La ley de biocombustibles no puede dejar afuera a las pymes

La ley de biocombustibles que obtuvo media sanción en el Senado el 17 de septiembre está trabada en la Cámara de Diputados. No está trabada porque falte una mayoría: está trabada porque la industria aceitera de Santa Fe pretende imponer con lobby una ley a su medida, que saque del mercado a las pymes regionales productoras de biodiésel, y porque el Ministerio de Economía se niega a introducir los cambios que le están pidiendo, con distintas palabras, casi todos los bloques.

Nuestro sector no pide otra cosa que modificaciones acotadas al proyecto: no tocan la estructura de la ley, no tienen costo fiscal y no alteran una coma en lo que respecta al bioetanol. Con ellas, la ley podría aprobarse este año y con un respaldo que pocas leyes económicas consiguen. Sin ellas, se convierte en la ley que condena a la quiebra a las pymes del biodiésel del interior del país.

Una ley con dos velocidades

El proyecto trata a los dos biocombustibles con criterios opuestos. Al bioetanol le garantiza, durante toda la vigencia de la ley, un segmento del 6% para la caña de azúcar y otro del 6% para el maíz. Ahí hubo consenso, porque primero se escuchó a las cadenas de valor y después se escribió el articulado. Nada de eso ocurrió con el biodiésel. Las pymes que elaboramos el 100% del biodiésel del corte obligatorio no fuimos consultadas, y tampoco lo fueron los gobiernos de las provincias donde se produce. El resultado es un texto que reduce la participación de esas 25 plantas del 7,5% actual al 4% y la elimina por completo en 2036, y que traslada ese mercado a las grandes aceiteras exportadoras del Gran Rosario, que hoy no participan de él porque la ley vigente se lo prohíbe.

No es un problema de eficiencia ni de gestión. Es geografía. En el mercado electrónico que crea la ley se compite por precio, y una planta de Daireaux, General Pico, Nogoyá o San Luis paga cientos de kilómetros de flete para traer el aceite que una aceitera del puerto tiene en su propia fábrica. Cada punto que se le quita al segmento de las pymes deja afuera a las plantas más alejadas; con el 4% cierran más de la mitad, y con el cero de 2036 cierran todas. Son 25 empresas en cinco provincias, alrededor de 1.500 empleos directos y 8.000 indirectos, en ciudades donde la planta de biodiésel suele ser el principal empleador industrial. Esto, en un momento en que las pymes argentinas atraviesan una de las crisis más profundas de las últimas décadas, no es aceptable.

Lo que se pide es poco, y ya está escrito en la misma ley

La salida es conocida y la hemos puesto por escrito. Elevar el corte obligatorio de biodiésel del 10% al 12,5% y dividirlo en tres segmentos, en todos los cuales se compite por precio en la plataforma electrónica: 5 puntos para las pymes regionales, 2,5 puntos para las pymes no integradas del polo aceitero y 5 puntos de libre mercado, abiertos a todas las empresas, incluidas las grandes aceiteras. Que ese esquema rija durante toda la vigencia de la ley, como ya rige para la caña de azúcar. Y que el capítulo de grupo económico, que hoy juzga con reglas nuevas y de manera retroactiva estructuras constituidas legalmente bajo la ley vigente, se corrija con un criterio objetivo y un plazo razonable de adecuación.

Con ese esquema nadie retrocede. Las pymes conservan los 7,5 puntos que abastecen hoy. Las aceiteras, que hoy tienen cero por ciento del mercado interno, ingresan con cinco puntos nuevos. El bioetanol no se toca. Y el Gobierno puede mostrar que introdujo competencia por precio donde antes había cupos y precios fijados por el Estado. Tampoco hay costo fiscal: los puntos adicionales de corte se descuentan del co-procesamiento voluntario que la propia ley les reconoce a las refinerías, de modo que el volumen exento de impuestos es exactamente el mismo y el precio en el surtidor no se mueve. No pedimos un privilegio. Pedimos para el biodiésel el mismo trato que la ley ya le da al bioetanol de caña: un segmento estable, durante toda la ley, para que las pymes compitan entre sí.

Un consenso al alcance de la mano

Hay nueve provincias que producen biocombustibles en la Argentina: Tucumán, Salta, Jujuy, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis. Entre ellas están las tres más grandes del país. Toda la cadena de valor -ingenios, destilerías de maíz, aceiteras, pymes de biodiésel, extrusoras, productores- puede construir un consenso alrededor de una ley que sube el corte, abre el mercado y no cierra ninguna planta. Los bloques que hoy piden cambios son los mismos que, con esos cambios, votarían a favor. Si se aceptan las modificaciones que propone CEPREB, la ley tendrá los votos del oficialismo, de los bloques dialoguistas y de los diputados de todas las provincias productoras. Puede salir prácticamente por unanimidad, y puede salir este año.

La decisión está, en última instancia, en manos de los legisladores y de las provincias. Son ellos quienes deben resolver si la ley se escribe al dictado de CIARA y CARBIO -cuyo texto no generará un empleo más ni una inversión nueva, porque las plantas aceiteras ya están construidas y lo único que cambia es quién vende el biodiésel que hoy venden las pymes- o si se construye, como ocurrió con el bioetanol, sobre un acuerdo entre todos los que producen.

Las inversiones que la ley promete vendrán del NOA y de Córdoba; las que el interior ya hizo merecen la misma consideración. Nada de lo que se pide obliga a nadie a resignar lo que ganó: el acuerdo es posible porque cada sector conserva lo suyo y el país suma corte, competencia y empleo. Una ley estratégica, con amplio respaldo y sin costo fiscal, está a unos puntos de corte de distancia. Sería difícil de explicar que no salga.