Quedó firme la condena del gendarme que les avisaba a los narcos dónde se harían los controles antitráfico

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a seis años de prisión para un gendarme acusado de integrar una banda narco y de alertar al grupo sobre controles de ruta en los que podían ser detectados.

La decisión recayó sobre Lucas Alejandro Llopiz, quien fue encontrado culpable del delito de confabulación, en calidad de autor, luego de que el máximo tribunal del país desestimara la presentación de la defensa.

El fallo contó con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes rechazaron la queja presentada por la defensa del condenado.

Según la causa, mientras prestaba funciones en la Sección Antidrogas “Ituzaingó” de la Gendarmería Nacional, Llopiz llevó adelante tratativas con José Alberto Laurencio, señalado como uno de los principales responsables de la organización investigada.

El expediente sostuvo que el gendarme brindaba información relacionada con los vehículos utilizados para efectuar investigaciones, entre otras colaboraciones destinadas a facilitar maniobras de narcotráfico.

La investigación se inició en marzo de 2017, tras el aporte de una persona de identidad reservada sobre un procedimiento realizado por personal de la Sección “Núcleo” del Escuadrón 57 “Santo Tomé” de la Gendarmería Nacional, en el control fijo “Paraje Cuay Grande”, ubicado en el kilómetro 669 de la Ruta Nacional 14, en la ciudad correntina de Santo Tomé.

En ese operativo se interceptó un camión Scania con semirremolque AST PRA, en el que fueron secuestrados 4631 paquetes de marihuana, con un peso total de 3985 kilos.

De acuerdo con la investigación, la droga ingresaba a la Argentina desde Paraguay a través de zonas ribereñas del río Paraná, a la altura de la localidad misionera de Cerro Corá, y luego era trasladada a depósitos ubicados en la ciudad de Posadas.

Luego, el estupefaciente era cargado en distintos vehículos y movilizado por vía terrestre hacia Roldán, en Santa Fe; Gualeguaychú, en Entre Ríos; y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para su comercialización.

El grupo criminal, según la causa, utilizaba vehículos que oficiaban de “punteros”, móviles sanitarios y cargamentos de mercadería lícita para ocultar o disimular el traslado de la droga.

En agosto de 2023, el Tribunal Oral Federal de Corrientes condenó a Llopiz, y en mayo de 2024 la Cámara Federal de Casación Penal rechazó por mayoría el recurso de casación de la defensa.