“Kiosco de la casta”: productores autoconvocados de todo el país apuntaron contra Visec

En medio de la controversia por la plataforma Visec, productores autoconvocados rechazaron el sistema, al que calificaron como “un kiosco de la casta corporativa y la agenda colectivista europea”. A través de un duro comunicado titulado “Basta de kioscos”, cuestionaron los nuevos controles, el manejo de datos privados y los posibles descuentos comerciales para quienes no adhieran. Además, advirtieron que la imposición de una única vía de certificación los deja “cautivos ante un puñado de exportadoras e intermediarios”.

El documento fue difundido este jueves por la Red Nacional de Productores Autoconvocados y reúne adhesiones de agrupaciones de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Chaco, Salta y Río Negro, entre otras provincias. Visec es una plataforma que permite acreditar que la soja y la carne vacuna destinadas a la Unión Europea provienen de campos libres de deforestación, según las exigencias ambientales de ese mercado.

“Durante décadas, la política, la burocracia y los amigos del poder inventaron sellos, registros, cajas y ‘mecanismos de control’ con la excusa de cuidarnos”, señalaron los productores. En ese sentido, cuestionaron que las reglas europeas se apliquen en la Argentina a través de certificadores privados. Según expresaron, se trata de “reglas escritas en Bruselas aplicadas por certificadores privados que no responden ante el ciudadano ni ante la Constitución”.

Los autoconvocados consideraron que no es necesario sumar nuevos trámites porque la Argentina ya cuenta con registros oficiales para identificar los campos y seguir la producción. “Ya existen registros oficiales. Trazabilidad, caravaneo y catastro. Duplicarlos con una capa privada es un trámite superpuesto”, afirmaron. También cuestionaron que los productores deban demostrar que cumplen con determinadas condiciones antes de vender. “En un país libre se presume que el productor actúa legalmente, y quien acusa prueba. El Visec obliga a demostrar inocencia antes de vender”, expresaron.

En cuanto a la información de los establecimientos, rechazaron que empresas privadas puedan exigir datos operativos, de trazabilidad o geolocalizaciones como condición para comercializar. “Tu tierra es tu propiedad; tus datos son tu propiedad”, señalaron. Además, advirtieron que aceptar estas exigencias podría sentar un precedente para futuros controles.

También cuestionaron los posibles descuentos en el precio de la hacienda para quienes no estén registrados en Visec. “Si los frigoríficos descuentan a quien no adhiere. No hay acuerdo entre partes libres. Es una imposición coordinada por quienes compran”, sostuvieron. Los autoconvocados calificaron esa situación como “un cartel de hecho” y rechazaron que una única plataforma pueda convertirse en la vía para cumplir con las condiciones que exige Europa. “No más ‘registros únicos’, ‘ventanillas de certificación’, estructuras para-estatales que funcionan como peajes”, reclamaron.

La implementación de VISEC generó una fuerte polémica entre entidades rurales, especialmente por los posibles descuentos en el precio de la hacienda para los productores que no estén registrados. Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) cuestionó esta situación y no descartó recurrir a Defensa de la Competencia o avanzar con acciones judiciales. La discusión también provocó diferencias con la Sociedad Rural Argentina (SRA), mientras que otras entidades, como Carsfe, en Santa Fe, expresaron su preocupación por el manejo de los datos de los productores y las condiciones para comercializar.

Los autoconvocados también rechazaron que las normas europeas determinen cómo deben producir y comercializar los productores argentinos. “La Argentina no debe adaptar su sistema productivo a una norma europea que está mostrando su fracaso en la misma Europa”, afirmaron. En ese sentido, reclamaron que se respete la libertad de cada productor para decidir a quién vender y bajo qué condiciones.

El documento reúne adhesiones de productores de numerosas localidades de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y otras provincias. Entre ellas figuran Luján, Pehuajó, Coronel Dorrego, Azul, Tapalqué, Coronel Suárez, Pergamino, Tres Arroyos, Bolívar y Casilda. También participaron agrupaciones de Entre Ríos, La Pampa, Chaco, Río Negro y Salta.

Los firmantes insistieron en que las exigencias comerciales no deberían ir más allá de lo establecido por las leyes argentinas y los acuerdos entre las partes. “Cumplir la ley nacional y respetar los contratos es el único requisito para comerciar”, expresaron.