Más Omar, menos Taddei

Gobernar es priorizar. La Presidencia de México dedica buena parte de su tiempo público a diatribas contra la oposición, activistas, prensa y académicos. ¿Qué pasaría si esos recursos gubernamentales se invirtieran en seguridad?

Las escenas de un enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y criminales ayer en Ocotlán, Jalisco, son al mismo tiempo novedosas y típicas. Ese tiroteo llama la atención porque afecta a una comunidad importante y porque es un recordatorio de que la amenaza criminal sigue ahí.

Se ha consumido un tercio del sexenio. El Gobierno asegura que en dos años los homicidios han disminuido a la mitad. El dato sería atendible si la Presidenta diera la orden a su equipo de abrir un debate permanente sobre tales cifras y, mejor aún, sobre la estrategia.

Es iluso pensar que el Gobierno puede enfrentar por sí solo el fenómeno criminal que azota a México desde hace décadas. Lo malo es que es el propio Gobierno el que parece plantearse semejante reto. Y no solo eso: también parece creer que puede gastar parte de la pólvora en otros “infiernitos”.

Esos “infiernitos” son las grillas que consumen demasiada tinta, energía y tiempo de actores que harían mejor en detenerse a revisar lo que informó el INEGI esta semana en su Encuesta Nacional de Victimización de Empresas.

Con solo tres datos, el panorama queda establecido: una de cada cuatro empresas en México reporta haber sido víctima de algún delito; la extorsión representa ya prácticamente una cuarta parte de los delitos reportados por los encuestados y, en el peor de los escenarios, solo uno de cada diez delitos cometidos contra las empresas se denuncia ante las autoridades.

Al igual que con el enfrentamiento en Ocotlán, ¿a alguien le sorprenden estos datos del INEGI? Quizá la cifra negra de 90% resulte reveladora de la dimensión del reto, pero, por lo demás, la noticia es que la encuesta confirma el desolador escenario.

Así podemos trasladarnos a un Estado como Sinaloa, donde la publicitada presencia de las más altas autoridades de seguridad del país no hace sino acentuar el contraste entre una situación fuera de control desde hace más de dos años y las promesas de la Federación de lograr la paz.

El periodo electoral, por si fuera poco, también nos trae noticias de violencia. Un aspirante de Morena a la alcaldía de Lázaro Cárdenas, Michoacán, fue asesinado el miércoles durante una cabalgata, a plena luz del día. El crimen recuerda, una vez más, que la delincuencia organizada busca imponerse sobre la política y que no distingue si el aspirante pertenece al propio partido de la Presidenta de la República.

Desde octubre, la opinión pública se ha ocupado del affaire Taddei. Es un culebrón sabroso, sin duda. Pero las autoridades de todos los niveles y los políticos realmente comprometidos con el país, sin distinción de filiación ideológica, deberían separar el grano de la paja y dejar de lado el morbo.

Lo de Taddei debe aclararse, investigarse y, si se acreditan responsabilidades, castigarse. Sin duda y puntualmente. Pero se ha vuelto un distractor de temas urgentes, como la violencia. Encima, se ha convertido en un nuevo factor que profundiza la imposibilidad del diálogo y la colaboración.

También es cierto que las fuerzas del orden han dado golpes al crimen en las últimas semanas. Varias de esas detenciones responden a intereses de Estados Unidos, lo que despierta suspicacias sobre si las prioridades están determinadas únicamente por las exigencias de Washington.

En todo caso, hablemos más sobre esos golpes y menos sobre Taddei. Priorizar la seguridad nos conviene a todos. Literalmente.

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