La Diputación Permanente convalida el castigo fiscal de hasta 2.000 euros a los propietarios que suban el alquiler

Ya es definitivo. Los propietarios que suban la renta a sus inquilinos sufrirán una penalización fiscal que puede llegar a ser muy severa cuando hagan su declaración de la Renta. La maniobra del Gobierno para convalidar este jueves a través de la Diputación Permanente uno de los decretos de vivienda -el otro, impuesto por el ala de Sumar y que aspiraba a implantar alquileres indefinidos en España, decayó como se esperaba- que fue rechazado en su día por la mayoría del Congreso de los Diputados ha consolidado en la normativa española la nueva configuración de la reducción en el Impuesto sobre la Renta de los rendimientos procedentes del arrendamiento de viviendas.La modificación pone este dispositivo fiscal al servicio del principal y casi único objetivo que ha tenido el Gobierno en el mercado de alquiler: el control de los precios . Lo que no consiguió con la aprobación de las zonas tensionadas pretende lograrlo ahora con una compleja reconfiguración del IRPF, que lo que hace a grandes rasgos es penalizar fiscalmente a cualquier casero al que se le ocurra subir la renta a sus inquilinos y premiar a aquellos que o bien la rebajen o bien se animen a poner sus viviendas en el mercado.Según los datos de Hacienda hasta ahora la ventaja media que obtenían los contribuyentes gracias a esta reducción era de 350 euros en 2023, último dato disponible, por lo que a estas alturas podría rondar ya los 400 euros. Tal y como se ha reconfigurado la figura fiscal esa ventaja podría irse al entorno de los 1.000 euros si el casero se aviene a recortar en un 5% la renta que venía cobrando o la sitúa por debajo de lo que establece el índice de referencia del Ministerio de Vivienda en la renovación del contrato, o quedarse en apenas 100 euros si lo que hace el propietario es subir la renta un 20%, al compás de la escalada que vienen experimentado los precios del alquiler en algunos mercados.El Gobierno repartirá premios y castigos a los caserosEl Registro de Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas (REAF) ha simulado el impacto fiscal que este nuevo esquema tendría sobre una persona soltera que tiene alquilada una vivienda por una renta de 1.000 euros al mes y está en un rango salarial de unos 40.000 euros, en virtud de la decisión que adopte cuando toque renovar el contrato de alquiler. Se parte de la base de que como propietario asume unos gastos anuales de 3.800 euros y que, por tanto, tiene un rendimiento neto de 8.200 euros de los que hasta la fecha ha podido reducirse un 50% (era un 60% antes de la primera acometida fiscal del Gobierno de Pedro Sánchez) lo que le deja una cuota fiscal de 9.262 euros. Si optara por una actualización de la renta de alquiler de su inquilino del 5% la penalización fiscal que soportaría en el IRPF sería de 436 euros y el 72% del rendimiento extra que le generara esa actualización acabaría en manos de Hacienda; una subida del 10%, le supondría una subida de IRPF de 917 euros; que sería ya de 1.258 si la subida fuera del 15%; de 1.620 euros, si fuera del 20%; y de algo más de 2.000 euros si la renta del inquilino se encareciera un 25%.La ventaja fiscal media que los caseros obtienen por tener sus viviendas en alquiler no alcanza los 400 eurosEn sentido contrario, si el propietario accediera a reducir en un 6% la renta que cobraba hasta la fecha y esta se situara por debajo de lo que marca el índice de referencia de Vivienda obtendría una ventaja fiscal de más de 1.500 euros y un saldo neto favorable de 797 euros respecto a la situación anterior, gracias a la nueva configuración de la reducción por IRPF. La ventaja fiscal y el saldo favorable se van reduciendo progresivamente, en el ejemplo del REAF, incluso aunque se reduzca el precio actual si la renta no se sitúa por debajo del índice oficial de referencia, si no se alquila en zonas tensionadas o con jóvenes de entre 18 y 35 años hasta un suelo de reducción bonificada del 70%. Los que mantengan el precio actual mantendrán también la reducción general del 50% que prevé la ley.«Va a resultar muy complicado para los propietarios saber qué reducción fiscal se deben aplicar», advertían hace unos días desde el REAF, tras constatar que el nuevo marco fiscal establece hasta 13 situaciones diferentes de reducción en un campo en el que hace apenas 36 meses solo había una. La maniobra fiscal del Gobierno para controlar los precios del alquiler por vía fiscal puede resultar en un incremento exponencial de la litigiosidad, según advierten los expertos.