condiciones de seguridad y la atención médica dentro del Cereso. Mientras que el primer caso fue resultado de una agresión directa, el segundo apunta a causas naturales, aunque familiares y activistas han solicitado una investigación exhaustiva para descartar cualquier omisión o negligencia.

¿Cuántos fallecimientos se han registrado en penales de Hidalgo en 2026?

Durante 2026, se han reportado seis muertes de personas privadas de la libertad en distintos penales de Hidalgo, de las cuales tres han ocurrido en el Cereso de Pachuca entre septiembre y noviembre. Estos datos han generado inquietud sobre la capacidad de los centros penitenciarios para garantizar la integridad y el derecho a la salud de los internos.

El recuento de fallecimientos y la cercanía temporal entre los casos recientes han motivado a organizaciones de derechos humanos y familiares a exigir mayor transparencia en las investigaciones y la aplicación de protocolos de atención médica y seguridad.

¿Qué dicen las autoridades sobre la seguridad y atención en el penal?

El secretario de Seguridad Pública de Hidalgo, Salvador Cruz Neri, declaró que, en el caso más reciente, "hasta el momento no hemos determinado alguna responsabilidad para algún personal, es complicado". Por su parte, el gobernador Julio Menchaca Salazar ha reconocido públicamente la existencia de un déficit de custodios en los centros penitenciarios del estado, lo que podría estar incidiendo en la capacidad de vigilancia y respuesta ante emergencias.

A pesar de los incidentes, hasta ahora no se han iniciado procedimientos administrativos contra la dirección del Cereso de Pachuca, lo que ha generado críticas por parte de sectores sociales que consideran insuficientes las medidas adoptadas para prevenir nuevos hechos.

¿Cómo afectan estos hechos a las familias y a la percepción pública?

La seguidilla de muertes en el Cereso de Pachuca ha provocado preocupación entre familiares de internos, quienes temen por la seguridad y el bienestar de sus seres queridos. Además, la percepción pública sobre la gestión penitenciaria en Hidalgo se ha visto afectada, especialmente ante la falta de sanciones administrativas y la reiteración de incidentes graves en un corto periodo.

En el caso del homicidio del 8 de noviembre, la visita familiar fue suspendida temporalmente mientras se realizaban las diligencias periciales, lo que también generó molestias y ansiedad entre los visitantes. Posteriormente, el acceso fue restablecido, pero el ambiente de incertidumbre persiste.

¿Qué implicaciones tiene la situación para el sistema penitenciario de Hidalgo?

La repetición de muertes en el Cereso de Pachuca y otros penales de Hidalgo pone en entredicho la eficacia de los protocolos de seguridad, atención médica y supervisión interna. El déficit de custodios, reconocido por el propio gobernador, agrava la problemática y dificulta la prevención de incidentes tanto violentos como de salud.

Expertos en derechos humanos han señalado la necesidad de fortalecer la capacitación del personal, mejorar la infraestructura médica y garantizar la transparencia en las investigaciones de cada caso. La falta de procedimientos administrativos contra la dirección del penal, pese a los hechos registrados, es vista como un área de oportunidad para mejorar la rendición de cuentas.

¿Qué sigue para las investigaciones y la seguridad en el Cereso?

Las autoridades han informado que las investigaciones sobre ambos fallecimientos continúan. En el caso del homicidio, el presunto responsable ya fue vinculado a proceso, mientras que en el caso del fallecimiento por causas naturales, se espera el resultado de los estudios médicos definitivos para descartar cualquier otra causa o posible negligencia.

Mientras tanto, la presión social y mediática sobre la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo y la administración del Cereso de Pachuca se mantiene, con llamados a reforzar la vigilancia, mejorar la atención médica y garantizar la seguridad de las personas privadas de la libertad.

¿Por qué importa este tema?

La muerte de internos en centros penitenciarios no solo representa una tragedia para las familias, sino que también evidencia retos estructurales en el sistema de justicia y reinserción social. La reiteración de casos en un mismo penal en tan corto tiempo subraya la urgencia de revisar protocolos, fortalecer la supervisión y garantizar el respeto a los derechos humanos de quienes cumplen una condena.

La atención a estos hechos es fundamental para evitar la normalización de la violencia y la negligencia en los centros de reclusión, así como para exigir a las autoridades acciones concretas que prevengan nuevas tragedias.