La violencia feminicida rompe récords ante la ineficacia del despliegue armado

Un seguimiento hemerográfico realizado por el periódico El Debate reveló la faceta más violenta de la crisis de seguridad en Sinaloa: 141 mujeres fueron asesinadas entre el 1 de enero y el 11 de noviembre de 2026, en una escalada que no solo rompió las marcas históricas del delito, sino que derribó las fronteras de los espacios comunitarios y de trabajo.

Lejos de quedar confinada al ámbito privado o a brechas solitarias, la violencia feminicida irrumpió a plena luz del día en los centros de la vida cotidiana y económica.

Desde la ejecución múltiple de cuatro mujeres en las inmediaciones de una guardería canina en Culiacán, hasta los ataques directos con armas de fuego al interior de birrierías, estéticas y estaciones de gasolina en municipios como Escuinapa y Concordia, la agresión letal de género invadió los lugares de comercio.

Con 70 casos formalmente tipificados como feminicidios y 64 calificados preliminarmente como homicidios de mujeres en los primeros diez meses del año, el monitoreo hemerográfico evidenció cómo la actividad comercial del estado se convirtió en escenario de agresiones y exhibió la indefensión de las trabajadoras y la impunidad con la que operan los agresores como parte de una maquinaria criminal que continúa acribillando y desapareciendo a las mujeres a plena luz del día pese a la presencia de militares en las calles.

La brecha

De acuerdo con los tableros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y los informes de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), durante el bienio 2019–2020 el país contabilizó 944 y 947 feminicidios respectivamente, promediando 2.6 víctimas diarias a lo largo de la gestión de López Obrador.

En contraste, entre octubre de 2024 y septiembre de 2026, el promedio nacional cayó a 2.0 feminicidios al día con mil 459 víctimas en dos años. Para los primeros nueve meses de 2026, el SESNSP asentó 520 feminicidios en todo el país, lo cual reflejó una reducción nacional del 4 por ciento respecto al mismo tramo de 2025.

Sin embargo, la trayectoria en Sinaloa marchó en sentido opuesto. Según los dictámenes de la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP) y los registros ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, la entidad pasó de 55 mujeres asesinadas en 2024 a 104 en 2025. Esto equivalió a un incremento del 89 por ciento.

La espiral alcanzó su punto crítico en 2026. Entre enero y octubre de este año, la FGE abrió carpetas de investigación por 121 feminicidios, rebasando holgadamente el máximo histórico de 86 casos registrados en 2017.

Mujeres bajo fuego

Pese a albergar únicamente al 2.4 por ciento de la población femenina de México, Sinaloa concentró el 18.65 por ciento de los feminicidios del país entre enero y septiembre de 2026, con 97 de los 520 casos nacionales.

La tasa de feminicidios en la entidad escaló a 8.4 víctimas por cada 100 mil mujeres en la medición anualizada acumulada a septiembre de 2026, un indicador que equivale a 7.6 veces el promedio nacional.

En el monitoreo continuo realizado mediante las listas de la base de datos policiaca del periódico El Debate, la violencia contra las mujeres acumuló 141 homicidios de mujeres entre el 1 de enero y el 11 de noviembre de 2026. No todos los casos están judicializados bajo el tipo penal de feminicidio.

De las 134 víctimas registradas entre enero y octubre, 70 fueron tipificadas expresamente como feminicidios y 64 quedaron asentadas como homicidios de mujeres.

La tendencia evidenció una aceleración constante en el segundo semestre. De un mínimo de 3 casos en marzo y 6 en junio, el indicador ascendió a 11 en julio, 23 en agosto, 28 en septiembre y 24 en octubre.

Septiembre fue el mes más mortífero del año para las mujeres sinaloenses.

La comparación entre los 10 casos de enero y los 24 de octubre demostró un incremento del 140 por ciento en la violencia mortal. La jornada de mayor letalidad en el registro hemerográfico ocurrió el 12 de octubre de 2026, día en que cinco mujeres fueron asesinadas.

El análisis de los datos denota una incursión criminal en zonas de actividad económica. Los expedientes reportan el feminicidio múltiple de cuatro mujeres al interior de una guardería canina en Culiacán, el ataque mortal a tiros contra Lucero “N” en una birriería del Centro de Escuinapa, y el homicidio de Renata “N” dentro de una estética en ese mismo municipio.

En este último caso, la FGE detuvo e imputó a Williams, Carlos y Luis “N”, quienes además fueron vinculados a proceso por la supuesta portación de armas de uso exclusivo y por el presunto asesinato del titular de Protección Civil municipal, confirmando la convergencia directa con facciones armadas del narcotráfico. Asimismo, en Copala se registró el asesinato de dos trabajadoras en una estación de servicio de gasolina.

