Uruguay acuerda con empresa canadiense finalizar el arbitraje por el puerto de Montevideo

La compañía, que renunció "de manera irrevocable" a todas sus reclamaciones, pretensiones y acciones, reclamaba unos 240 millones de dólares y había promovido el mencionado arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

De acuerdo con esto, el Estado uruguayo no deberá pagar una indemnización ni asumir obligaciones económicos frente a ATCO, accionista del consorcio Neltume Ports, propietaria del operador portuario Montecon, que actuaba en Montevideo.

Este viernes, Presidencia detalló en un comunicado que la empresa ATCO reclamaba la suma y había promovido un arbitraje al amparo del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados y del acuerdo entre los Gobiernos de Canadá y Uruguay para el fomento y la protección de las Inversiones.

"En el marco del acuerdo alcanzado, las partes resolvieron dar por terminado el arbitraje, mientras que ATCO renunció de manera irrevocable a todas las pretensiones, acciones y reclamaciones que había presentado contra el Estado uruguayo", agregó.

Al mismo tiempo, puntualizó que ninguna de las partes reconoce responsabilidad alguna en relación con el arbitraje y ninguna asume la obligación de compensar económicamente a la otra.

El cierre de este arbitraje se sumó al del procedimiento internacional promovido por Neltume Ports contra Uruguay, en el que el consorcio reclamaba unos 600 millones de dólares.

Allí la empresa también "renunció de manera irrevocable a todas las pretensiones, acciones y reclamaciones presentadas contra el Estado uruguayo", según indicó Presidencia tiempo atrás.

En el año 2024, el operador portuario Montecon -propiedad de Neltume Ports- anunció que el CIADI arbitraría en su demanda contra el Estado uruguayo, acusado de violar tratados y desconocer la libre competencia en el Puerto de Montevideo.

Asimismo, informó que se había iniciado una segunda solicitud, por 240 millones de dólares, en la que se denunciaba "la violación de los principios del tratado de protección de inversiones que Uruguay suscribió con Canadá".