Malestar en el Gobierno por la «interferencia judicial» en la campaña del 29N

Apenas han transcurrido unas horas del inicio de la campaña electoral y en el Gobierno ya miran con suspicacias a los tribunales. En las últimas horas se ha sucedido una cadena de decisiones que han generado un profundo malestar en Moncloa. La imputación del exdelegado del Gobierno en Ceuta Miguel Ángel Pérez Triano por la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma, el informe de la UCO (Unidad Central Operativa) sobre el caso Koldo y la personación de este grupo de la Guardia Civil en el Tribunal de Cuentas para requerir información sobre la financiación del PSOE, que se investiga en la Audiencia Nacional.En el Ejecutivo se quejan de una «rutina judicial» que opera en momentos clave. «Llaman la atención los tiempos y las coincidencias» , señalan, con el tradicional añadido de la máxima colaboración con las investigaciones. Sin embargo, lo que para el Gobierno ha sido una constante durante toda la legislatura, ahora tiene una importancia sustancial, por la cercanía con las urnas y, por lo que consideran, un trato desigual respecto a otros partidos. Se refieren a la norma no escrita de que la Justicia suele ralentizar su cadencia de actuaciones en periodo electoral.En Moncloa creen que en su caso no está sucediendo y piden que, «si siempre se ha respetado», sea «para todos igual». Este malestar que se expresa en privado se manifiesta también en público, aunque con mayor cautela, más si viene del ministro de Justicia. Félix Bolaños se pronunció sobre esta cuestión en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y lo hizo para poner en valor esa tradición judicial de no adoptar decisiones durante los periodos electorales. «Esa norma no escrita me parece muy prudente, muy razonable y se ha venido cumpliendo durante todos los procesos. Es muy respetuosa con los procesos como el que tenemos en marcha», apuntó.En el PSOE siguen negando cualquier relación con el investigado en el caso Koldo Cristian Corvillo y aseguran que el encuentro que le refirió al conseguidor Víctor de Aldama nunca existió. «Esa reunión no se produjo nunca y el propio presidente ha dicho que no conoce a esas personas», señaló la portavoz del Gobierno, acogiéndose a las palabras del propio Pedro Sánchez, que negó cualquier relación con los implicados en la trama. En el Gobierno no quieren hablar de 'lawfare' abiertamente, pero deslizan una concertación entre juzgados a diferentes niveles que se encuadra dentro de la persecución al Ejecutivo.