Presidente polaco veta por segunda vez ley para bloquear contenido ilegal en internet

En un vídeo publicado hoy en la red X, Nawrocki aseguró que la regulación permitía una "injerencia estatal inaceptable sobre la libertad de expresión" y que, en su opinión, introduciría "el espectro de un censor oficial (...) uno que decidiría qué está permitido y qué no en internet".

El presidente de Polonia subrayó que "el papel de un funcionario no es dictar sentencias sobre si determinado contenido constituye un delito o no, eso es competencia exclusiva del poder judicial y de jueces independientes", y añadió que la propuesta de ley incluía "medidas desproporcionadas, capaces de cerrar dominios enteros por un solo comentario" ilícito.

Tras conocerse la noticia, el ministro de Digitalización, Krzysztof Gawkowski, criticó la postura de Nawrocki con varios mensajes a través de X y escribió que el veto "es una autorización para el acoso, el odio y la muerte que también trae internet. Por todo ello, el presidente asume una responsabilidad personal".

El veto de hoy invalida el procedimiento administrativo que daría al presidente de la Oficina de Comunicaciones Electrónicas (UKE) poderes para ordenar la retirada o bloqueo de material delictivo -como pornografía infantil, incitación al suicidio o amenazas- a instancia de fiscales, la policía o usuarios.

Pese a que el texto contemplaba la posibilidad de recurso judicial posterior, Nawrocki rehusó admitir la posibilidad de bloqueos previos de carácter administrativo.

Este veto representa el segundo rechazo del presidente a esta legislación específica, tras vetar la primera versión en enero de 2026, y deja a Polonia como el único país de la UE sin adoptar plenamente las directrices comunitarias de la DSA.

El control de los contenidos en internet ha cobrado nueva vigencia en Polonia tras la detención de 13 personas por publicaciones que glorificaban al autor del reciente atentado de Cracovia que mató a seis personas el pasado sábado o insinuaban nuevos ataques.

La policía afirmó que los mensajes podían inducir a error a la opinión pública, alimentar el pánico y propagar desinformación.