Mediación y conciliación: una nueva justicia administrativa

Durante décadas, los conflictos entre los ciudadanos y las autoridades en México parecían tener un destino inevitable: los tribunales. Frente a una decisión administrativa considerada ilegal o injusta, el particular tenía que acudir a procedimientos frecuentemente largos y costosos. Hoy comienza a abrirse una alternativa que puede transformar esa relación.

La Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, publicada en enero de 2024, representa un avance significativo al permitir que determinados conflictos entre particulares y autoridades federales, estatales y municipales puedan resolverse mediante la negociación, la mediación y la conciliación, sin necesidad de llegar siempre a una sentencia.

Esta posibilidad encuentra sustento en el artículo 17 constitucional y adquiere especial relevancia en una materia tradicionalmente caracterizada por la desigualdad entre las partes: de un lado, la administración pública, con todas las facultades y recursos del Estado; del otro, el ciudadano que simplemente pretende defender sus derechos.

Como ha señalado Luis Enrique Osuna Sánchez, Director General del Centro Público de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia de Justicia Administrativa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y Presidente del Consejo Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia de Justicia Administrativa, el verdadero desafío consiste en identificar aquellos conflictos en los que existe un espacio jurídicamente viable para el diálogo, sin comprometer la legalidad ni el interés público.

No debe confundirse esta nueva posibilidad con una autorización para negociar indiscriminadamente las obligaciones del Estado. El artículo 115 de la Ley General exige que la controversia sea susceptible de transacción y que la autoridad justifique jurídicamente su participación. La administración pública no puede renunciar arbitrariamente a sus facultades ni disponer de derechos que la ley considera indisponibles.

En el ámbito federal, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha dado pasos importantes mediante la creación y puesta en funcionamiento de su Centro Público especializado. Se trata de una transformación institucional que busca incorporar soluciones consensuadas a un sistema históricamente orientado hacia el litigio. Y curioso, los únicos ataques a esta importante nueva etapa del derecho administrativo han sido por parte de un magistrado desvelado.

Sin embargo, el verdadero reto se encuentra también en las entidades federativas. En Jalisco, donde existen antecedentes relevantes en materia de justicia alternativa y modernización jurisdiccional como la implementación exitosa del Juicio en Línea, en medios alternos está en la calle, resulta indispensable impulsar la plena adaptación normativa e institucional de estos mecanismos a la justicia administrativa.

El Congreso del Estado y el Tribunal de Justicia Administrativa de Jalisco deben asumir un papel mucho más activo en esta transformación. No basta con reconocer formalmente la existencia de los mecanismos alternativos; es necesario contar con reglas claras, instituciones especializadas, personas facilitadoras capacitadas y procedimientos accesibles para los ciudadanos.

Una de las innovaciones más importantes consiste en que los convenios alcanzados mediante estos mecanismos, una vez aprobados judicialmente conforme a la ley, pueden adquirir el carácter de cosa juzgada. Así, el acuerdo entre las partes deja de ser una simple declaración de buenas intenciones para convertirse en una solución jurídicamente exigible.

La mediación y la conciliación no pretenden sustituir a los tribunales ni debilitar el control judicial de los actos de autoridad. Por el contrario, permiten reconocer que existen controversias cuya solución puede construirse mediante el diálogo, sin sacrificar la legalidad.

Pero esta transformación exige algo más profundo que nuevas disposiciones legales: requiere un cambio de mentalidad de los servidores públicos, quienes deben comprender que ejercer la autoridad no significa necesariamente imponer decisiones, y que dialogar con los gobernados no constituye una renuncia al poder público.

Una administración pública verdaderamente democrática no pierde autoridad cuando dialoga con los ciudadanos; por el contrario, fortalece su legitimidad cuando es capaz de resolver los conflictos dentro de la ley, sin convertir cada desacuerdo en un juicio.