SCJN avala prisión por negligencia médica en México tras caso de médico del IMSS

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la validez constitucional de las normas que sancionan penalmente las lesiones causadas por negligencia médica con sanciones de 3 a 5 años de prisión.

Esta resolución deriva de la negación de amparo a un neurocirujano del IMSS por intervenciones en la columna que causaron lesiones permanentes a un paciente, cuyos detalles se dan más adelante.

Tras la revisión del caso, la Corte determinó que castigar la falta de cuidado no vulnera el principio de legalidad, la mínima intervención penal ni el derecho al trabajo de los profesionales de la salud.

Al resolver por unanimidad el amparo en revisión 257/2026 el Pleno de la SCJN confirmó la sentencia dictada por un juzgado federal.

¿Qué sanciones puede recibir un médico por negligencia en México?

Con ello, la Suprema Corte avaló la constitucionalidad de los artículos 60, segundo párrafo, y 291 del Código Penal Federal.

De acuerdo con esa legislación, cuando la negligencia médica provoca una lesión permanente puede castigarse con penas de entre tres y cinco años de prisión.

También puede contemplarse la suspensión del ejercicio profesional, según el delito y las circunstancias acreditadas.

¿Qué argumentó la SCJN?

La resolución judicial estableció que estos preceptos cumplen con el principio de taxatividad (claridad en la ley), el uso del derecho penal como último recurso y las garantías laborales, garantizando certeza jurídica tanto para el personal médico como para los pacientes.

Antecedentes del caso: amparo promovido por médico neurocirujano

El asunto tuvo su origen en un juicio de amparo promovido por un médico neurocirujano adscrito al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

De acuerdo con los antecedentes del proceso penal, los días 15 y 20 de diciembre de 2017 el médico practicó dos cirugías en la columna vertebral a un paciente que requería atención por secuelas de un accidente.

• En la primera intervención colocó tornillos transpediculares
• En la segunda los recolocó nuevamente

Sin embargo, tras ambas intervenciones quirúrgicas, el paciente presentó complicaciones severas.

Dictámenes médicos posteriores concluyeron que el afectado sufrió una disminución permanente en la movilidad de su pierna derecha.

Ante los hallazgos, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación por responsabilidad médica y lesiones culposas.

En consecuencia, el 3 de marzo de 2022, un juez de control federal en Reynosa, Tamaulipas, dictó auto de vinculación a proceso en contra del neurocirujano.

La respuesta del médico fue un juicio de amparo indirecto. Argumentó que los artículos 60 y 291 del Código Penal Federal carecen de precisión sobre cuándo la praxis médica constituye delito, generan incertidumbre y un efecto inhibitorio en la medicina defensiva.

Asimismo, los abogados del especialista sostuvieron que los desacuerdos en la atención sanitaria deben canalizarse exclusivamente mediante juicios civiles o arbitrajes ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED).

Tras la negativa de amparo emitida por el Juzgado Séptimo de Distrito en Tamaulipas, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito envió el expediente a la SCJN para que analizara si dichos artículos penales se apegan o no a la Constitución.

Criterio de la SCJN: la práctica médica como actividad de medios y no de resultados

En la presentación del proyecto, la ministra ponente María Estela Ríos González aclaró que los tipos penales examinados no vulneran la certeza jurídica.

Explicó que la ley sanciona la causación de daños permanentes derivados de la inobservancia del deber objetivo de cuidado en situaciones previsibles.

El fallo del máximo tribunal enfatizó que el ejercicio médico es una “actividad de medios y no de resultados”.

Por lo tanto, los profesionales de la salud están obligados a actuar con la diligencia y conocimientos exigibles, sin que esto signifique garantizar la curación absoluta del enfermo.

Se debe acreditar descuido o infracción

Por ello, el fallo precisó que una complicación quirúrgica, la falta de sanación o un resultado no deseado no constituyen por sí mismos un delito, a menos que se demuestre un descuido o infracción al deber de cuidado.

“La responsabilidad penal exige acreditar la infracción de un deber concreto de cuidado y la atribución del resultado típico a esa infracción”, señaló la ministra Ríos González.

Respecto a la libertad de trabajo, la sentencia determinó que el artículo 5° de la Constitución no exime a ninguna profesión del cumplimiento de las normas que protegen la salud e integridad de las personas.

En cuanto a la libertad de trabajo protegida por el artículo 5° constitucional, la Corte resolvió que ningún ejercicio profesional está exento de cumplir las normas que tutelan la vida y la integridad corporal.

La vía penal no castiga los riesgos inherentes a la medicina, sino la imprudencia o negligencia comprobada.

Debate en el Pleno de la SCJN: diferencia entre negligencia médica grave y ordinaria

Durante la sesión, la ministra Sara Irene Herrerías Guerra pidió que la Corte analizara si la vía penal debería reservarse exclusivamente para faltas de cuidado graves o inexcusables.

En este sentido, propuso canalizar los descuidos ordinarios hacia mecanismos civiles o de arbitraje para la reparación del daño.

“Considero que no toda conducta negligente derivada del ejercicio de la medicina debe ser necesariamente sancionada penalmente.

“Mientras que las conductas de menor entidad podrían encontrar una respuesta adecuada para una reparación del daño en el ámbito civil, administrativo o profesional”, señaló la ministra Herrerías

“Desde mi perspectiva, la intervención del derecho penal debe reservarse para aquellos supuestos de negligencia grave o inexcusable“, señaló.

Sin embargo, la propuesta de incorporar una diferenciación entre negligencia ordinaria y grave fue rechazada por la mayoría de los integrantes del tribunal.

La ministra Loretta Ortiz Ahlf expuso las dificultades que implicaría para un juzgador clasificar esos niveles de descuido médico.

“Es muy difícil probar cuando hay de por sí negligencia. Y además distinguir, conforme a la propuesta, la negligencia grave“.

A su vez, la ministra Ríos González señaló que modificar esos parámetros no corresponde al Poder Judicial, sino al Congreso.

“El legislador es el que establece las reglas del derecho penal (…) no nos corresponde a nosotros, corresponderá en su caso al Legislativo“.

Fallo de la Corte y consecuencias para el proceso penal

Al momento de la votación, las nueve ministras y ministros votaron a favor de confirmar la sentencia recurrida y negar el amparo solicitado contra el Código Penal Federal.

De esta forma, la Suprema Corte concluyó formalmente el análisis sobre la constitucionalidad de los artículos penales impugnados y ordenó regresar el expediente al Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito.

Dicho tribunal se encargará de revisar los aspectos procesales del caso concreto, valorar las pruebas médicas aportadas por la Fiscalía y determinar si se mantiene o se revoca el auto de vinculación a proceso en contra del neurocirujano.