Oficial y confirmado en Nueva York: los condados tienen hasta el 25 de noviembre para cancelar sus contratos de detención migratoria con ICE

El estado de Nueva York estableció un plazo para que las cárceles y las autoridades locales pongan fin a los acuerdos que permiten alojar a personas detenidas por infracciones civiles a las leyes federales de inmigración. La fecha límite será el 25 de noviembre, según anunciaron la fiscal general Letitia James y la gobernadora Kathy Hochul.

La medida se enmarca en la Ley de Policías Locales y Delitos Locales aprobada por la legislatura estatal y firmada por Hochul el 27 de mayo. La normativa prohíbe que los gobiernos locales y las fuerzas de seguridad celebren o mantengan convenios con las autoridades federales para alojar a personas bajo custodia migratoria civil.

El 6 de noviembre, ambas funcionarias comunicaron a los responsables de los condados y a los alguaciles de todo el estado las obligaciones que deberán cumplir. Para ello, la Oficina de la Fiscal General, a través de su Oficina de Confianza para los Inmigrantes, envió una carta con instrucciones sobre cómo finalizar los acuerdos vigentes.

Qué establece la ley sobre los acuerdos de detención migratoria

La legislación alcanza tanto a los convenios formales como a los informales que permiten que las autoridades federales utilicen instalaciones penitenciarias locales para mantener detenidas a personas por infracciones civiles vinculadas con su situación migratoria.

Además de prohibir la firma de nuevos contratos, la norma impide modificar, renovar o extender los acuerdos existentes. En tanto, las jurisdicciones que todavía mantengan este tipo de compromisos deberán recurrir a las cláusulas de rescisión correspondientes antes de la fecha límite, o sea el 25 de noviembre. Una vez vencido ese plazo, cualquier convenio alcanzado por la prohibición quedará automáticamente sin validez y no podrá hacerse cumplir bajo la legislación estatal.

James sostuvo que los recursos de los contribuyentes deben destinarse a mantener la seguridad de las comunidades. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg

La restricción también contempla los contratos que incluyen distintas modalidades de detención. Si un acuerdo permite alojar tanto a personas acusadas de delitos federales como a detenidos por infracciones civiles migratorias, las autoridades deberán eliminar específicamente la parte relacionada con estas últimas.

Sin embargo, la normativa no impide que las cárceles locales reciban a personas que enfrentan cargos penales federales pendientes, siempre que la detención no responda exclusivamente a una infracción civil migratoria. Tampoco limita el cumplimiento de órdenes judiciales o mandatos de arresto emitidos por los tribunales.

Cómo controlarán el cumplimiento de la normativa en Nueva York

La carta enviada por la fiscal general y la gobernadora solicita que los ejecutivos de los condados y los alguaciles informen a la Oficina de Confianza para los Inmigrantes qué medidas adoptaron para cumplir con la legislación. También deberán confirmar si sus jurisdicciones no tienen convenios alcanzados por la prohibición.

Letitia James comunicó la decisión a través de una carta. (AP Photo/Yuki Iwamura, File)

La oficina de James tendrá facultades para recibir denuncias, investigar posibles incumplimientos, emitir citaciones y presentar demandas civiles para garantizar que las disposiciones se respeten. De esta manera, el estado podrá supervisar que las autoridades locales finalicen los compromisos dentro del plazo establecido.

En este sentido, la gobernadora de Nueva York afirmó que permitir que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) utilice las cárceles locales para detenciones civiles no contribuye a mejorar la seguridad pública. Por su parte, James sostuvo que los recursos de los contribuyentes deben destinarse a mantener la seguridad de las comunidades y no a realizar tareas correspondientes a las autoridades migratorias federales.

Los residentes que consideren que una dependencia estatal o local incumplió las normas sobre cooperación migratoria, también podrán presentar denuncias ante la Oficina de Confianza para los Inmigrantes.