El despliegue

La cartografía del feminicidio experimentó un desplazamiento de su eje tradicional. Históricamente, las agresiones letales se concentraron en la capital del estado. Tan solo en 2025, Culiacán agrupó el 52.1 por ciento de los feminicidios de la entidad, es decir 38 de las 73 víctimas mortales. No obstante, las estadísticas de la FGE y los cortes del SESNSP correspondientes al periodo de junio a octubre de 2026 confirmaron que el epicentro del riesgo se trasladó hacia el corredor sur.

Entre enero y octubre de 2026, Mazatlán y Escuinapa sumaron 59 víctimas de feminicidio. Esta cifra representó el 48.76 por ciento del total estatal y superó la suma acumulada en Culiacán, que contabilizó 52 casos.

El caso de Escuinapa ilustró la gravedad de la fractura territorial. Tras haber reportado un feminicidio en el 2025, la irrupción de células armadas entre junio y el otoño de 2026 detonó 22 asesinatos de mujeres en apenas nueve meses. La escala de la crisis colocó a Culiacán, Mazatlán y Escuinapa como los tres primeros lugares en el listado nacional de feminicidios a nivel municipal elaborado por el SESNSP a septiembre de 2026, al sumar entre los tres 82 víctimas, cifra que equivale al 15.8 por ciento del total de México.

Violencia sin freno

El desbordamiento del feminicidio se produjo mientras Sinaloa reporta la mayor concentración militar del país.

Informes de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) apuntan a que Sinaloa cuenta con 22 mil 667 efectivos del Ejército Mexicano, cifra que equivale al 23 por ciento de las tropas desplegadas en todo el territorio nacional.

A pesar de esta presencia, el saldo global del conflicto entre septiembre de 2024 y noviembre de 2026 ascendió a más de 3 mil 600 homicidios dolosos y 12 mil 507 vehículos robados en la entidad.

La acumulación de fuerza militar no ha fungido como un elemento inhibidor de los feminicidios. Las ejecuciones continuaron perpetrándose incluso en las inmediaciones de recintos militares y navales. En el puerto de Mazatlán, por ejemplo, se documentó el feminicidio de Claudia Guadalupe, acribillada a plena luz del día sobre la Avenida Emilio Barragán, justo frente a las instalaciones de la Zona Naval.

Ante el aumento de la violencia en el sur, la FGE activó revisiones mediante su Unidad de Análisis y Contexto para rastrear móviles vinculados al crimen organizado. Paralelamente, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, Omar García Harfuch, reconoció en Mazatlán el 9 de noviembre de 2026 el repunte criminal registrado durante septiembre y octubre.

Como respuesta, el Gobierno Federal anunció el refuerzo de 634 elementos adicionales de la Secretaría de Marina (SEMAR) y la creación de un centro de monitoreo carretero equipado con 720 cámaras de videovigilancia y 30 arcos lectores de placas a lo largo de los 250 kilómetros del corredor Culiacán–Mazatlán–Durango.

Sin embargo, las mediciones del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP) destacan que el mecanismo de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), vigente en la entidad, carece de impacto disuasivo sustancial debido a la impunidad estructural. En su balance sobre delitos de alto impacto, el CESP documentó una tasa de impunidad del 95.71 por ciento en el delito de feminicidio, situando la efectividad del sistema de justicia penal en apenas un 4.29 por ciento.

“Hay desvinculación y falta de dato"”: José Ramón Guzmán

José Ramón Guzmán, integrante del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) para el seguimiento de la Alerta de Género en Sinaloa, señaló que existe una desvinculación entre las instancias encargadas de atender la violencia contra las mujeres en el estado y advirtió que las omisiones gubernamentales se suman al contexto de narcoviolencia ante el incremento de feminicidios en la entidad.

Tras realizar una visita a la nueva Unidad de Análisis de Contexto de la Fiscalía General del Estado, instancia creada hace aproximadamente tres meses, destacó que, aunque su creación representa un avance, opera de manera aislada.

Explicó que dicha unidad trabaja únicamente con información interna y ministerios públicos, sin vinculación con la Secretaría de Seguridad Pública ni con la Secretaría de las Mujeres, instancias clave para rediseñar políticas públicas de prevención y atención. Señaló que la unidad solo analiza carpetas de investigación de feminicidios vigentes y de años recientes, dejando fuera los casos de cientos de mujeres desaparecidas en Sinaloa, cuyas carpetas están vacías y sin pruebas.