Lentitud judicial beneficia a exintendentes procesados por corrupción

Uno de ellos es el exintendente de San Antonio (2010- 2015) Raúl Isaac Mendoza (PLRA), quien está procesado por supuesta lesión de confianza. La Fiscalía había solicitado una condena de 9 años de cárcel para el exjefe comunal, por supuestamente desviar G. 962 millones, provenientes del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).

Sin embargo, tras el juicio oral, fue absuelto el 13 de setiembre del 2023, al no probarse la existencia del hecho punible. No obstante, la fiscalía interpuso recurso de casación el 3 de agosto del mismo año contra la absolución.

Lea más: Cartismo alista apriete por “mora” a la Corte por inconstitucionalidad

En el último informe del Poder Judicial del 15 de abril del 2026 se tiene que, el recurso sigue pendiente en la Sala Penal debido a que la integración continúa sin resolverse. El expediente lleva más de 2 años y 8 meses sin resolución de la casación fiscal.

El segundo beneficiado con la mora judicial es el exintendente de Independencia Francisco Arnaldo Chávez González condenado por contrabando.

La Fiscalía lo imputó el 6 de octubre del 2020 por presuntamente usar la sede municipal para guardar azúcar del contrabando y presentó acusación el 4 de abril del 2021. Tras una primera absolución, anulada por la Cámara el 20 de setiembre del 2023, se realizó un nuevo juicio oral.

Lea más: Demoledor informe de EE.UU. reflota proyecto de la Corte para combatir mora judicial

Chávez González fue condenado el 5 de marzo del 2025 a 5 años de prisión y la Cámara confirmó la condena el 17 de diciembre del 2025. La defensa del exintendente presentó un recurso extraordinario de casación el 30 de diciembre del 2025, el cual continúa sin resolución.

El tercer beneficiado con la excesiva mora judicial es Hilario Adorno Mazacote, exintendente de Puerto Casado y hermano del diputado Domingo “Mino” Adorno, condenado a 3 años y 8 meses de prisión por lesión de confianza y administración en provecho propio.

La condena fue dictada el 13 de junio del 2025 y fue confirmada por la Cámara el 8 de octubre del 2025. Sin embargo, la defensa promovió una acción de inconstitucionalidad el 20 de octubre del 2025 y sigue pendiente ante la Sala Constitucional.