¿No trae cambio?

México es un país de paradojas. Decimos “ya voy” cuando apenas nos vamos a bañar. Y en la tiendita de la esquina o en el Seven, si no hay cambio, un billete de veinte vale más que uno de mil.

En la inclusión financiera digital también las encontramos. En 2025, el 86.1% de la población de seis años y más usó internet. En 2024, el 76.5% de los adultos tenía algún producto financiero. Y, sin embargo, ese mismo año apenas el 41.4% de las personas de 15 años y más hizo o recibió un pago digital. Tenemos los medios, pero seguimos pagando en efectivo.

Ahora bien, estas cifras no cuentan toda la verdad. Existen contrastes. En el Noreste del país, más del 60% de las personas dice que casi todos los comercios donde compra aceptan tarjeta o transferencia. En el Sur, apenas el 30%. Y en las localidades rurales, solo el 17% de los adultos hizo algún pago con tarjeta.

Frente a este panorama, el 5 de noviembre entró en vigor la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos.

Sus objetivos explícitos son facilitar la contratación de servicios financieros mediante la CURP Digital y el Expediente Digital Ciudadano, así como obligar a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a habilitar pagos electrónicos para sus trámites y servicios. Para los comercios, en cambio, incorporarlos es, por regla general, voluntario.

Pero existe otra finalidad que la exposición de motivos omite: limitar el uso de efectivo para combatir la evasión fiscal y el lavado de dinero. El artículo 13 establece que la Secretaría de Hacienda determinará los sectores económicos en los que el pago digital podrá ser la única forma de pago. Hacienda tiene hasta el 27 de noviembre para determinarlos.

Y si bien existe incertidumbre sobre cuáles serán esos sectores, la Presidenta ha anticipado que esta medida está enfocada en las casetas y las gasolineras.

En las primeras, se busca abaratar y agilizar su operación. En las segundas, se pretende que los registros de pagos ayuden a rastrear el combustible ilegal. En este caso, existirá tensión con el sector y, seguramente, habrá impugnaciones.

La Suprema Corte, con su anterior integración, validó las restricciones al efectivo establecidas en la Ley Antilavado. Consideró que eran compatibles con la Ley Monetaria y respondían a un propósito preventivo.

En esa ley, el Congreso fue quien precisó qué operaciones quedaban sujetas a la restricción y a partir de qué montos. La nueva ley tiene por objeto promover los pagos digitales y deja a Hacienda la selección de los sectores, con amplia discrecionalidad. Esto abre la puerta a las gasolineras para controvertir las medidas.

Y aquí encontramos otra paradoja. La ley eliminará el efectivo donde al Estado le interesa fiscalizar, pero mantiene la voluntariedad donde realmente está la brecha: el sur, el campo, la tiendita. Ahí no existen incentivos suficientes para cambiar la forma de comerciar.

La intención es loable y la norma, necesaria. Pero mientras Hacienda fiscaliza las gasolineras, en la esquina nos seguirán preguntando: “¿No trae cambio?”.

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