Sin Martín Menem, el oficialismo retoma las negociaciones en Diputados por la ley Malvinas y evalúa nuevos cambios

El Gobierno busca reactivar su agenda legislativa en la Cámara de Diputados, pero todavía no consigue cerrar los acuerdos necesarios. Este jueves reunió a los jefes de bloque aliados para definir una hoja de ruta que permita avanzar la próxima semana con la denominada ley Malvinas, impulsada por el asesor presidencial Santiago Caputo.

La negociación se desarrolló en ausencia del titular de la Cámara, Martín Menem, y terminó sin definiciones sobre los cambios que reclama la oposición.

El encuentro también sirvió para acordar un cronograma para el presupuesto 2027: la intención es emitir dictamen el próximo martes y llevarlo al recinto el miércoles 25 de noviembre, aunque su aprobación sigue condicionada a las conversaciones del ministro del Interior, Diego Santilli, con los gobernadores.

La discusión más inmediata gira en torno al proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, que establece sanciones económicas y penales contra las empresas que participen, sin autorización argentina, de la explotación de recursos naturales en las islas Malvinas y la plataforma continental. Aunque ya cuenta con dictamen de comisión, la iniciativa sigue sin reunir los consensos necesarios para su aprobación.

El principal obstáculo es el Título VII, que modifica la ley de partidos políticos y el Código Penal para sancionar la injerencia extranjera en las campañas electorales. Provincias Unidas y Argentina Federal pretenden directamente eliminar ese apartado, mientras que Karina Banfi (Adelante Buenos Aires) propone suprimir las modificaciones penales, entre ellas el agravamiento de las penas por traición a la patria cuando estén involucrados funcionarios públicos, militares o agentes de inteligencia.

La resistencia de los aliados pone en riesgo ese capítulo: por introducir modificaciones en materia electoral, requiere 129 votos afirmativos, la mayoría absoluta de la Cámara. Es una cifra difícil de alcanzar para el oficialismo si parte de sus socios parlamentarios decide rechazarlo.

En reserva, algunos legisladores libertarios también expresan reparos sobre este apartado del proyecto.

En representación del Gobierno participó Paula Taddei, funcionaria de la Secretaría Legal y Técnica, que conduce María Ibarzábal. La secretaria no asistió porque se encontraba en Hamburgo, donde defendía la posición argentina sobre Malvinas ante el Tribunal del Mar.

Según pudo saber LA NACION, Taddei se comprometió a trasladar las objeciones y elaborar una contrapropuesta. La respuesta no conformó a los aliados. “Hace semanas que venimos con lo mismo. Necesitamos que nos digan si lo van a cambiar o no”, protestó un referente opositor, fastidiado por la sucesión de reuniones sin resultados concretos.

Menem, en tanto, se mantuvo al margen de las conversaciones sobre una iniciativa promovida por Caputo. En representación de La Libertad Avanza (LLA) participaron el jefe de bloque, Gabriel Bornoroni, y los diputados Silvana Giudici, Nicolás Mayoraz y Giselle Castelnuovo. También asistieron Cristian Ritondo y Javier Sánchez Wrba (Pro), Pamela Verasay (UCR), Gisela Scaglia (Provincias Unidas) y Oscar Herrera Ahuad (Argentina Federal).

El oficialismo pretende llevar la ley Malvinas al recinto el próximo miércoles, junto con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), una serie de tratados internacionales y el convenio para transferir a la Ciudad de Buenos Aires la Justicia de Menores y determinadas competencias penales de la Nación.

El papel de los gobernadores

La negociación del presupuesto 2027 tampoco está cerrada. Aunque el oficialismo apunta a darle media sanción el 25 de noviembre, ese mismo día Santilli tiene previsto presentar su informe de gestión ante el Senado. Por eso, en el Gobierno evalúan trasladar la sesión de Diputados al jueves 26, para que el ministro pueda participar de las últimas negociaciones y asegurar los votos.

Los reclamos atraviesan a casi todos los bloques aliados. Pro exige que la Nación salde la deuda de coparticipación con la Ciudad de Buenos Aires, una reducción de impuestos -entre ellos, el IVA a los huevos y sus derivados y el impuesto a los combustibles líquidos-, la continuidad del régimen de promoción automotriz y mayores controles sobre las concesiones viales.

Durante el encuentro, el partido que conduce Mauricio Macri celebró en las redes sociales la incorporación al presupuesto de su reclamo vinculado con el sector autopartista. La modificación había sido impulsada por el expresidente, que negoció directamente con el ministro de Economía, Luis Caputo.

La UCR, por su parte, reclama preservar la actualización por inflación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y garantizar los fondos destinados a discapacidad y universidades.

Los bloques provinciales también condicionan su acompañamiento. Los diputados misioneros alineados con el gobernador Hugo Passalacqua reclaman una deuda previsional, además de recursos para el sector tabacalero, obras viales y protección de bosques nativos. Córdoba exige fondos adeudados a su caja jubilatoria y obras en rutas nacionales, mientras que los legisladores que responden al salteño Gustavo Sáenz piden mayores partidas para infraestructura vial y saneamiento.

A estos planteos se suma otro reclamo compartido por Córdoba y Santa Fe: que el oficialismo retome el debate sobre un nuevo régimen de biocombustibles, que contempla modificaciones en los porcentajes de corte obligatorio en las naftas.

Así, mientras el Gobierno intenta acelerar el calendario parlamentario, la aprobación de sus principales proyectos sigue dependiendo de acuerdos que todavía no consiguió cerrar.